Alejandro Nadal

Breve historia del Fobaproa

l Fobaproa no quiere morir y recientemente ha vuelto a ocupar la atención. Pero el debate actual es superficial y asume que se puede "limpiar" el Fobaproa. Los términos de esta discusión están mal planteados y para un análisis más certero conviene recordar la historia del fideicomiso.

Prehistoria. Salinas privatizó la banca y al negociarse el TLCAN se protegió a los neobanqueros contra la inversión extranjera en el mercado bancario mexicano.

Antigüedad clásica. Con la crisis de 1994 el gobierno utilizó el Fobaproa para comprar cartera vencida de los bancos, incluso de algunos que no necesitaban esta "ayuda", pues no estaban en quiebra. La transacción era sencilla: los créditos incobrables y aquellos que no generaban intereses fueron canjeados por pagarés del Fobaproa. Los pagarés tenían un plazo de 10 años y generan intereses (tasa de Cetes a 28 días más una prima) capitalizables cada tres meses. Los bancos obtuvieron pagarés con rendimientos interesantes que figuraban bien en sus estados financieros como sólidos activos. Eso permitió al gobierno abrir el sector bancario a la inversión extranjera para recapitalizar los bancos.

Si los bancos estaban con problemas, el gobierno debió intervenirlos. En cambio, escogió rescatar a los banqueros. El Ejecutivo no pidió autorización al Congreso y no sólo usurpó sus atribuciones, sino que violó toda la legislación federal en materia bancaria.

Edad media. Marzo 1998: el Ejecutivo solicita al Congreso la consolidación en deuda pública de los pasivos del Fobaproa. Dieciocho meses más tarde, la alianza PAN-PRI hizo aprobar la ley del nuevo instituto para la protección del ahorro bancario, IPAB, que sustituye al Fobaproa.

Renacimiento. La ley del IPAB define en sus artículos transitorios el paso del Fobaproa al nuevo instituto. El artículo quinto faculta al IPAB a canjear los pagarés del Fobaproa por títulos propios. Si no son canjeados los pagarés no valen ni el papel en el que están escritos. Pero se deben llevar a cabo auditorías para realizar ese canje.

El Ejecutivo federal anuncia una "estrategia" para pagar los intereses generados por los pagarés: sólo se cubrirá la parte "real" de los intereses descontando la inflación. Sobre el resto, el llamado componente inflacionario, no se dice ni media palabra. Según esta "estrategia" la deuda del Fobaproa se reduciría gradualmente como proporción del PIB.

El 21 de marzo de 2000 se descubre que ese componente inflacionario se está acumulando en las cuentas de los bancos y que constituye un componente clave de lo que ahora se llama "requerimientos financieros del sector público". El déficit público es cinco veces mayor que el autorizado por el Congreso para el año 2000.

Edad moderna. El artículo octavo explícitamente rechaza la solicitud del Ejecutivo para consolidar a la deuda pública los pasivos del Fobaproa. Sin embargo, a partir de 2000 la Ley de Ingresos de la Federación faculta al IPAB para emitir deuda y esos pasivos reciben un trato análogo al de la deuda pública: el Banco de México puede usar la cuenta de la Tesorería de la Federación (aun sin instrucciones del tesorero) para el servicio de esos pasivos en caso de insuficiencia de recursos del IPAB. La maniobra pasa desapercibida para los partidos de oposición y se avanza en el proyecto original de transformar en deuda pública los pasivos derivados del Fobaproa.

Posmodernidad. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) recomienda al IPAB devolver créditos por 50 mil millones de pesos a cuatro de los bancos beneficiados. Los bancos se amparan. El presidente Fox, siempre atento a la transparencia y el cambio democrático, interpone un recurso alegando que la ASF no puede invadir las facultades del IPAB.

La historia todavía no termina. Pero hoy es necesario disipar ilusiones sobre el impacto fiscal de esta reducción (si es que se realiza). La cifra de 50 mil millones de pesos es importante, pero el efecto sobre los pasivos totales no hace gran diferencia. Los pasivos se reducirían, en el mejor de los casos, a unos 600 mil millones de pesos y en poco tiempo el pago de intereses borraría el efecto de la reducción.

El lunes, Fauzi Hamdan, artífice de la ley del IPAB, anunció con alegría que próximamente habrá una reforma fiscal que permitirá incrementar los ingresos tributarios de 11 por ciento a 14 por ciento del PIB. ƑPara qué servirán esos recursos? Optimista, Hamdan parece confesar que serán para cubrir las cargas financieras derivadas del Fobaproa, los Pidiregas, el rescate carretero y la reforma de los fondos de pensión. Lo que reconoce es que la hipoteca del Fobaproa es impagable y cancela cualquier pretensión de una política fiscal para el desarrollo.

No hay que olvidarlo: aun si se devuelven esos 50 mil millones, el Fobaproa no será "limpiado". No hay pasivos regulares e irregulares del Fobaproa. Todos derivan originalmente del rompimiento del orden constitucional. Las circunvoluciones de la ley del IPAB no pueden borrar este hecho fundamental.

Efectivamente, es necesario limpiar el Fobaproa. Pero para ello se necesita renegociar los pasivos derivados del mal llamado rescate bancario.