La disputa entre estas comunidades por mil 509 hectáreas de tierra es similar a otras en el país. Se remonta a la época colonial cuando los españoles asignaban la misma tierra a pueblos vecinos para que pelearan entre ellos. Situados en la cordillera montañosa que divide al Distrito Federal y al estado de México, los dos pueblos tienen un origen indígena. Sus antepasados participaron juntos en la guerra de independencia, combatieron a los invasores norteamericanos y lucharon con Emiliano Zapata. Hoy, a pesar de sus diferencias, también comparten enemigos comunes: los viejos caciques priístas (y los de nuevo signo) que han vendido sus tierras y talado sus bosques; la expansión urbana que amenaza sus montes y a sus comunidades; las políticas que han destruido su economía campesina y el medio ambiente; los grupos empresariales que ambicionan sus tierras; y la ineptitud y corrupción de las autoridades encargadas de atender sus problemas. Ambas viven procesos de recuperación de su vida comunitaria y enfrentan a los gobiernos locales

XALATLACO, EDO. DE MEX.Corría 1912. "La guerra grande comenzó allá por la sierra. Por toda la orilla de los montes había mucha tropa; toda era zapatista". Los rebeldes combatieron a los federales desde tres flancos allá en el cerro de Xoyatépetl.

"Los de Xalatlaco se metieron por el poniente y por el sur, y los del Ajusco por el oriente. También vino un general que era de Contreras. Se juntaron para atacar a los federales, les metieron tres fuegos... Allí en su trinchera ¡uh hermanito!, por aquí quejido, por allá quejido.

"El general zapatista Regino Vega (oriundo de Xalatlaco) decía: ‘el que aguantó y el que no, pues chingue a su madre, aquí lo enterramos’... ¡Cuánta mortandad, cuánta mortandad!... Hubo tantos muertos zapatistas como federales... (pero) en esa ocasión ganaron los zapatistas".

Con esas palabras, el campesino Leonardo Ceballos recordaba el primer combate de la revolución en este pueblo (Memoria Campesina, la historia de Xalatlaco contada por su gente, Soledad González/Alejandro Patiño, Instituto Mexiquense de Cultura, 1994).

En aquella época pelearon juntos los campesinos de Xalatlaco y el Ajusco en las filas del Ejército Libertador del Sur. Noventa años después, los herederos de ambos pueblos disputan entre sí una porción de las tierras que ganaron sus ancestros y que habían compartido por siglos.

Más aún, la zona en litigio fue bastión insurgente en la independencia y de las huestes zapatistas perseguidas de los pueblos de los alrededores. Ahí había tres pequeñas poblaciones de Xalatlaco que fueron arrasadas por las tropas federales tras la muerte del Caudillo del sur.

Así lo recuerda Donaciano Vargas, presidente del Consejo Supremo de Ancianos y cronista de Xalatlaco. Comenta los pormenores de esa historia mientras se pasea por la plaza principal del pueblo donde la furia de los xalatlaquenses se ha encendido de nuevo contra lo que consideran un despojo de sus tierras ancestrales.

Encima de su cabeza el viento mece una manta que evoca sus recuerdos: "Xalatlaco zapatista en defensa de la tierra y el bosque. La lucha no es de hoy, la iniciaron nuestros abuelos". El hombre mayor detiene la vista en un cartel con la efigie de Zapata que se halla pegado por todas partes: "La lucha no es entre comunidades, es contra el mal gobierno". "Eso mismo pienso yo, el problema lo provocó el gobierno con sus decisiones injustas que crea falsas expectativas en otros pueblos", apunta.

Pero el litigio por mil 509 hectáreas no es el único problema que enfrentan ambos pueblos, ya que sus tierras y bosques también son codiciadas por políticos, empresas, talamontes y hasta por el Ejército mexicano.

Por ejemplo, Carlos Hank Rhon, hijo de quien encabezara el grupo Atlacomulco, a través de las recientes administraciones municipales priístas de Xalatlaco, ha promovido la ocupación de varios terrenos del municipio, incluido Agua Grande, justo el lugar donde el pasado 9 de julio la Comisión de Recursos Naturales (Corena) del gobierno capitalino desmanteló 26 cabañas (12 según las autoridades) construidas por los comuneros de Xalatlaco en suelo de conservación ecológica y que forma parte de la zona en litigio.

Esta acción enardeció a los xalatlaquenses que protagonizaron un motín popular durante varios días. En respuesta, los habitantes de este municipio secuestraron a nueve policías, a varios funcionarios del Distrito Federal y del estado de México y a un comunero de Ajusco. Tras una negociación con Alejandro Encinas, secretario de gobierno del DF, liberaron a las personas retenidas.

