Difícilmente Banamex, Bancomer, Bital y Banorte aceptarán una auditoría, afirma

Sólo "buenos deseos", la reducción del costo fiscal del rescate bancario: GEA

La disputa podría poner en riesgo la negociación de las reformas estructurales, advierte

NOTIMEX

Las exigencias para reducir el costo fiscal del rescate bancario se quedarán en "buenos deseos", ya que es improbable que Banamex, Bancomer, Bital y Banorte acepten una nueva auditoría a la cartera que vendieron al Fobaproa, consideró el Grupo de Economistas y Asociados (GEA).

En un estudio, advirtió que si esta controversia se prolonga podría "descarrilar" los esfuerzos de negociación sobre las reformas estructurales, ya que el rescate bancario que benefició a estas instituciones se ha convertido de nuevo en un tema de disputa política.

Señaló que este expediente ha resurgido ante la presunción de que estos cuatro bancos beneficiados con el rescate que originó la crisis de 1995, vendieron cartera irregular al entonces Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), la cual ascendería a 50 mil millones de pesos a precios actuales.

El GEA refirió que el tema brincó nuevamente a la palestra política como resultado de la recomendación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de descontar a los cuatro bancos esos 50 mil millones de pesos del adeudo generado por el rescate bancario.

"Como en 1998, el asunto Fobaproa/IPAB se ha convertido de nuevo en el terreno de una agria disputa entre partidos y al interior de estos; sus efectos no se pueden predecir aún, pero, de prolongarse la controversia, se podrían descarrilar los esfuerzos de negociación sobre reformas estructurales", agregó.

La agrupación de economistas recordó que la disputa entre los bancos y las autoridades se centra en el artículo quinto transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, aprobada en 1998, la cual rige al IPAB.

En esa norma, se plantea que "en caso de que durante las auditorías se detecten créditos ilegales, el instituto podrá optar por rechazar y devolver los mismos a las instituciones (bancos)".

Sin embargo, también establece que "el Ejecutivo federal y la Cámara de Diputados tomarán las medidas pertinentes para que las auditorías concluyan en un plazo máximo de seis meses a partir de la entrada en vigor de esta ley".

En los hechos, el asunto no tiene una solución política inmediata, porque resulta probable que el tribunal colegiado ratifique la sentencia de amparo concedida a los bancos en primera instancia y que el caso llegue a la Suprema Corte de Justicia, lo cual prolongaría la controversia, como mínimo, hasta mediados de 2004