José Steinsleger/ II

Guatemala: la cruz y el feudo

"Todas mis historias -ha escrito H. P. Lovecraft-, por inconexas que parezcan, se basan en el saber o leyenda fundamental de que este mundo estuvo habitado en un tiempo por otra raza que, al practicar la magia negra, perdió su posición establecida y fue expulsada, pero que vive en el exterior, dispuesta a tomar posesión de esta Tierra nuevamente."

Paparruchas. De haber nacido en Guatemala, el maestro de la crueldad y el terror, autor de En las montañas de la locura, hubiese vivido a bostezos en cualquier notaría de juzgado departamental, transcribiendo testimonios como los de Yolanda Aguilar Uriza, secuestrada en 1979 a los 15 años luego del asesinato de su padre, dirigente demócrata cristiano, y de su madre, asesora de un sindicato.

"ƑQuieres ver el espectáculo del 'Cristo padeciendo'?" El soldado condujo a la niña a una celda y allí vio a un detenido colgado del techo por los brazos. Entre balbuceos, el infeliz le suplicó que informara al mundo sobre su martirio. "Estaba desfigurado, desdentado a golpes y con las heridas agusanadas. En esto llegó un policía y, con una hoz pequeña de cortar café, le cortó el pene. El hombre dio un grito terrible, tan espantoso que lo recordé muchos años", contó Yolanda.

Guatemala estaba gobernada entonces por el general genocida Romeo Lucas García (1978-82), sucesor del general genocida Kjell Laugerud García (1974-78), sucesor del general genocida Carlos Arana Osorio (1970-74), y así sucesivamente hasta llegar a la invasión estadunidense de 1954. En aquel año, el general James Doolitle apuntó en un informe al presidente Dwight Eisenhower: "No hay reglas en esta guerra. Las normas de lo que es una conducta humana aceptable no se aplican aquí".

Doolitle sabía de lo que hablaba. Al salvajismo y depravación de los militares guatemaltecos (atributos incomprensibles si se divorcian del lóbrego perfil racista de sus clases dominantes), Estados Unidos añadió su cuota de "ayuda", haciendo del Ejército chapín una institución de asesinos profesionales constitucionalmente establecidos.

La reducción del fenómeno represivo de Guatemala a la lógica de la guerra fría (o a la contradicción "civiles vs. militares") equivaldría a incurrir en ignorancia de una historia que (con excepción de los gobiernos de Juan José Arévalo y del coronel Jacobo Arbenz, 1944-54) va del conquistador Pedro de Alvarado al presidente Alfonso Portillo.

"Entre 1962 y 1977 -dice el informe del arzobispado Guatemala: nunca más- las víctimas fueron sobre todo 'ladinos' (blancos y mestizos), líderes campesinos y sindicales, obreros, profesores, estudiantes y dirigentes sociales de la capital y de las regiones del sur y del este del país. Era una represión más selectiva, basada en ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones..."

Sin embargo, desde finales de los años 60 el denominado Triángulo del Norte (departamentos de Huehetenango, Quiché y Alta Verapaz, colindantes con Chiapas y que figuran dentro del Plan Puebla-Panamá) cobró gran atractivo para la oligarquía agroexportadora. El único "problema" eran los indios minifundistas que vivían en esta tierra rica en minerales, petróleo, fértil para la ganadería y la explotación de madera.

Los indios, pero también el movimiento guerrillero y la acción pastoral de sacerdotes y monjas comprometidos con el pueblo. Por otro lado, a partir de 1974, los coroneles y los generales decidieron que también querían ser ricos. Al ejército ya no le interesaba seguir siendo guardián del dinero e intereses de la oligarquía y así empezó una fase nueva de acumulación del capital. Como en la época de la conquista, los militares concentraron el fuego en los curas, en los guerrilleros y, muy especialmente, en los pueblos indios de la región.

En ese contexto tuvieron lugar las matanzas de Panzós: 114 campesinos masacrados entre hombres, mujeres y niños (Alta Verapaz, mayo de 1978); los asesinatos de los sacerdotes José María Gran Cirera y Faustino Villanueva, que causaron la huida de los religiosos del norte de El Quiché (junio de 1980); la toma sangrienta de la embajada de España, donde se había refugiado un grupo de indios y campesinos para protestar por los despojos de tierras (enero de 1981), y la matanza de Choabajito, donde 23 campesinos y una niña de cinco años fueron asesinados a machetazos (Chimaltenango, abril de 1981).

Con Lucas García la represión alcanzó niveles jamás vistos, obligando al repliegue de la lucha de masas. No obstante, la constitución del Frente Democrático contra la Represión y el Comité de Unidad Campesina agudizaron las contradicciones entre los grupos de poder, divididos por los recursos del Estado y los métodos para enfrentar al movimiento popular y la creciente actividad guerrillera.

En enero de 1982, ante los reiterados fracasos de la ofensiva contrainsurgente y en medio de una profunda crisis del régimen, las cuatro organizaciones armadas del país se fundieron en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Por enésima vez, los militares patearon el tablero y un grupo de ellos ordenó: "Busquen al General".