Plantea Othón Ruiz una discusión sensata, no política

Rechazan banqueros una nueva revisión del rescate

Reacción a la propuesta de legisladores de PRI, PAN y PRD

ROBERTO GONZALEZ AMADOR Y ANTONIO CASTELLANOS

Banqueros insistieron en rechazar una nueva revisión de operaciones del rescate bancario que podrían generar un ahorro para los contribuyentes de al menos 50 mil millones de pesos, recomendada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y avalada la víspera por los tres principales partidos políticos representados en el Congreso.

Sin embargo, el director general del Grupo Financiero Banorte, Othón Ruiz Montemayor, planteó ''sacar'' la discusión sobre las auditorías recomendadas por la ASF de ''la discusión pública'' y llevarla a una ''mesa de discusión técnica''.

En abril pasado, la ASF señaló que cuatro bancos (Banamex, Bancomer, Bital y Banorte) recibieron apoyos indebidos en el contexto del Programa de Capitalización y Compra de Cartera, uno de los mecanismos empleados por el gobierno durante el rescate bancario de 1995 y 1996. Paralelamente, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) dispuso que una revisión de esas operaciones es indispensable para que proceda a intercambiar los pagarés emitidos por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) por otros documentos avalados por el IPAB. Los cuatro bancos están amparados contra los actos de la ASF, y un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema está pendiente.

Después de que los tres principales partidos políticos representados en el Congreso avalaron el miércoles pasado la labor de la Auditoría Superior y la posición del IPAB, representantes de los banqueros abrieron por primera vez la posibilidad de un acuerdo al margen de la decisión que tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

''Hay dos caminos para solucionar la controversia. El primero es esperar que la Corte se manifieste, y el otro organizar una mesa de trabajo en donde las partes analicemos esto y ver cómo llegamos de una manera sensata, razonable, ordenada, no emocional, no política y no demagógica, a una decisión'', comentó Ruiz Montemayor a la estación radiofónica Radio Fórmula.

Ruiz no estuvo ayer disponible para atender una petición de información de La Jornada. Mientras, los representantes de Banamex y Bital declinaron comentar la postura de los tres partidos políticos en el Congreso.

Por su parte, fuentes del IPAB insistieron ayer en que sin una revisión no procederá al intercambio de pagarés emitidos por el Fobaproa, cuyo vencimiento debe comenzar a ser amortizado con recursos públicos a partir de 2005.

''El IPAB está listo para proceder a las revisiones en cuanto haya un acuerdo, con el fin de terminar la polémica. Pero es claro que el organismo no prejuzga que se cometieron irregularidades, sólo desea hacer la revisión para cumplir con sus propios ordenamientos'', dijeron las fuentes del instituto.

Ernesto O'Farrill, consejero del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), dijo por su parte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe pronunciarse en favor de la Auditoría Superior de Federación para que los bancos asuman los créditos irregulares, porque además el Fobaproa no tenía facultades para endeudarse. Una decisión en tal sentido, agregó, les va a pegar, pero están sobrecapitalizados y no van a quebrar.

Hay un pasivo monstruoso en el IPAB que es superior a los 800 mil millones de pesos. Debe ser disminuido y una de las formas es ésta. Concluido este proceso, se debe buscar formalizar que la deuda del instituto se convierta en deuda pública para disminuir el costo del financiamiento.

Aseguró que la solvencia de los bancos va a ser garantizada por el fuerte capital que tienen, pero ante todo el estado de derecho va primero que los intereses particulares. Debe clarificarse todo el rescate bancario, afirmó. Como se recordará, el auditor superior de la Federación identificó préstamos sin garantía que, a precios actuales, superan los 50 mil millones de pesos.

A este respecto, O'Farrill -también presidente de la consultora Bursamétrica- destacó que desde la propia contraloría del IPAB surgió la opinión de que había pagarés resultado de intercambio de créditos que no eran regulares. Esto, agregó, lo confirmó la Contraloría Superior de la Federación y la Suprema Corte debe pronunciarse en favor de que los banqueros asuman esa deuda. Definitivamente no debe ser pagada por los contribuyentes.