Los comuneros de Ajusco reaccionaron bloqueando la carretera federal para presionar a las autoridades de la ciudad a que no cedieran a las peticiones de los inconformes. Hubo un intento de diálogo en la Secretaría de Gobernación que se frustró, y cuando los xalatlaquenses intentaron bloquear la avenida Reforma, la policía los desalojó violentamente. Ya de regreso a su tierra, los habitantes del pueblo se indignaron al conocer la noticia y exaltados se desquitaron destruyendo las casas del presidente municipal, Juan Avila y del diputado priísta, Fernando Ferreyra, a quienes señalan como cómplices del despojo (cuentan con documentos que prueban que estos personajes han ofrecido y vendido tierras comunales a Hank Rhon).

Al día siguiente, cientos de pobladores del Ajusco cerraron la carretera y se apostaron en los límites de los terrenos en cuestión para encarar a los xalatlaquenses, pues corrió el rumor de que los iban a atacar. Para evitar un enfrentamiento entre ambos pueblos, se presentaron 500 policías capitalinos en los límites de las dos entidades, fuerza que disuadió a los campesinos mexiquenses a pesar de los amagos por romper el cerco policiaco. La intervención de funcionarios del DF conjuró el peligro. A la fecha, a petición de ambas comunidades, la Policía Federal Preventiva resguarda la zona en disputa a la espera de una solución jurídica al conflicto.

El largo camino de la justicia

Pero esta historia viene de lejos. La corona española reconoció sus tierras a los dos pueblos pero sin definir los linderos con claridad, lo que provocó un conflicto de límites que se ha prolongado hasta nuestros días. Esa fue una práctica común de los españoles para generar peleas entre comunidades. En este caso, los terrenos los compartieron durante siglos.

Tras la revolución, en los años 30 del siglo pasado se inició el proceso de reconocimiento de sus tierras comunales. En 1936, una resolución presidencial reconoció a Xalatlaco 9 mil 530 hectáreas como propiedad comunal. Ese mismo año se creó por decreto el parque nacional Cumbres del Ajusco "dedicado a la conservación perpetua de su fauna y flora", lo que dejó casi sin tierras a los comuneros de Ajusco (de 5 mil 52 hectáreas que tenían sólo les dejaron 350). El decreto afectó una pequeña parte de las tierras de Xalatlaco (2%).

En 1941 San Miguel Ajusco demandó la restitución de tierras y la solución a sus conflictos de límites con varios pueblos, incluyendo a Xalatlaco. Para resolver el asunto, Ajusco presentó documentos coloniales (datan de 1531) que amparan sus tierras. Xalatlaco hizo lo propio, pero los peritos declararon apócrifos los títulos virreinales presentados (de 1549). Las autoridades agrarias ubican mil 740 hectáreas que disputan ambos pueblos.

En el curso del juicio, diversos informes técnicos elaborados ex profeso (incluyendo uno de 1724) señalan que el área era explotada por vecinos de ambas poblaciones sin problemas. En 1948, a pesar que de acuerdo con las mismas autoridades agrarias, los títulos virreinales del Ajusco no precisan los linderos ni los límites, se emite una resolución presidencial que concede a Ajusco mil 410 hectáreas y a Xalatlaco 680 (comprendidas en el decreto expropiatorio del parque nacional por lo que sólo tendría derecho a la indemnización). El razonamiento de la autoridad agraria se fundó en el hecho de que Xalatlaco tenía tituladas más de 5 mil hectáreas y Ajusco sólo 350 hectáreas (como determinó la Suprema Corte, la decisión no tuvo como base los títulos sino la equidad, a pesar de que la misma resolución presidencial menciona que desde dos siglos atrás los pueblos compartían esa tierra pacíficamente). Hubo un intento de conciliar a las partes pero no fue posible.

Poco antes, el gobierno federal modificó la extensión del parque nacional (de más de 5 mil hectáreas lo redujo a 920 hectáreas) para conceder la explotación de madera a la empresa papelera Loreto y Peña Pobre, misma que se dedicó en la zona a talar madera hasta 1986. En otro decreto posterior el gobierno entregó a Ajusco otras 6 mil hectáreas que se "liberaron" del parque nacional.

Los habitantes de Xalatlaco se inconformaron contra el decreto presidencial ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero la Corte tardó 26 años en resolver. En 1974 emite un fallo en el que revoca la resolución presidencial y pide al Departamento Agrario realizar los trabajos técnicos para identificar los límites y resolver el litigio definiendo si el terreno en disputa era "mancomunado por ambos pueblos o de uno de ellos".

