El consejero impugna exculpación de la Secretaría de la Función Pública a Creel

Jaime Cárdenas presenta denuncia en la CIDH

La actitud de esa dependencia favorece la impunidad en México, expone en su querella

ALONSO URRUTIA

La presunta invasión de responsabilidades en la promoción del voto, en la que habría incurrido el titular de Gobernación, Santiago Creel, y la indebida exculpación de su desempeño que hiciera la semana pasada la Secretaría de la Función Pública fueron denunciadas por el consejero electoral Jaime Cárdenas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En un documento enviado al organismo, Cárdenas argumenta que con esa actitud el gobierno federal favorece la impunidad por la violación de responsabilidades administrativas de los funcionarios y ratifica la invasión de facultades exclusivas del Instituto Federal Electoral (IFE) en que incurrió el gobierno de Vicente Fox.

El escrito del consejero advierte sobre la ineficacia de las contralorías internas, pues están concebidas como parte del Poder Ejecutivo; "en consecuencia, la autoridad presidencial incide sobre el monopolio exclusivo y excluyente del ejercicio de la administración pública".

La querella está dirigida contra la Secretaría de la Función Pública, a la que responsabiliza de haber violado su derecho a ser oído, en tanto que él fue el promotor de la queja contra Creel. "Considero que se ha violado la protección judicial, pues el Estado mexicano no me otorga el derecho de impugnar el acuerdo que recayó a mi denuncia administrativa".

De ello, Cárdenas indica que los problemas de la corrupción y la impunidad en México -"principales flagelos de la sociedad"- se ven alentadas por resoluciones como la que hizo la dependencia citada.

Al abordar el fondo del problema, Cárdenas asegura que el origen es la invasión de competencias por parte de la Secretaría de Gobernación respecto a las atribuciones constitucionales del IFE.

Explica que la campaña emprendida por el gobierno federal para promover el voto previo a la jornada del 6 de julio no sólo atentó contra la disposición legal, sino también contra la necesidad de propiciar condiciones de igualdad en la competencia política, en un marco de imparcialidad electoral.

"La conducta del funcionario denunciado atentó contra el sistema de competencias y subordinó al órgano electoral federal a las acciones que realizó en relación con la función estatal electoral", añade Cárdenas, y señala que se violentaron las disposiciones del artículo 69 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Recuerda que en su sesión del 25 de julio, el Consejo General del IFE reivindicó para sí la atribución de promover el voto público, así como interponer una controversia constitucional contra el gobierno por invasión de funciones.

El consejero señaló que en su oficio, al declarar improcedente la queja contra Creel, Función Pública "ni siquiera inició un procedimiento que ameritara una determinación sobre el fondo del asunto; se declara infundada una denuncia sin ni siquiera realizar una investigación preliminar de los hechos, lo que de facto constituye un desechamiento de plano al que no le quiere llamar por su nombre".

A juicio del consejero, Creel actuó con recursos públicos, pues se utilizaron tiempos oficiales en la transmisión de espots, lo que implica utilización de recursos presupuestarios con fines distintos a la ley.

"Con la determinación de la Función Pública y ante la imposibilidad de interponer con éxito un amparo, la malversación de recursos del secretario de Gobernación gozará de impunidad en el ámbito de responsabilidades administrativas."