Júbilo de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, entre otras organizaciones argentinas

Anulan diputados las leyes de Obediencia Debida y Punto Final

Falta la votación en el Senado, pero este paso se ve como un mensaje para la Corte Suprema

Detienen a una de las ex ministras con más acusaciones de corrupción en el gobierno de Menem

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 12 de agosto. En una histórica sesión los diputados argentinos anularon por mayoría esta noche las leyes de Punto Final y Obediencia Debida que beneficiaron a los responsables de graves de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar (1976-83), que dejó 30 mil desaparecidos.

Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y otras organizaciones de derechos humanos, sociales y políticos, que esperararon durante horas esta votación, estallaron en júbilo, y sin poder evitar el llanto comenzaron a festejar este final por el que lucharon durante tantos años. Muñecos con los rostros de varios ex golpistas, como Jorge Rafael Videla, Emilo Massera y otros fueron quemados en la Plaza de los Dos Congresos, en lo que se considera el inicio real del camino hacia la esperanza y la justicia.

Desde horas antes, manifestantes fuera del Congreso festejaron la inminente aprobación del proyecto -que ahora deberá pasar al Senado-, y que es visto como un fuerte mensaje político para que la Corte Suprema las declare inconstitucionales.

Larga noche para ex represores

Los escasos diputados que defendieron a los ex represores se veían consternados y todos aquí consideraban que esta sería una larga noche para los más de 40 militares y policías detenidos con fines de extradición por solicitud del juez español Baltasar Garzón.

La primera señal llegó apenas comenzada la sesión, esta tarde, cuando los diputados provocaron la algarabía entre miles de personas que se manifestaban a las afueras del Congreso, al aprobar con el voto de 176 diputados, tres más de los necesarios, un proyecto relacionado con esas leyes que permitieron la impunidad enviado anoche mediante un decreto del presidente Néstor Kirchner.

Sin debate previo, los legisladores dieron su apoyo al proyecto que otorga rango constitucional a la Convención de Naciones Unidas sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Anoche, el presidente Néstor Kirchner había instruido al canciller Rafael Bielsa para que ratificara la adhesión argentina a esa Convención aprobada por la ONU en 1968, que entró en vigor en 1970, y que Argentina respaldó en 1995. Pero no había recibido la ratificación presidencial.

El diputado peronista Jorge Yoma, que había intentado introducir el tema a debate durante la década de los 90, dijo que esta es la medida más "importante y valiente" que ha firmado un presidente democrático en el tema de los derechos humanos.

Durante el debate se recordó que la ley de Obediencia Debida, que exculpó a los militares de los crímenes cometidos al considerar que sólo cumplían órdenes superiores, y la ley de Punto Final, que puso una fecha límite para la presentación de denuncias por las miles de desapariciones de la dictadura, fueron aprobadas bajo "coacción" militar durante el gobierno de Raúl Alfonsín.

Aunque Alfonsín comenzó en 1985 los históricos juicios a las juntas militares de la dictadura más cruenta que tuvo el país, hubo una vuelta atrás cuando el entonces presidente no se atrevió a enfrentar las amenazas golpistas, pese al respaldo popular.

En 1990 el sucesor de Alfonsín, Carlos Menem, completó el paquete de la impunidad al decretar los indultos para los jerarcas militares, a quienes no les alcanzó el beneficio de las leyes decretadas por Alfonsín. Sobre este tema los diputados acordaron presentar, eventualmente, otro proyecto de ley para declarar la nulidad de los indultos.

En las afueras del Congreso, donde miles se habían citado hoy para "abrazar" el recinto a fin de que esta vez "no se escape la justicia", al conocerse el resultado de la primera votación, manos nerviosas se estrecharon con fuerza y hubo lágrimas. Adentro, en tanto, comenzaba el debate para la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, dejándose en claro que éstas habían servido no sólo para dejar sin castigo crímenes atroces, sino que la impunidad dio lugar a delitos posteriores.

El jefe del bloque oficialista, José María Díaz Bancalari, fue el encargado de pedir el tratamiento del proyecto de nulidad que el Partido Justicialista (peronista) -con escasas oposiciones internas- había acordado con Alternativa para una República de Iguales (ARI), partidos de izquierda y algunos diputados de la Unión Cívica Radical, ya que el grueso de ese partido decidió abstenerse.

Diputados, como Elisa Carrió, de ARI, reconocieron la valentía del presidente Kirchner, quien además de la anulación de los decretos que impedían que la justicia tratara el tema de las extradiciones de represores, dio anoche otro paso con el envío del decreto para ratificar los acuerdos internacionales que declaran la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.

Además, fuera de este debate, se daba otro paso en la lucha contra la corrupción: esta mañana, la que fuera una de las ministras emblemáticas del gobierno de Carlos Menem, la ultraderechista María Julia Alsogaray, entraba al juzgado de Rodolfo Canicoba Corral para luego quedar en prisión preventiva por una de las tantas causas abiertas en su contra, por "malversación de caudales públicos" en el caso del remozamiento de oficinas, que costó nada menos que unos dos millones de dólares.