Sin embargo, los trabajos no se completaron, pero en 1982 se inició un juicio sobre el asunto en el Tribunal Superior Agrario, mismo que concluyó en 1999. Como los títulos de Ajusco ­declarados auténticos­ no eran suficientes para definir los límites, la Procuraduría Agraria hizo un último intento conciliador para que ambos pueblos se pusieran de acuerdo, pero su propuesta fue rechazada por Xalatlaco. El Tribunal Agrario resolvió el litigio a partir de definir quién tenía la "posesión" sobre esa tierra. En su fallo final, el tribunal (expediente 23TUA 24/97) establece que "no se encontró posesión de Xalatlaco", por lo que otorga a San Miguel Ajusco las mil 509 hectáreas y al otro pueblo sólo 169.

Angel Serrano Galindo, "representante común" de los xalatlalquenses, explica que perdieron el juicio porque el TUA consideró sus títulos originales como apócrifos y los representantes de entonces no impugnaron el peritaje. Se trata de las mercedes reales firmadas en 1557 por el virrey Luis de Velasco, cuya copia certificada está en el archivo de Tenango del Valle (hay otras, de 1700 y 1832, en el registro público de Iztapalapa), "donde los límites de las tierras de Xalatlaco abarcan los bosques en litigio".

Según Angel Serrano, "los títulos primordiales de San Miguel Ajusco que se usaron en el juicio no establecen los límites ni medidas, por lo que no pueden ser prueba conclusiva, como sí lo consideró el TUA". Comenta que uno de los problemas para probar la posesión de Xalatlaco fue que las poblaciones que existían en esa zona desaparecieron durante la revolución.

Serrano Galindo es hijo de campesinos y profesor universitario, el año pasado fue nombrado en asamblea popular representante de su pueblo en el litigio. Alega que los comuneros del Ajusco nunca han trabajado esas tierras y que en cambio los xalatlaquenses hacían el resinado de los árboles y fabricaban tejamanil y tablas. Sin embargo, hay testimonios oficiales desde 1724 ­que obran en el expediente­ donde se menciona que los bosques de esa zona han sido utilizados por gente de ambos pueblos.

Recientemente, el conflicto se agudizó ante el anuncio de que el TUA ejecutaría su resolución y entregaría las tierras al Ajusco. El año pasado los comuneros de Xalatlaco se ampararon ante el juzgado tercero de distrito en materia administrativa por violación a la garantía de audiencia y contra cualquier acto de autoridad que afecte sus bienes y propiedades (expediente 1372/02). Es un amparo indirecto contra la sentencia del TUA pero la juez aún no resuelve.

Entre sus argumentos en contra de la decisión del TUA, los xalatlaquenses alegan que el magistrado Jorge Gómez de Silva Cano, encargado del caso, "trabaja con criterios mercantiles, por lo que ha provocado conflictos en más de una decena de comunidades del Distrito Federal y del estado de México".

Para Angel Serrano "lo que quieren los del Ajusco es la tierra para venderla y talar los árboles, en cambio nosotros queremos cuidar el monte". Sin embargo, acepta que entre sus paisanos hay muchos que también han vendido la tierra y algunos son talamontes, "pero eso está cambiando pues hay más conciencia en la comunidad acerca de las futuras generaciones y de la importancia de cuidar el agua y los bosques".

Ajusco, "floresta de agua"

Los comuneros de Ajusco, encabezados por Joel Othón Peña, comisariado de bienes comunales, muestran el lienzo virreinal que apoya su demanda. Es una tela grande algo desgastada de más de dos metros de largo en la que se ven dibujos representando cerros y poblados del siglo XVI y están anotados los nombres de cada uno. Se trata de la reliquia más preciada del pueblo, que los ajusquenses muestran para demostrar que los terrenos en cuestión están comprendidos dentro de estas escrituras antiguas.

Los títulos primordiales llevan estampadas las firmas del Marqués de Salinas y de Luis de Velasco. Reconocido por el rey Felipe III en 1531 y ratificado en 1609. Lleva además, el escudo de armas otorgado por la corona española al Ajusco "por los servicios prestados por los naturales a la conquista de México". Está sellado y firmado por el rey Fernando VI en 1747. La tela está bajo custodia del profesor Julio Romero, que la guarda y la trata como la joya que es.

Joel Othón cuenta cómo durante el proceso legal una mujer de Xalatlaco propuso dividir la tierra en partes iguales pero que los comuneros de su pueblo fueron los primeros en rechazar la propuesta. Por eso todos al unísono descartan cualquier negociación con la otra parte. "Ellos propusieron que fuera conforme a derecho y las autoridades fallaron a favor nuestro y ya no les gustó. Pero nosotros queremos que se respete la ley y la decisión del magistrado agrario. Eso no se puede negociar", acota el comisariado.

