Amnistía y CIDH: autoridades alientan la impunidad

Dos reportes sostienen que la situación empeoró en la localidad fronteriza

JENARO VILLAMIL ENVIADO

Ciudad Juarez, Chih., 12 de agosto. En menos de un año dos organismos internacionales -la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), y Amnistía Internacional (AI)- han presentado sendos informes sobre la situación en Ciudad Juárez y la única certeza en ambos textos es que la situación ha empeorado. Si la CIDH contabilizó, en diciembre de 2002, 268 mujeres y niñas asesinadas a partir de 1993, AI reportó en su reciente informe 370 homicidios contra mujeres, 137 con indicios de violencia sexual y 70 jóvenes aún desaparecidas. Los organismos coinciden en que el clima de impunidad es alentado desde las autoridades judiciales y reclaman al gobierno federal mayor involucramiento.

El reporte Muertes intolerables, presentado por AI, reconoce explícitamente la tortura, así como "la negligencia, omisión, complicidad o tolerancia de los agentes del Estado" en la investigación de los crímenes, demanda "investigar, condenar y sancionar de forma pronta y exhaustiva" el hostigamiento a familiares de víctimas y organismos civiles y propone una reforma al artículo 133 de la Constitución federal para establecer la supremacía de los "tratados internacionales" firmados por México.

Particularmente críticas, las 30 recomendaciones de AI desacreditan a las autoridades estatales y federales y hacen eco de demandas de las organizaciones civiles, como otorgar a la mesa técnico-jurídica la facultad de "revisar y tratar los expedientes, reforzando el papel de la coadyuvancia de los representantes de las víctimas", así como "implementar un programa de exhumaciones que permita ubicar lugares donde puedan hallarse restos e identificarlos. [...] Estas identificaciones -subraya AI- deben realizarse científicamente y con pleno respeto de la dignidad de las víctimas y de sus familares. En caso de resultados contradictorios las pruebas deberían ser revisadas por expertos independientes, con la anuencia de las familias. Los cuerpos de las víctimas deben ser entregados sin demora a sus familiares".

Una de las demandas más sentidas de familiares de las jóvenes asesinadas es que ni siquiera les han entregado los cuerpos y, en muchos casos, no se ha acreditado la identidad de las osamentas. Este reclamo lo secundó la CIDH en diciembre pasado.

AI también alude en su informe al "seguimiento, hostigamiento y amenazas contra familiares, coadyuvantes y organismos civiles". En diciembre de 2002, la CIDH otorgó medidas cautelares en favor de Esther Chávez Cano, defensora de derechos humanos y de las familias de los dos hombres detenidos en relación con los cadáveres encontrados en noviembre de 2001. La esposa de uno de ellos, Miriam García, hasta hace poco no tenía la protección demandada por el organismo internacional.

Tanto AI como la CIDH coinciden en que después de 1998, cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación que acusaba a las estructuras investigadoras de incurrir en serias irregularidades, la situación no ha mejorado.

"Muchos de los procesados llevan años detenidos, sin que se hayan respetado las normas mínimas del debido proceso", explica AI. "Los alegatos de tortura para extraer confesiones y otros aspectos del proceso judicial en su contra levantan serias dudas acerca de la legitimidad y eficacia de las medidas tomadas por las autoridades para identificar y sancionar a los responsables", analiza el organismo.

La CIDH también cuestionó que las autoridades estatales consideraran como "resueltos" varios de los crímenes contra mujeres. En el numeral 81 del informe presentado por Martha Altolaguirre la comisión indica que la palabra "resueltos" "no significa necesariamente que determinada persona haya sido imputada o juzgada formalmente". Al respecto, AI considera que, en cuanto a la investigación, se revela lo que se ha llamado en otros casos "un modelo de intolerable negligencia", según la cual, "a pesar de la existencia de pruebas que indican la materialidad de los hechos, la mayoría de los casos están en la impunidad".

La atracción de los casos

La atracción de los casos y una participación federal más activa es una añeja demanda de las organizaciones civiles de Juárez. En su reporte, Marta Altolaguirre señaló en los numerales 146 al 153 la necesidad de que exista colaboración en cada nivel de gobierno (municipal, estatal y federal). "Una debida diligencia tendiente a prevenir homicidios y reaccionar frente a los cometidos exige un enfoque más integral de los problemas en cuestión", recomendó la CIDH.

Si bien no recomienda explícitamente la atracción de los casos, la CIDH estableció en su primera recomendación que es necesario "priorizar la plena inclusión, participación y colaboración de todos los niveles de gobierno -federal, estatal y municipal- en la respuesta estatal a los asesinatos y otras modalidades de violencia basadas en el género que afectan a la mujer en Ciudad Juárez", así como "ampliar la asistencia que ha proporcionado la PGR a la PGJE en casos aislados y concretar las contribuciones que puede y debe efectuar para fortalecer la capacidad local en ámbitos como asistencia técnica, investigación criminológica, medicina forense y otras modalidades de asistencia científica".

En este tema, AI reporta en su informe que en los últimos meses la noticia de que varios crímenes contra mujeres serán atraídos al ámbito federal "ha suscitado expectativas de que comporte cambios radicales en la efectividad de las investigaciones". Pero acota: "Cabe recordar que durante 10 años la respuesta del Estado a crímenes contra mujeres en Chihuahua se ha caracterizado por reiterados anuncios de nuevas iniciativas que en la práctica no han dado resultados concretos y que sólo han servido para generar escepticismo y frustración entre los familiares y la sociedad civil".

En uno de los párrafos más críticos, AI establece que "es de esperar que la participación federal en medidas preventivas y de investigación no se usará simplemente para acallar a la opinión pública nacional e internacional, sino que para revisar la actuación de las autoridades en los casos de desapariciones y asesinatos de mujeres, así como para asegurar justicia y reparación para las víctimas y sus familiares".