Alsogaray, la dama de hierro del menemismo que se encargó de entregar a precios irrisorios las empresas del Estado y que posó para una revista apenas cubierta con un abrigo de piel auténtica cuando era la encargada del área ecológica, quedó alojada en el área de Delitos Complejos de la Policía Federal.

Más contra la impunidad

También fue detenido quien fuera el peluquero de Menem, Enrique Kaplan, a quien Alsogaray había convertido en su segundo en la Secretaría de Medio Ambiente.

Además se conocía otro avance sobre uno de los mayores nichos de corrupción y crímenes, el Sistema Penitenciario Federal, al ordenarse la detención de 18 oficiales que organizaban salidas de presos detenidos para que fueran a robar y les trajeran el botín. Esos mismos personajes, muchos de los cuales también fueron parte de la dictadura militar, fueron acusados por el brutal asesinato de detenidos que habían denunciado estos hechos, bajo el argumento de supuestos intentos de fuga o suicidios. Tan acostumbrados estaban a la impunidad que mataban uno tras otro a los testigos.

Lo cierto es que el debate en el Congreso se convirtió, en este contexto, en un hecho político de envergadura. Desde hace mucho tiempo la diputada Patricia Walsh, de Izquierda Unida (IU), había presentado un proyecto para la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que finalmente comenzó a debatirse cuando los bloques mayoritarios alcanzaron consenso para declararlas "insanablemente nulas".

Walsh es hija del periodista y escritor Rodolfo Walsh, quien antes de ser asesinado y desaparecido, escribió una larga carta a la Junta Militar, un documento extraordinario donde denunciaba todos los crímenes del régimen. La diputada se mantuvo firme, siguiendo la línea del recientemente fallecido legislador socialista Alfredo Bravo, una víctima de la dictadura que siempre luchó por acabar con la impunidad.

Walsh recordó hoy que la mayoría de los asesinados por la dictadura eran jóvenes, trabajadores, "población desarmada" y, señalando hacia la bancada peronista, recordó que la mayoría de los cerca de 30 mil desaparecidos pertenecían al peronismo de izquierda.

Al igual que la legisladora Alicia Castro, del Frente para el Cambio, Walsh señaló que el genocidio de los años 70 estaba dirigido a desalentar toda forma de lucha social, de organización y solidaridad, para poder luego llevar adelante el plan económico, entregando todas las riquezas y recursos del país.

Otros diputados recordaron que las leyes de impunidad violan todos los acuerdos sobre derechos humanos. Hubo quien dijo que la impunidad había terminado convirtiendo a Argentina en una madriguera "donde se refugiaban criminales buscados por la justicia de todo el mundo".

En cambio, muchos radicales argumentaron su posición en que anular las leyes iba contra la seguridad jurídica y que el debate sólo quería "cumplir con una orden presidencial", según dijo Noel Breard.

También hubo momentos de tensión, cuando el diputado Ricardo Bussi, de la derechista Fuerza Republicana, hijo del hoy detenido -por solicitud del juez español Baltasar Garzón- general retirado Antonio Domingo Bussi, uno de los responsables de crímenes de lesa humanidad, dijo en tono exaltado a madres y abuelas de desaparecidos presentes en el recinto: "Nadie les va a devolver sus muertos".

Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida dejaron sin castigo a casi dos mil militares y policías acusados de crímenes atroces, como torturas, desapariciones y robos de niños, muchos de ellos nacidos en los centros clandestinos de detención.

Desde entonces los organismos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, familiares de víctimas, hijos de desaparecidos, lucharon por su anulación, ya que aunque fueron derogadas en 1998 (es decir, se decidió que fueran inaplicables hacia el futuro) por la acción de varios jueces que las declararon inconstitucionales en los últimos dos años, no tenían retroactividad.

Y este día, en su reclamo, todos los organismos humanitarios estuvieron apoyados por otros, entre ellos los movimientos de desocupados de diferentes sectores, que dejaron de lado sus diferencias y llegaron masivamente al Congreso.

El premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, declaró a La Jornada que este día se iba a inscribir como uno de los más importantes en Argentina, pues se estaba dando el "paso grande" hacia los juicios para establecer la verdad y la justicia, "y con esto abrir las puertas a la verdadera democracia".

Aunque la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida por el Congreso no es la última palabra sobre el tema, todos coinciden en la importancia política de un pronunciamiento semejante.

Con el Ejecutivo y el Legislativo en favor de acabar con la impunidad, la Corte Suprema de Justicia -que este martes postergó su fallo ante el planteo del ex dictador Jorge Rafael Videla para que las causas en la que está procesado sean consideradas "cosa juzgada"- ya no podrá evadir el tema y deberá expedirse finalmente sobre las leyes que consagraron la impunidad.