Rechazan indígenas hipótesis oficiales de asalto o ajuste de cuentas contra la defensora de derechos

Ni pesquisas ni acta de defunción, a 2 días de la muerte de Teresa Tirado

Temen familiares que la lluvia y el paso de curiosos borren evidencias en el lugar de los hechos

LA JORNADA DE ORIENTE

Huehuetla, Pue., 7 de agosto. La Procuraduría de Justicia de Puebla no ha iniciado formalmente las investigaciones en torno al asesinato de la defensora de derechos humanos Griselda Teresa Tirado Evangelio, y tampoco se ha expedido el acta de defunción, pues las autoridades municipales y la agencia del Ministerio Público (MP) local pretextan que no hay formatos disponibles.

Tirado Evangelio, fundadora de la Organización Independiente Totonaca (OIT) y consejera del Instituto Federal Electoral (IFE), fue asesinada la madrugada del miércoles por un sujeto que la esperaba afuera de su casa, ubicada en un paraje de Huehuetla, municipio enclavado en la sierra norte, y a quemarropa le disparó con una escopeta.

El lugar del asesinato -el único contra una mujer en la historia reciente de Huehuetla- fue visitado hoy por personas del pueblo, pero no se presentó ningún policía judicial, perito o agente del MP para recoger evidencias que ayuden a capturar al homicida.

Asesores de la OIT comentaron que para el mediodía de hoy muchas pistas podrían haberse perdido por la lluvia que cayó la noche anterior y el tráfico de personas que ha habido en esa zona desde que ocurrieron los hechos.

La procuraduría únicamente informó que está interrogando a amigos, familiares y clientes de la abogada para intentar indagar si alguno de los litigios que llevaba por asuntos agrarios pudo haber provocado el crimen.

La OIT declaró que la actitud de las autoridades ministeriales le hace sospechar que se pretende encubrir a los autores del crimen de quien fuera fundadora de esta agrupación; las suspicacias aumentan porque el gobierno estatal ha manifestado dos hipótesis, inverosímiles para los indígenas de Huehuetla: que la víctima fue asaltada o que su eliminación se debió a un ajuste de cuentas entre familias que tienen riñas desde hace décadas.

El asesor de la OIT, Edmundo Barrios Marbán, dijo que el gobierno pretende politizar el asunto argumentando que la luchadora social iba a ser candidata del PRD a la presidencia municipal de Huehuetla en las próximas elecciones, sin embargo, la actividad primordial de Tirado Evangelio era la defensa de los derechos humanos y, en especial, abogaba por el reconocimiento a las garantías de los indígenas y nunca se afilió a dicho instituto político.

"Es una falta de respeto contra la memoria de Griselda que el gobierno pretenda manejar vías de investigación que dejan fuera por completo la responsabilidad y participación que ella tuvo en la defensa de los derechos humanos; no estamos en contra de que sean eliminadas las vías de investigación, sino pidiendo que sean ampliadas y que se consideren todas las actividades que desempeñaba en su vida, especialmente la que tiene que ver con la defensa de los derechos de los indígenas, tarea en la que causó afectaciones a muchos intereses de los caciques locales", advirtió el consejero.

El enojo de los familiares es tal que rechazaron el ataúd que envió el departamento de atención a víctimas del delito, de la Procuraduría General de Justicia, y prefirieron velar el cadáver en una mesa.

La OIT y la asociación de derechos humanos Tetelictic, que preside Porfirio Palestina Ventura, manifestaron su preocupación por la demora en el inicio de las investigaciones, pues dijeron que si el asesinato queda impune pueden ocurrir más atentados contra dirigentes de la organización, quienes en 2001 fueron amenazados de muerte por medio de una lista difundida anónimamente mediante volantes.

A la agresión contra Tirado Evangelio se sumó ayer otra que sufrió a machetazos el integrante de la OIT Miguel de Gaona Gómez, quien fue agredido por personas hasta el momento desconocidas.

Al cierre de esta edición, pobladores de la comunidad de Huehuetla estaban por ocupar la agencia del MP de ese lugar, en demanda de que el representante social expida cuanto antes el acta de defunción de la víctima.

En la ciudad de Puebla, a nombre de los miembros del consejo local del IFE, Enrique Glockner Corte dijo que es necesario revisar todos los asuntos legales, sobre todo litigios agrarios que llevaba la defensora para determinar si el móvil del asesinato fue porque afectó intereses de grupos de poder económico o político. De lo contrario, las autoridades podrían intentar establecer que la muerte "fue un suicidio con una escopeta".

En tanto, diputados, dirigentes y regidores del PRD hicieron un llamado al gobernador Melquiades Morales Flores, para que se excluya de la investigación al secretario de Gobernación, Carlos Arredondo Contreras, y al procurador de Justicia, Héctor Maldonado Villagómez, ya que en los dos últimos años, "ambos funcionarios se dedicaron a frenar la investigaciones que se reabrieron de estudiantes universitarios que fueron asesinados a principios de los 70".