La policía militarizada reprimió a manifestantes

Parcial, el primer paro general desde el retorno de la democracia en Chile

AFP, DPA Y REUTERS

Santiago, 13 de agosto. Chile vivió este miércoles, en medio de incidentes aislados que dejaron al menos 90 detenidos, su primera huelga nacional desde el regreso de la de-mocracia en 1990, convocada por la mayor central sindical del país para exigir "formas de distribuir mejor la riqueza".

El gobierno del presidente socialista Ri-cardo Lagos minimizó el impacto del movimiento, cuando el ministro del Interior, Jo-sé Miguel Insulza, afirmó que el paro era "absolutamente parcial", porque "ninguna empresa productiva está parada".

La izquierdista Central Unitaria de Trabajadores (CUT) -que exige el respeto a las leyes laborales y un aumento del salario mínimo- admitió una adhesión incompleta a su convocatoria, pero aseguró que mu-chas actividades se detuvieron en más de 80 por ciento.

La televisión mostró un transporte colectivo fluido, aunque disminuido, en distintos sectores de Santiago, mientras las oficinas públicas capitalinas abrieron sus puertas.

En cambio, en un estratégico cruce de las tres principales comunas del sur santiaguino un centenar de taxistas obstaculizó calzadas por una hora, hasta que la policía los dispersó con gases lacrimógenos. El gremio no pertenece a la CUT.

La policía militarizada utilizó también gases lacrimógenos y chorros de agua cuando manifestantes encapuchados intentaron acercarse a la sede de gobierno y se apartaron de una marcha en la que participaban más de 3 mil trabajadores

Los encapuchados replicaron con pedradas y palos, dejando un policía herido; el incidente culminó con medio centenar de detenidos. Hubo otras detenciones en el puerto de San Antonio -costa central- y en las ciudades de Rancagua y Punta Arenas.

Durante un acto oficial Lagos lamentó los incidentes, porque "no quiero un país donde la imagen que sale en el mundo es la de un disturbio en la calle".

De su parte, la Vicaría de los Trabajadores de la Iglesia católica convocó a empresarios, trabajadores y gobierno a buscar acuerdos para una distribución más justa de la riqueza, cuando "día a día crece el trabajo informal, la precariedad de los empleos es notable y los salarios insuficientes".

Por otro lado, una propuesta de Lagos hecha anoche al Parlamento, para aumentar en 50 por ciento las pensiones que reciben los familiares de las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), y de agilizar los juicios contra los militares acusados de violaciones a los derechos humanos, fue bien acogida en el oficialismo y la derecha opositora, aunque dejó insatisfechos a los familiares de los desaparecidos.

"Nos parece una muy mala propuesta, que sólo disfraza la impunidad", dijo la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, mientras el abogado Héctor Salazar advirtió que la rebaja de penas a los militares que colaboren les permitiría quedar impunes.

La propuesta de Lagos, que se conoce cuando el país se apresta a recordar el 30 aniversario del golpe militar que el 11 de septiembre derrocó al presidente constitucional Salvador Allende, no tocó el tema de la vigencia de la ley de amnistía dictada por Pinochet en 1978 y que permite, a voluntad de los jueces, eximir penalmente a quienes haya cometido delitos antes de esa fecha.

Tampoco se refirió a la figura jurídica de "secuestro permanente", que tribunales han admitido en casos de desaparecidos cuyos restos no han sido hallados y que ha permitido iniciar procesos contra militares.