Nora Patricia Jara

Ex Sutaur 100: asunto público

Reconocer los derechos humanos de las víctimas de injusticia es una de las demandas urgentes de la sociedad y un reto a alcanzar por el gobierno de la ciudad. Que sea expedita e imparcial es una exigencia de todos para restablecer, en algunos casos, el estado de derecho, y en otros, simplemente saldar viejas cuentas y cerrar etapas vergonzosas de nuestra política, como el conflicto de los ex trabajadores de la desaparecida Ruta 100.

Poco más de dos semanas lleva la toma de las instalaciones de las empresas de transporte Siglo Nuevo y 17 de Marzo, que el pasado 26 de julio paralizó momentáneamente la circulación en la zona oriente de la capital. El hecho significó la apertura de uno de los historiales más negros de la corrupción sindical en el país, que fue la quiebra de la empresa Autotransporte Urbano de Pasajeros Ruta 100 y la extinción de su sindicato, el Suatur.

Desde el 5 de abril de 1995, cuando un juez de lo concursal determinó la desaparición del organismo público descentralizado, bajo la administración del regente Oscar Espinosa Villarreal, comenzó también el desmantelamiento de la infraestructura del transporte de servicio público de pasajeros del Distrito Federal, creando un nuevo modelo comercial que se adquirió con el ahorro de los ex trabajadores y 30 por ciento de sus liquidaciones. Cientos de familias comprometieron sus bienes y futuro en una liquidación que aún no llega, porque ocho años después y gracias a los constantes amparos interpuestos, los mismos dirigentes sindicales, acusados por el gobierno local de corrupción, hoy son casi dueños de las empresas constituidas con el patrimonio sindical, ante el beneplácito de las autoridades del trabajo y de la ciudad.

Se calcula que los fideicomisos de los agremiados aportaron más de 200 millones de pesos para la compra de transportes e instalaciones. Durante años los trabajadores lograron reunir un capital de 430 millones de pesos en total, mismo que es administrado por un reducido grupo, encabezado por Gabino Camacho, primer secretario general del Sutaur; Ernesto Avila, Ricardo Barco, Dámaso Díaz y Fernando Gavira, quienes quedaron al descubierto al conocerse públicamente sus riquezas y mansiones obtenidas con el resultado de corruptelas y la sujeción de sus representados, como Jorge Cuéllar Valdez y Felipe Domínguez, que se convirtieron en usufructuarios y socios, al igual que los hijos de algunos de éstos, que han heredado su sociedad, como el hijo de Ricardo Barco, quien recibe, aseguran, hasta 300 mil pesos mensuales en ganancias. En 1998 un grupo de la empresa Siglo Nuevo, encabezado por Leonel Villafuerte, decidió denunciar la corrupción y nombrar una comisión liquidadora de los bienes sindicales, requisito hasta ahora insalvable para finiquitar la relación laboral.

Los acuerdos no fueron reconocidos por Jorge Cuéllar Valdez, quien se negó a participar en el movimiento y a cambio, aseguran, Gabino Camacho le ofreció la presidencia de Siglo Nuevo. Pero tres años después y de forma sorpresiva se inicia la confrontación; en 2001, en contra de sus socios y asesorado por funcionarios de gobiernos perredistas como Benito Mirón Lince y Jorge García Ruiz, obtiene el reconocimiento del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de la famosa comisión liquidadora, decisión que no prospera porque se promueve otro amparo.

A este pleito, similar a una ruptura conyugal, se debe sumar el ingrediente político, que ha causado encono y división entre los asociados, ya que desde su inicio la persecución, el encarcelamiento ilegal y la muerte oportuna y selectiva de muchos de los involucrados ha permitido la intervención, en más de una ocasión, de funcionarios de gobiernos en turno como Alejandro Encinas, operador político con Cuauhtémoc Cárdenas; Manuel Fuentes Muñiz, director del Trabajo con Rosario Robles y ahora asesor del presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje; Leonel Godoy, ex secretario de Gobierno, y personajes como Dolores Padierna y René Bejarano, que también estuvieron al tanto de la situación, por lo que no es válido sustentar que es un asunto ajeno al gobierno y entre particulares, ya que son empresas con un objeto social que consiste en prestar, no comercializar, un servicio público, y con un proceso jurídico estancado que devolvería los bienes y el producto de su usufructo a auténticos trabajadores y sus familias, que son las únicas y verdaderas propietarias y víctimas de la desatención de una responsabilidad que pertenece al ámbito público y no al privado, como nos quieren hacer creer las autoridades de la capital.