-Los banqueros dicen que la Auditoría Superior de la Federación no tiene facultades para recomendar nada. ƑEsto es cierto?

-La función de la Auditoría es revisar la cuenta publica. Entonces, en ese sentido recomienda que lo que se hizo por parte del sector publico se deshaga. El Fobaproa no tenía facultades jurídicas para endeudarse y yo creo que al final de cuentas los bancos van a tener que asumir el regreso de carteras vencidas.

El senador rechaza que se le haya dejado fuera de las negociaciones finales de su bancada

Diego no participará en la redacción del dictamen para limpiar el Fobaproa

ANDREA BECERRIL Y ROBERTO GARDUÑO

Aunque Diego Fernández de Cevallos rechazó airado que se le hubiera dejado fuera de las negociaciones finales de su bancada sobre la propuesta para sanear el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, pero lo cierto es que tampoco participará en la redacción del dictamen que elabora la Comisión Permanente en torno a los planteamientos de las tres fuerzas políticas que un día antes coincidieron en el tema.

Además, continúa el descontento entre los legisladores por los cambios que se hicieron al planteamiento inicial en torno al Fobaproa, impulsados por el propio Fernández de Cevallos. El diputado del blanquiazul Joel Vilchis Mares envió una carta de protesta a su coordinador.

El presidente de la Tercera Comisión de la Permanente, Efrén Leyva, informó ayer que dada la magnitud del asunto se decidió que sean representantes nombrados por los propios grupos parlamentarios los encargados de elaborar el dictamen, que habrá de contener la demanda del Congreso al gobierno para que se cumpla la ley del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y se lleven a cabo las auditorías a los cuatro bancos rescatados por el Fobaproa.

Precisó que por el PAN participarán el coordinador de los diputados de ese partido, Alejandro Zapata Perogordo, y el senador Javier Corral; por el PRD, Jesús Ortega, y por el PRI, Carlos Marín, quienes deberán entregar su proyecto de dictamen el próximo lunes.

''Esperamos una propuesta de dictamen consensuada, para que en la Tercera Comisión podamos sesionar antes de la comparecencia del titular de la Semarnat, y que el dictamen esté listo para pasar al pleno el miercoles'', agregó.

Dijo que no ve mayor problema para sacar ese punto de acuerdo en torno al Fobaproa, sobre todo por la disposición del PAN a participar en ello. ''Todos coincidimos en que se clarifique el Fobaproa, que se avance y que quienes se pasaron de listos, paguen.''

Ayer, Fernández de Cevallos trató de desmentir que los senadores que coordina lo hubieran apartado un día antes de la negociación final, en que se modificó la propuesta rasurada, que inclusive se publicó en la Gaceta Parlamentaria, pero aun así tuvo cambios de última hora que disminuyeron la censura del legislador y litigante. Sin embargo, varios senadores consultados ayer reiteraron que se condicionó la firma del documento final a que Fernández de Cevallos ya no estuviera presente, y tampoco Fauzi Hamdan.

En tanto, a través de una misiva enviada al líder de su bancada en San Lázaro, Alejandro Zapata Perogordo, el legislador Vilches Mares manifiesta que como ''representante del pueblo, con pleno uso de su criterio y ajustándose a las consecuencias que pudiere acarrearle esa decisión, no coincide con la propuesta de su partido''.

Para el caso, anunció, presentará el miércoles próximo en la Comisión Permanente, un punto de acuerdo para solicitar a las instancias del gobierno federal, la Secretaría de Hacienda, IPAB, Banco de México y Comisión Nacional Bancaria y de Valores que inicien los trámites necesarios para reducir el costo fiscal de la deuda bancaria.

La novedad es que el punto de acuerdo es el documento íntegro vetado por el senador Diego Fernández, quien pretendió omitir que los funcionarios participantes en el IPAB emitieran decisiones trascendentales, a pesar de incurrir en conflicto de interés. Inclusive la propuesta incluye la necesaria aplicación de las auditorías GEL (de gestión, existencia y legalidad), incluidas en el artículo quinto transitorio de la ley del IPAB, mismas que no se realizarían según el criterio del ex candidato presidencial del PAN.