Emilio Pradilla Cobos

Giuliani y el Gobierno del DF

Al fin, Rudolph Giuliani, ex alcalde republicano de ultraderecha de Nueva York, denunciado en Estados Unidos como represor, hoy empresario de la asesoría, entregó sus recomendaciones sobre seguridad pública y procuración de justicia al Gobierno del Distrito Federal. Por lo que hemos leído en la prensa y visto en televisión, tiraron a la basura los 4.3 millones de dólares de quienes pagaron por el trabajo.

Las propuestas no contienen nada que un especialista mexicano en el tema no pudiera imaginar a menor costo, sin salida de divisas y con más apego a la realidad y a la identidad capitalinas; la mayoría de ellas debieron ser obvias para los funcionarios de la misma Secretaría de Seguridad Pública capitalina. Otra vez vimos actuar el malinchismo, que sólo cree en lo que viene del corazón del imperio.

En las recomendaciones hay dos aristas muy problemáticas. Algunas requieren cambios constitucionales y legales, derivados de propuestas de asesores estadunidenses poco conocedores de la legalidad mexicana o sin interés en ésta -Ƒy la soberanía nacional qué?-, que difícilmente podrán ser aprobadas en la siguiente legislatura federal, caracterizada por la ausencia de una mayoría absoluta, en medio de un preproceso electoral en el cual el proponente -Andrés Manuel López Obrador- aparece como uno de los posibles candidatos a la Presidencia a vencer.

El otro aspecto es todavía más grave. Como todos suponíamos desde el anuncio de la asesoría, Giuliani recomienda la guerra preventiva contra el delito, materializada en el control y la represión de las manifestaciones más obvias de la miseria que afecta y corroe a la capital: niños de la calle, grafiteros, ambulantes, sexoservidores, franeleros y limpiaparabrisas. Ya lo había hecho en Nueva York contra los similares de esa ciudad, allá con el molesto membrete de Tolerancia cero, lo que le valió demandas y reproches de los defensores de los derechos civiles de Estados Unidos.

Con razón la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal llama la atención sobre los graves riesgos de criminalizar a grupos sociales como tales -no a individuos cuya culpabilidad haya sido probada-, generados por la crisis social que viven el país y la capital (La Jornada, 9/8/03).

El jefe de Gobierno, ansioso de resultados rápidos, aunque sean aparentes, que sustenten sus aspiraciones presidenciales, ha avalado todas las recomendaciones de Giuliani, se ha comprometido a presentar y apoyar las reformas legales conducentes y ha empeñado su palabra en que no se violarán los derechos humanos, usando argumentos, que cree de peso, de su vida personal (La Jornada, 9/7/03); lo que no parece entender es que no basta su palabra, que el problema de la violación de derechos humanos y civiles y la corrupción en los aparatos de seguridad pública y procuración de justicia es consecuencia de factores estructurales y sociales con profundas raíces -cultura histórica de corrupción y prepotencia, defectos del sistema educativo, mala formación y bajo nivel educativo de los agentes del orden, estructuras operativas deficientes, bajos salarios de los agentes y funcionarios, grandes intereses en juego, etcétera-, que no se superan simplemente con la buena voluntad de dos individuos: él y su secretario, sino que requieren de largos y sostenidos procesos de cambio social e institucional.

En este tema el jefe de Gobierno parece haber olvidado lo que tanto ha repetido: la inseguridad no es un problema de policías y ladrones, sino de condiciones sociales: desempleo, pobreza, mala educación, exclusión socioterritorial, descomposición familiar, ausencia de oportunidades para los jóvenes, cultura mediática de la violencia, etcétera, decimos nosotros.

En aras de la apariencia de efectividad y éxito de su gobierno, acepta políticas que afectan directamente actividades típicas de supervivencia en el contexto de recesión económica y crisis social de largo plazo que vive todo el país, incluida la capital.

Como era de esperarse, quienes han aplaudido las recomendaciones de Giuliani han sido las cúpulas de los empresarios del comercio (Canaco) y la industria restaurantera (Canirac), cuyos intereses son afectados por estas actividades, que, hay que recordarlo, son subproducto del patrón neoliberal de acumulación de capital que imponen y apoyan.

Aunque el Gobierno del Distrito Federal no habla de discutir públicamente las recomendaciones de Giuliani, ni sus implicaciones sociales y políticas, esperamos que la sociedad civil, los partidos políticos y las organizaciones sociales abran autónomamente el debate, por las consecuencias que pueden tener a mediano y largo plazos para el futuro de la capital. Esto es más importante que la popularidad de un gobernante, la aceptación de sus acciones por el sector empresarial o la benevolente opinión de los políticos estadunidenses, incluida The Heritage Foundation, influyente agrupamiento que es republicano y ultraconservador, como Giuliani (Milenio Semanal, 14/7/03, 30 a 33).