Las cifras de estudiantes rechazados o desplazados a opciones no deseadas en los exámenes de ingreso a bachillerato y licenciatura en la capital del país constituyen una radiografía alarmante sobre las deficiencias del sistema educativo nacional y sobre los peligros de no corregirlas a tiempo. Según la Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública, el Comité Estudiantil Metropolitano y diversos investigadores de la UNAM y la UAM, el examen único de ingreso a bachillerato desplazará a opciones no deseadas a unos 130 mil jóvenes y otros 6 mil, al menos, quedarán excluidos de ese ciclo. En el próximo ciclo lectivo otros 100 mil estudiantes de preparatoria dejarán de serlo. Habida cuenta de la incapacidad oficial para generar empleos, esos muchachos habrán de buscarse un futuro, en el mejor de los casos, en la economía informal, en tanto que parte de ellos acabará en la sentina de las adicciones o en los callejones de la delincuencia.

En primer término, esta realidad atroz revela las inconsecuencias de un sistema educativo que distribuye certificados de secundaria a jóvenes a los que posteriormente cierra el ingreso a la educación media superior. Ante esta contradicción sólo puede concluirse que la certificación de la educación secundaria por la SEP es una simulación y un fraude, o bien que los procesos de selección para el siguiente ciclo resultan demasiado estrictos.

En otro sentido, tanto las deficiencias de la enseñanza pública primaria y secundaria como la presión demográfica sobre los centros de educación superior vienen como anillo al dedo a los ideólogos de la privatización a ultranza que sueñan con trasladar el centro de gravedad del sistema educativo público a planteles privados en todos los ciclos de enseñanza.

Esta presión resulta especialmente grave en el caso de la UNAM, la cual no puede, por lógica, expandirse para dar cabida a más de 130 mil aspirantes que cada año buscan matricularse en alguna de las licenciaturas que imparte la máxima casa de estudios. La solución a la demanda de educación superior en la zona metropolitana es diversificar la oferta creando nuevas instituciones universitarias. Sin embargo, desde la constitución de la UAM en los primeros años setenta hasta la fundación de planteles universitarios por la administración capitalina actual -es decir, en treinta años-, no se generó ninguna alternativa importante de educación superior pública en el valle de México. De esa forma se propició la presión periódica de los movimientos de rechazados sobre la UNAM y se abonó el terreno para el surgimiento de incontables universidades patito que son, en realidad, negocios que basan su rentabilidad en las altas colegiaturas y los ínfimos niveles educativos.

Cuando ha transcurrido la mitad de su mandato, el actual Ejecutivo federal no ha sido capaz de articular propuestas claras -y mejor no hablar de acciones concretas- orientadas a resolver las miserias, los cuellos de botella y las inconsistencias del sistema educativo. El grupo en el poder se ha limitado a dejar que sigan desarrollándose las tendencias privatizadoras en la educación -que vienen desde el salinato y el zedillato- y a contemplar cómo las escuelas oficiales y las universidades públicas se acercan a la ruina. En aras de la viabilidad nacional, la sociedad debe exigir al poder público que revierta esas tendencias, antes que sea demasiado tarde.