Magdalena Gómez

La autonomía indígena va

Una vez más quedó de manifiesto la congruencia del EZLN en cuanto al respeto a los pueblos indígenas. La decisión de ubicar a la organización militar en el plano de la defensa y deslindar este componente de las funciones de gobierno reitera su postura de no suplantar a los pueblos y de no "militarizar" su cultura. En la fiesta de instalación de las juntas de buen gobierno en Oventic observamos comunidades indígenas en plena reconstrucción y fortalecimiento: ahí estaban las brigadas de salud, educación, ecología y justicia en las que no se veía nada de improvisación ni afectación por no formar parte de los "programas gubernamentales".

El proceso autonómico no es ajeno a un fuerte trabajo organizativo en el que la comandancia indígena ha jugado papel central. Precisamente fueron ellas y ellos quienes se encargaron de transmitir señales explícitas en torno al rumbo que seguirá el accionar político del EZLN. La reacción oficial frente a la crea-ción de las juntas de buen gobierno fue positiva, aunque con visión reduccionista e inmediatista, especialmente la expresada por el secretario de Gobernación y el coordinador para el Diálogo, quienes justificaron su postura de no agresión al zapatismo y los indígenas en su fiesta de Oventic a partir de una valoración errónea del alcance de la autonomía indígena y de la implicación para el proceso de diálogo.

Santiago Creel señaló que el gobierno "valorará las señales porque pueden ser la base para buscar mecanismos que permitan restablecer el proceso de negociación" y Luis H. Alvarez reiteró que "permanece inalterable la firme voluntad de paz del gobierno de la República, que ha hecho un importante esfuerzo para que prevalezcan condiciones propicias para el diálogo de paz". Curiosamente, el elemento que el gobierno califica de positivo expresa el problema de fondo para la tan llevada y traída reanudación del diálogo: que "permanezca inalterable", porque lo que se requiere es que se modifique el contenido de dicha voluntad y se enfrente la realidad, que tiene que ver con la contrarreforma de 2001.

Una supondría que la reivindicación zapatista unilateral del cumplimiento a los acuerdos de San Andrés, aunada a la mención de la traición de los partidos políticos y que no se invitó a la Cocopa a Oventic, son suficientes elementos para concluir que no se ha modificado la postura expresada desde que el Congreso emitió el dictamen que distorsionó la llamada iniciativa Cocopa. Sin embargo, Creel asume que puede "encontrar un buen encuadre a las juntas de buen gobierno, pues en principio no se contraponen con lo establecido en el artículo segundo (constitucional), pues no se está hablando de un territorio, sino de formas de organización interna (...), lo que falta es esperar el proceso de reformas en la Constitución de Chiapas, que las Constituciones locales adapten esta última reforma". El gobernador de Chiapas recibió de inmediato el rechazo para proponer reformas locales, por lo menos en cuanto a su facultad de iniciativa, y habría que ver si otros gobernadores, como el de Michoacán por ejemplo, se comprará el boleto que profundice su distancia con el EZLN después de que cometió el error, que reconoció, de votar en favor de la contrarreforma.

Esta postura oficial les permitió salir del paso, pero no garantiza la creación de condiciones para reanudar el diálogo. Deberían plantear al Congreso las implicaciones que tendría no retomar el camino del diálogo, pero el tema no se menciona en la agenda legislativa. Creel tendría que trascender su papel de abogado y emplearse a fondo en la negociación con las fuerzas políticas, cuestión que no asumió en 2001, amparado en el enunciado formal de la división de poderes. De no hacerlo, los márgenes de gobernabilidad se reducirán cada vez más. ƑQué va a decir cuando las juntas asuman su derecho al territorio, entendido en los términos del convenio 169 y no como segregación, y avancen con otras decisiones implicadas en el contenido original de la iniciativa mutilada como el del acceso al uso y disfrute de los recursos naturales en las tierras y territorios que actualmente ocupan? ƑQué dirá cuando se concreten los anuncios de otros pueblos indígenas fuera de Chiapas para sumarse a la aplicación unilateral de los acuerdos de San Andrés? Para recuperar la bilateralidad en el diálogo el gobierno federal debería abanderar unilateralmente, frente a la clase política, la necesidad de la reforma constitucional indígena pactada; si no lo ve así, de cualquier modo la autonomía indígena va.