Ortiz Martínez y Macedo, entre los beneficiados

Desecha subcomisión legislativa 13 solicitudes de juicio político

ROBERTO GARDUÑO

La Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados desechó 13 solicitudes de juicio político al considerarlas improcedentes y carentes de argumentos sólidos para iniciar los procesos. Entre los funcionarios involucrados en las demandas se encuentra el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz; el procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha; el ex secretario de Comunicaciones y Transportes Carlos Ruiz Sacristán; los gobernadores de San Luis Potosí, Fernando Silva Nieto; de Morelos, Sergio Estrada Cagijal; de Guerrero, René Juárez Cisneros; de Hidalgo, Manuel Angel Nuñez Soto, y el actual presidente de la Cámara de Diputados, el panista Armando Salinas Torres.

Con la decisión, que beneficia en total a 13 actuales funcionarios y ex funcionarios, aún resta por definirse la situación de 26 solicitudes de juicio político en la Cámara de Diputados.

En el caso del gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez, se consideró improcedente la solicitud presentada por Gerardo Fernández Noroña, quien acusó al funcionario de "supuestas violaciones a la Constitución General de la República por instrumentar un programa de capitalización y compra de cartera vencida sin ningún mandato legal".

Los integrantes de la subcomisión, que forman parte de las comisiones de Gobernación y Justicia, votaron y por unanimidad fue declarado improcedente el recurso de juicio político contra Ortiz.

Además, a Carlos Ruiz Sacristán se le señalaba por incumplir la obligación de regular, promover y organizar la marina mercante; en una segunda solicitud se le imputaba omitir el cumplimiento de sus obligaciones administrativas en el caso de la prestación del servicio telefónico.

Durante la sesión del grupo de trabajo también se desecharon tres demandas de juicio político contra Macedo de la Concha, a quien se le acusaba de incumplir funciones, no haber investigado actos de corrupción en Banrural y haber falseado declaraciones ante la autoridad judicial.

A Fernando Silva Nieto, gobernador de San Luis Potosí, se le imputaba haber intervenido ilegalmente en el proceso de elección interna del candidato a sucederlo y por haber desviado recursos públicos. En el mismo caso se encontraba el morelense Estrada Cagijal, mientras que el mandatario de Hidalgo, Nuñez Soto, era señalado por actos de corrupción y malversación de fondos federales.

Por lo que hace al actual presidente de la Cámara de Diputados, Armando Salinas, y al presidente de la Comisión de Justicia, José Elías Romero Apis, también fueron eximidos de la acusación que pesaba sobre ellos por no haber resuelto una denuncia de juicio político contra el gobernador de San Luis Potosí.