Por no tener un hombre al lado somos humilladas, dicen

Madres solteras sufren persecución y acoso en Pentecostés, Texcoco

MARIA RIVERA ENVIADA

Texcoco, Mex., 21 de julio. A 40 kilómetros del Distrito Federal, en la comunidad de Pentecostés, perteneciente al municipio mexiquense de Texcoco, las madres solteras no poseen ningún derecho ciudadano o religioso. Pese a ser mexicanas por nacimiento, mayores de edad, y contar con su credencial de elector, decenas de mujeres no pueden participar en las asambleas comunitarias en las que se deciden los asuntos del pueblo, ni tienen acceso a los servicios del templo o del panteón. Su condición de "parias" se debe a un simple hecho: resistirse a pagar una cuota de agua potable que consideran improcedente e injusta.

En este poblado de mil 500 habitantes -500 de los cuales tienen derecho a participar en la asamblea, máximo órgano de decisión- no existen medidores de agua y el cobro se realiza por predio, sin importar el número de personas que lo habitan o el empleo que tengan. Se cobra lo mismo a un hogar unifamiliar que para un restaurante o una lavandería. En 1999, contraviniendo los usos y costumbres del lugar, algunas personas empezaron a hostigar a las madres solteras diciéndoles que debían pagar una cuota completa de agua potable y drenaje, aunque la familia que las alberga -generalmente sus padres- estuviera al corriente.

En aquella ocasión las mujeres enviaron un oficio a sus autoridades señalándoles que esta imposición era ilegal porque ninguna poseía propiedad alguna. También les manifestaban que tenían conocimiento de familias con fuertes adeudos a las que no se les hostigaba.

En 2000, con la toma de posesión de los nuevos delegados, el asedio se recrudeció. El 21 de abril de 2001, la asamblea de la comunidad -a la que no fueron citadas las afectadas- decidió que debían pagar 100 por ciento de la tarifa de agua potable. Las madres solteras solicitaron la asesoría de una abogada e interpusieron una demanda. El 23 de mayo del mismo año la oficial conciliador y calificador de Texcoco, Olga Rodríguez Mejía, llamó a comparecer a las partes en pugna, y tras escuchar los argumentos de unos y otros exigió a las autoridades deslindar los servicios religiosos de los delegacionales y determinó que las señoras deberían "ser escuchadas por la asamblea con respeto, proporcionalidad, equidad y justicia".

Pero en esta comunidad en la que el estado de derecho parece estar ausente, las decisiones judiciales volvieron a ser pasadas por alto, y en la siguiente asamblea, que se realizó dos meses después, pese a no contar con el quórum requerido, las mujeres volvieron a sufrir agresiones verbales y se ratificó el acuerdo anterior. Cuando solicitaron por lo menos un descuento, se les negó, diciéndoles que no estaban para imponer condiciones, y cuando decidieron firmar los acuerdos bajo protesta tampoco les fue concedido.

"Esa decisión volvió a ser ilegal y decidimos rechazarlo, porque no reunió los requisitos que estipuló la jueza y tampoco se restablecieron nuestros derechos. Las autoridades nos los siguen negando diciendo que no somos ciudadanas", indican las mujeres.

Además, agregan, en aquella ocasión la asamblea se erigió en Congreso de la Unión y dictó leyes. Una de ellas dice que "recuperarán su derecho a ser reconocidas como vecinas de la comunidad en el transcurso de los próximos cinco años siempre y cuando paguen sus adeudos". A partir de entonces las autoridades -priístas reconvertidos en perredistas- y el grupo que lo apoya les declararon frontalmente la guerra. El 12 de abril de este año se decidió "suspender el servicio de agua a partir de julio y otorgárselos sólo a los que han pagado, así que si las madres solteras quieren agua, que la paguen".

Lista de deudores en mano los delegados controlan el acceso al líquido. Las y los deudores no pueden ni acercarse a la toma de agua. Y para que no quede duda de quién manda ahí se prohibió el acceso al pueblo a las pipas que venden agua.

Mujeres con bebés de meses o niños en edad escolar son agredidas cotidianamente. Lo menos que les dicen es: "debieron haber pensado antes de embarazarse", "así como fueron buenas en la cama deberían de serlo para pagar", "si no pagan no vamos a permitirles que entierren a sus muertos en el panteón", "si quieren una misa no se les va a prestar la iglesia", pero hay quienes exigen medidas radicales "las que no paguen que las echen del pueblo".

Pero no todo han sido comentarios, el pasado domingo 13 de julio, a primera hora de la mañana, una turba de hombres y mujeres armados con picos y palas y al grito de "šque paguen, que paguen!", recorrió las casas habitadas por madres solteras para romper las tuberías del agua. Algunas, para evitar problemas a sus familias, cubrieron parte de los supuestos adeudos, pero otras simple y sencillamente no pagaron los casi mil pesos que pretenden cobrarles porque no pueden.

Las que tienen la fortuna de contar con un empleo laboran en las maquilas de Chiconcuac, de subempleadas o como domésticas, pero la mayoría ni siquiera tiene acceso a un salario, viven en casa de sus padres o sus hermanos.

Entre las víctimas de la agresión está Margarita García, viuda que sobrevive de la venta de tlacoyos, a quien destruyeron las tuberías por albergar a su hija, Gabina, que acaba de ser abandonada por su marido, y a su nieto.

Otra es María de los Angeles Rodríguez, madre soltera de 40 años, con un hijo de diez años, quien trabaja en una maquiladora de Chiconcuac, por 700 pesos a la semana. Para cobrar esa cantidad tiene que terminar 100 pants a la semana, con jornadas de 11 horas de lunes a sábado.

"Ahora quieren que paguemos cuota doble, lo de la casa y lo de mi hermana. Con lo que gano apenas alcanza para la casa y la escuela de los niños, Ƒde dónde vamos a sacar ese dinero? Además, nos acusan de tener hijos solas como si nosotras lo hubiéramos decidido, como si no hubiéramos querido que nacieran dentro de una familia", comenta María de los Angeles.

Lourdes Oliva es una madre soltera que evidencia un alto grado de desnutrición. Buena parte del salario que percibe como trabajadora doméstica, de 400 pesos a la semana, lo gasta en consultas y medicinas, porque su hijo padece una enfermedad ocular; sin embargo, ante la presión de las autoridades tuvo que realizar el pago del agua. La consecuencia fue que el tratamiento del niño quedó suspendido.

"Como no tenemos un hombre al lado esta gente cree que puede humillarnos y juzgarnos y no es así, tenemos derechos y vamos a hacerlos valer", advierte María Eugenia Cano, trabajadora de la Universidad Autónoma Chapingo, quien también forma parte del movimiento de resistencia. El resto de sus compañeras asiente y es que para todas queda claro que detrás del cobro del agua potable las buenas conciencias también les están pasando la cuenta por haber ejercido su sexualidad fuera de los marcos establecidos.

Pese a las presiones estas mujeres no se dan por vencidas y están dispuestas a llevar su caso ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos o a las instancias que sean necesarias con tal de que les restituyan sus derechos civiles, esos que la Constitución del país les otorga y que en este rumbo parecen no tener vigencia.