Da entrada a la controversia constitucional que interpuso el gobierno de la ciudad

Suspende la Corte funciones del consejo de transparencia

Otorga a la Asamblea Legislativa 30 días para que responda lo que en derecho le convenga

Considera como tercer involucrado al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal

GABRIELA ROMERO SANCHEZ

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio entrada a la controversia constitucional que interpuso el gobierno capitalino en contra de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), por la manera en que se eligió a los tres representantes ciudadanos ante el Consejo de Información Pública, órgano autónomo considerado en la Ley de Transparencia de la ciudad de México.

Por tanto, concedió al gobierno capitalino la suspensión temporal de las funciones del Consejo de Información Pública, otorgó a la ALDF un plazo de 30 días para que responda y consideró como tercer involucrado al Tribunal Superior de Justicia capitalino (TSJDF).

El 8 de julio pasado, tras una ríspida sesión de trabajo, la Comisión de Gobierno de la ALDF eligió, con el voto en contra del PRD, a María Elena Pérez Jean, Leoncio Lara y Odette Rivas como representantes ciudadanos ante el mencionado consejo.

De la terna original aprobada el sábado 5 de julio por los diputados panista Federico Döring, priístas Marco Antonio Michel y Héctor Gutiérrez de Alba, el independiente José Luis Buendía y el coordinador de Convergencia, Cuauhtémoc Velasco, en su calidad de integrantes de la Comisión de Administración Pública Local, sólo se mantuvo a Odette Rivas.

Horas antes de que sesionara la Comisión de Gobierno declinó Ricardo Raphael de la Madrid, representante de México Posible ante el Instituto Federal Electoral (IFE), y en su lugar quedó María Elena Pérez, mientras que durante la reunión se cambió a Gustavo Figueroa, asesor y diputado suplente del vicecoordinador del PRI, Marco Antonio Michel, por Leoncio Lara, quien en esa fecha todavía era representante jurídico del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

A la elección se opuso desde un principio el diputado perredista Gilberto Ensástiga, quien acusó a la Comisión de Gobierno de la ALDF de aprobar "en lo oscurito" a quienes serían los representantes ciudadanos, a pesar de no cumplir con los requisitos que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del DF.

En un primer momento, el Ejecutivo local solicitó a la ALDF reponer el procedimiento de elección de los consejeros, por considerar que ninguno representa los intereses de los ciudadanos. El 15 de julio el GDF presentó la controversia constitucional ante la SCJN.

Pese a ello, la Comisión de Gobierno de la ALDF decidió tomar protesta a Lara, Rivas y Pérez como consejeros.

Pese a que no se ha instalado oficialmente el Consejo de Información Pública, Rivas y Pérez eligieron a Lara como presidente de ese órgano, y en conferencia de prensa realizada en la ALDF anunciaron que convocarían a la instalación del consejo y que comenzarían a trabajar con recursos propios, mientras el GDF les entregba el presupuesto que la ALDF aprobó en diciembre de 2002 para su funcionamiento.

Aceptan juicio de amparo

En otro proceso, el juez décimo de distrito en materia administrativa dio entrada a la solicitud de amparo promovida por Aída Lazcano, Alfredo Rojas y Juan Carlos Sansores, aspirantes a integrar el Consejo de Información Pública del Distrito Federal, por lo que la Asamblea Legislativa deberá demostrar ante esta autoridad que el proceso de elección de Leoncio Lara, Odette Rivas y María Elena Pérez como consejeros ciudadanos fue el correcto.

En improvisada rueda de prensa, Aída Lazcano Villalón y Alfredo Rojas Díaz Durán informaron que el juicio de amparo que promovieron el 29 de julio "fue aceptado y declarado procedente por el titular del juzgado décimo, quien fijó como fecha para la audiencia constitucional el 21 de agosto".