El comité técnico del Fobaproa avaló que bancos se beneficiaran del Programa de Capitalización

Denunciará la ASF a Gurría, Davis, Werner, Ortiz, Fernández y otros 9

Aún se investiga el destino de $13 mil 18 millones autorizados para el rescate bancario

ROBERTO GARDUÑO

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentará denuncias penales y administrativas contra quienes integraron el comité técnico del Fobaproa que otorgó el aval a Bancomer, Banamex, Banorte y Bital para beneficiarse con el Programa de Capitalización y Compra de Cartera. Además, la ASF aún investiga el destino de 13 mil 18 millones de pesos autorizados para el rescate bancario, cuyos intereses actualizados podrían alcanzar los 30 mil millones.

En la exposición del auditor superior, Arturo González de Aragón, ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados -realizada el lunes pasado-, se informó que el órgano fiscalizador enviará cuatro oficios a la Secretaría de Hacienda para recomendarle inicie los trámites legales con objeto de obligar a los cuatro bancos en cuestión a que devuelvan al erario 50 mil 316 millones de pesos. De ser ignorada esa solicitud, porque la ASF no tiene atribuciones para exigir el retorno de esos recursos a las arcas nacionales, se aplicará la Ley de Fiscalización Superior, que en su artículo 45 da atribuciones a la auditoría para presentar denuncias penales y administrativas contra los responsables del quebranto bancario.

Juicio de amparo

No obstante, fuentes de la Auditoría Superior informaron que Bancomer, Banamex, Bital y Banorte promoverán un juicio de amparo para evitar resarcir el daño al erario. Ante ese escenario, el auditor estará obligado por la ley a presentar denuncias penales y administrativas contra funcionarios de la administración federal y algunos que lo fueron durante el régimen priísta.

Esos personajes son José Angel Gurría, Martín Werner, Guillermo Ortiz, Jonathan Davis, Eduardo Fernández, Teresa Fernández, Javier Arrigunaga, Gabriel Reyes Orona, Patricia Armendáriz, Mauricio Naranjo, Pedro Zorrilla, Guillermo Güémez, Everardo Elizondo y Héctor Tinoco.

Y es que la responsabilidad de haber adquirido la cartera con todo e intereses moratorios recayó sobre el comité técnico del Fobaproa. Inclusive en un párrafo del informe de Michael Mackey, citado en el libro elaborado al respecto por el senador Jesús Ortega, el diputado José Antonio Magallanes y el asesor económico Mario di Costanzo, se atribuye lo siguiente a ese grupo: ''Cualquier acción tomada por la dirección del Fondo Bancario de Protección al Ahorro tenía que ser aprobada por el comité técnico. Además, la dirección del Fobaproa debía seguir instrucciones sobre cualquier decisión tomada por el comité. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores era el miembro más influyente del comité técnico. La influencia de la CNBV se origina de su mandato, ya que es la única agencia con acceso completo a toda información bancaria''.

Además, el propio auditor superior de la Federación, al dar a conocer la revisión de la cuenta pública 2001, emitió una opinión similar a la de Mackey y acusó al comité técnico de sobrepasar los límites de la ley: ''En opinión de la ASF, el comité técnico del Fobaproa procedió con discrecionalidad y en exceso de atribuciones al haber actuado sin reglas y políticas de operación que le permitieran dar transparencia e imparcialidad en sus decisiones para acreditar la economía en los apoyos del gobierno federal al otorgar su aval en el Programa de Capitalización y Compra de Cartera''.

En aquel momento, el comité aprobó la inclusión de Bancomer, Banamex, Bital y Banorte en el Programa de Capitalización y Compra de Cartera, no obstante que sus índices de capitalización eran superiores al 8 por ciento señalado en la normatividad.

Con la nueva Ley de Fiscalización Superior, el titular de la ASF tiene atribuciones para presentar denuncias penales y administrativas en caso de existir hechos o conductas que produzcan daños o perjuicios al Estado en su hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales. De tal forma, se señala en el artículo 45 que la auditoría procederá a determinar los daños y perjuicios correspondientes y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones pecuniarias respectivas, promover ante las autoridades el fincamiento de responsabilidades administrativas y penales y coadyuvar con el Ministerio Público en los procesos penales investigatorios correspondientes.

Durante la presentación de su informe ante la Comisión de Vigilancia, el auditor superior de la Federación informó que aparte de los 20 mil 265 millones de pesos, convertidos a recursos actuales en 50 mil 316 millones, se están investigando 13 mil 18 millones de pesos (sin considerar los intereses generados por esa cifra), cuyo destino fue el rescate bancario y podrían sumar los 30 mil millones en términos actuales.

Roberto Infante, diputado del PRI, quien acudió a la reunión privada del lunes con Arturo González de Aragón, confirmó que aún faltan por solventar los recursos citados. ''Esto forma parte de la cañería financiera que se extendió desde el pasado régimen hasta el actual, en donde están involucrados funcionarios que sobrevivieron a esa transición''.

Sobre los 12 mil 125 millones de pesos que ya fueron solventados, el auditor explicó que las instituciones bancarias y el gobierno federal lograron reconocer y demostrar que esos recursos se destinaron de forma regular al salvamento bancario.

El desglose

En torno al tema Fobaproa-IPAB, donde existen 45 mil 409.1 millones de pesos que a valor histórico deben retornar a las arcas federales, el titular de la ASF desglosó los montos en cada una de las instituciones involucradas: Bancomer, 14 mil 509.1 millones de pesos; Banorte, 2 mil 317.1 millones; Bital, 5 mil 123.7; Banamex, mil 931.2; Banco del Atlántico, 13 mil 922.8; Banco Obrero, 90 millones, y Banco Unión, 7 mil 515.2 millones de pesos.