El grupo de comuneros descalifica el amparo presentado por sus vecinos contra la decisión del TUA. "Ellos sí participaron en todo el proceso y ahora dicen que no fueron notificados. Es más, ellos fueron los que propusieron que se mostraran los títulos y con base en ello se definiera el conflicto, como no les favoreció ahora alegan derechos de posesión", aclara Joel Othón.

Los comuneros declaran que "el conflicto agrario está resuelto, lo que queda pendiente es un problema social, porque Xalatlaco se niega a aceptar la resolución judicial". El comisariado afirma que "la comunidad de Ajusco quiere un diálogo con la otra parte para evitar la violencia y llegar a un acuerdo de respeto mutuo, pero no vamos a negociar la resolución del TUA. Nosotros también fuimos zapatistas, de aquí era el general Valentín Reyes, ‘el vuela trenes’". Con el conflicto, los comuneros recuperan su historia agraria para legitimar su lucha.

Se quejan de los medios de comunicación porque, dicen, "ponen a Xalatlaco como víctima. El gobierno del DF no los desalojó, sólo desmanteló unas cabañas que usan para vender y un criadero de truchas. Nosotros exigimos al gobierno que actuara porque los de Xalatlaco estaban violando el mismo amparo que interpusieron porque la juez determinó que las cosas permanecieran como estaban, pero ellos estaban construyendo y roturando la tierra para sembrarla, lo que es ilegal".

Javier García, integrante de la comisión comunal, tras mostrar la pirámide de Tecpa, afirma que su pueblo quiere las tierras para cuidar el bosque. "No vamos a cambiar el uso de suelo porque es un pulmón de la ciudad y se da la recarga natural de agua".

Por su parte, David Quiroz, dirigente de la Unión de los Pueblos de Tlalpan, señala que "el gobierno del DF se tiene que sensibilizar de nuestro problema y apoyarnos. Damos aire y agua a la ciudad y ella qué nos da".

Quiroz argumenta que los ocho pueblos "indígenas" de Tlalpan que abarcan 245 kilómetros cuadrados (de 310 del total de la delegación) son discriminados por las autoridades de la delegación por lo que están promoviendo su separación de esa demarcación. "Vamos a solicitar que se cree la delegación 17 del DF para nuestros pueblos".

Javier García informa que el Consejo comunal de Ajusco, una especie de parlamento indígena interno, está promoviendo acciones contra la venta ilegal de terrenos, la tala de bosques y a favor de la cultura y la educación indígena local. Pone como ejemplo el establecimiento de una escuela comunal donde se imparten clases en varias lenguas indias, náhuatl, maya-quiché, ñahñú y tzotzil.

En los dos pueblos hay una herencia caciquil de corrupción y al mismo tiempo hoy experimentan un proceso de saneamiento y reorganización. Ambas poblaciones están en rebeldía con sus respectivos gobiernos y autoridades.

El Ajusco ha conservado su estructura de gobierno comunitario pero muchos de sus representantes se han corrompido (de hecho el actual comisariado está acusado de malos manejos, por lo que se planteó que sea destituido a través de la asamblea en días próximos).

En cambio en Xalatlaco, el caciquismo ha diluido su vida comunitaria, pero no sus raíces, ya que es uno de los pueblos mexiquenses con las tradiciones más antiguas. El actual conflicto ha despertado a buena parte de la población que está recuperando su tradición colectiva y sus instancias de gobierno comunal. Por eso la mayoría del pueblo no acepta que tome posesión el nuevo presidente municipal Ariel Cervantes, el próximo 18 de agosto, "por ser del mismo grupo de quienes nos han traicionado". Hay 37 órdenes de aprehensión por los destrozos a las casas del presidente municipal y del diputado Fernando Ferreyra. El gobierno del estado quiere negociar su cancelación a cambio de que se permita tomar posesión al nuevo gobierno local este 18 de agosto, pero la gente no acepta. Así que en días próximos se reavivará la confrontación en ese pueblo.

Cuando las autoridades capitalinas destruyeron las cabañas en la zona de conflicto y el pueblo de Xalatlaco se sublevó, se reveló una realidad larvada que nadie ha querido resolver. El gobierno federal no ha intervenido y ha dejado que se pudra el asunto. El gobierno mexiquense administra el conflicto para aprovechar las tierras y de paso pegarle al jefe de gobierno del DF. El gobierno del DF ha tenido que intervenir por presión de los habitantes del Ajusco y ha terminado apoyando su demanda. Lo que está en juego es una de las zonas de bosque más conservadas de la región, pero ninguna autoridad ha diseñado un plan integral para reservarla reconociendo los servicios ambientales que prestan los pueblos a las ciudades.

Pero la moneda sigue en el aire y la tensión puede resurgir en cualquier momento.