Legal, la impugnación presentada, sostiene Bancomer

Si hay sustento jurídico las auditorías deberán realizarse, dice Coparmex

JUAN ANTONIO ZUÑIGA Y ANTONIO CASTELLANOS

Bancomer, el segundo banco comercial más importante del país, manifestó que la impugnación al deseo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de auditar las operaciones que se llevaron a cabo con el llamado rescate de la banca fue presentada ''en legítimo ejercicio de sus derechos legales''.

En tanto, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Luis Barraza González, señaló que el caso de los créditos irregulares que presuntamente realizaron cuatro bancos con el extinto Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), ''deberá apegarse al estado de derecho'', y señaló que si hay sustento jurídico ''tendrán que llevarse a cabo las auditorías''.

En una comunicación a la Bolsa Mexicana de Valores, Bancomer aseguró compartir ''el interés de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que se concluya el proceso de intercambio de los pagarés emitidos por el Fobaproa -con la garantía del gobierno federal- por obligaciones a cargo del IPAB'', y afirmó que ''las operaciones que realizó el Banco de México, como fiduciario en el Fobaproa, se efectuaron con estricto apego a derecho''.

Por segunda ocasión consecutiva, después de que la Comisión Permanente demandara la aplicación puntual de auditorías a cuatro bancos en sus operaciones con el Fobaproa, no figuró en el posicionamiento de Bancomer la posibilidad de retirar los amparos interpuestos para evitarlas.

También dejó traslucir el deseo de convenir algún acuerdo para su realización. Planteó: ''Bancomer reitera una vez más su mejor disposición para encontrar fórmulas que, en un marco de seguridad jurídica y transparencia, permitan convenir la realización de una auditoría final y definitiva''.

Entre tanto, el presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Alberto Espinosa Desigaud, externó que a este organismo de la iniciativa privada ''le preocupa la indefinición que se vive en torno a las auditorías pendientes a los bancos, los amparos promovidos por las instituciones crediticias afectadas y el señalamiento de pagarés que deben cancelarse de acuerdo con el dictamen de la Auditoría Superior de la Federación''.