Participaron en la riña con policías el 6 de agosto; también salieron 3 implicados en homicidio

Liberan con "reservas de ley" a 29 de las 177 personas arraigadas en Chiapas

Jóvenes permiten a autoridades llevarse la unidad donde murió empleado de normal mexiquense

ANGELES MARISCAL CORRESPONSAL

Tuxtla Gutierrez, Chis., 16 de agosto. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) liberó, "con las reservas de ley", a 29 de las 177 personas arraigadas el 6 de agosto durante un enfrentamiento entre policías y alumnos de la Escuela Normal Rural Mactumactzá; asimismo, dejó en libertad a tres de los cinco estudiantes acusados del homicidio de un trabajador de la Escuela Normal Lázaro Cárdenas del Río, del estado de México.

De su lado, los jóvenes permitieron a las autoridades que se llevaran el autobús en el que falleció Joel David Martínez López, con el propósito de practicar las pruebas periciales que determinarían de dónde provino el disparo que dio muerte al trabajador, cuyo cadáver también fue entregado a sus familiares para ser trasladado a su lugar de origen, es decir, Guerrero.

La PGJE informó que "luego de diversas diligencias ministeriales", quedaron en libertad siete padres de familia y 22 egresados de la normal Mactumactzá. Los ex alumnos libres son los mismos que el viernes aceptaron presentar el examen de oposición para acceder a una de las plazas de maestro, acción a la que se oponen sus compañeros y que fue la que originó las confrontaciones que actualmente persisten entre autoridades y normalistas.

Las 148 personas restantes, entre alumnos y padres de familia, continúan bajo arraigo acusadas de delitos contra la paz, asonada, motín, ataques a las vías de comunicación y otros de gravedad.

La dependencia también otorgó libertad a Diego Sánchez Murillo, Neider Córdoba Domínguez y Elías Pomarino Hernández, en tanto Víctor Alvarez Arriaga y Miguel Guzmán Pérez se encuentran en calidad de "presentados" por el homicidio de Joel David Martínez López, ocurrido el 12 de agosto.

Sobre este último hecho, este mismo día los normalistas aceptaron que un grupo de agentes ministeriales y un notario, además de representantes de organizaciones de derechos humanos, se llevaran el autobús donde fue ultimado el trabajador.

Del resultado de las pruebas periciales que efectúen al autobús dependerá si se sostiene la hipótesis de que fueron estudiantes quienes dispararon contra el trabajador, o si el disparo provino del exterior, como sostienen los normalistas.

Tortura, práctica judicial común: CEDH

En otro orden, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Pedro Raúl López Hernández, presentó este día su segundo informe de trabajo, donde destaca que en Chiapas continúa la tortura "como práctica común en el sistema judicial".

El ombudsman estatal destacó que este año se pudieron comprobar 19 casos de este tipo de violación a las garantías de los ciudadanos, por lo cual se emitieron igual número de recomendaciones, las cuales fueron aceptadas en su totalidad por las autoridades responsables.

Ante representantes de los tres poderes del estado, informó que entre las quejas más recurrentes que recibió el organismo en el año reciente, de casi 3 mil, las más reiteradas son por abuso de autoridad, dilación en la procuración de justicia, negativa al derecho de petición, detención ilegal y derecho a la integridad y seguridad jurídica.

Otro fenómeno social común en esta entidad y ligado estrechamente con las violaciones a los derechos ciudadanos, sostuvo, es el influyentismo, muestra de lo cual, dijo, es el caso de una niña de 11 años, quien fue violada por el hermano de un magistrado de la Suprema Corte de Justicia del Estado, quien valiéndo- se de esta relación fue liberado a las pocas horas de su detención.

De las quejas emitidas en este mismo periodo, cinco se refieren a la problemática que se vive en la región de Montes Azules, acciones por las que se solicitó a las autoridades competentes medidas cautelares en favor de los grupos que son amenazados con el desalojo.

También destaca la solicitud para aplicar medidas cautelares en favor de los usuarios de la CFE, instancia contra la que se recibieron 167 quejas.