Se pretende "vaciar de su contexto político" el crimen, dicen dos miembros del CCU presos

El gobierno oaxaqueño pedirá a la PGR atraer el caso del legislador asesinado

Sólo hay indicios de que fue un asalto, afirma el subprocurador regional

VICTOR RUIZ Y ROSA ROJAS CORRESPONSAL Y REPORTERA

La Procuraduría General de Justicia de Oaxaca (PGJE), anunció que el gobierno de esa entidad solicitará a la Procuraduría General de la República (PGR) que atraiga el caso del homicidio del diputado local perredista Carlos Sánchez, ocurrido el domingo en Juchitán, que según la dependencia habría sido resultado de un asalto.

A su vez, el gobernador José Murat se concretó a decir: "se está investigando a fondo en la Procuraduría del Estado, no vamos a permitir la impunidad y vamos a encontrar a los asesinos".

Por su parte, los presos políticos Carlos Manzo y Luis Alberto Marín, integrantes del Consejo Ciudadano Unihidalguense (CCU) de Oaxaca, recluidos en la cárcel de Tehuantepec, criticaron que se pretenda "vaciar de su contexto político" el asesinato de Carlos Sánchez, al omitir que fue asesor no sólo del CCU, sino de varios sindicatos.

Por su parte, el subprocurador regional de Justicia en el istmo de Tehuantepec, Wilfrido Almaraz, dijo que al momento se carece de elementos para suponer que el homicidio "tiene móviles políticos", y que hay indicios que apuntan a que se trató de un robo, "sin embargo, continúan las investigaciones".

En un comunicado de la coordinación general de Comunicación Social del gobierno de Oaxaca, la PGJE informó que en sus declaraciones, testigos sostuvieron que el legislador Sánchez "llegó a las 2 de la madrugada del domingo pasado al bar Norma, ubicado en Juchitán; de acuerdo con las investigaciones, más tarde, dos personas al verlo en estado inconveniente lo acompañaron a su vehículo".

Agregó que las indagaciones policiacas indican que el cuerpo de Carlos Sánchez fue hallado en las calles de la séptima sección de Juchitán, donde se le habría dado muerte con un bloque de cemento o tabicón. El cadáver fue encontrado sin zapatos ni objetos de valor, y con los bolsillos del pantalón fuera de la prenda.

La PGJE dijo tener identificados a dos sospechosos del homicidio, con su media filiación y retratos hablados conformados con los datos de quienes aportaron testimonios ante el Ministerio Público. Agregó que peritos químicos practicaron exámenes de sangre al diputado, y determinaron que al momento de su muerte se encontraba "en tercera fase de ebriedad".

Recuerdan presos políticos la trayectoria de Sánchez

Mientras, en entrevista vía telefónica, los presos políticos Carlos Manzo y Luis Alberto Marín pidieron a la PGJE no omitir el "contexto político" del asesinato. Recordaron que Sánchez fue el único diputado local oaxaqueño que firmó la solicitud de desaparición de poderes en el municipio de Unión Hidalgo, que el CCU presentó ante el Congreso de Oaxaca el 18 de febrero pasado, asunto sobre el cual al momento no ha respondido la Legislatura. Añadieron que el despacho de Sánchez llevaba la defensa de Marín.

Agregaron que el jueves anterior, Sánchez fue parte de la comisión del CCU y la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del istmo -organización que fundó y a la cual pertenecía- que se reunió con el secretario de Gobierno de Oaxaca, Héctor Anuar Mafud, para discutir lo relativo a la liberación de Manzo y Marín; la auditoría que desde febrero se exige a la administración del presidente municipal de Unión Hidalgo, Armando Sánchez, y la desaparición de poderes del cabildo que él encabeza, desconocido por el movimiento popular.

Manzo señaló que "desde que nosotros estamos como presos políticos, Carlos Sánchez nos venía a visitar con cierta frecuencia". Su equipo lleva los casos de Francisco de la Rosa-otro preso del CCU que salió en libertad el 11 de julio- y Luis Alberto Marín, que tiene programada su audiencia de vista el próximo 25 de agosto.

Mencionó que este lunes, Carlos Sánchez e integrantes del CCU dialogarían sobre los problemas de Unión Hidalgo. Indicó que el Congreso de Oaxaca no ha dado respuesta sobre la auditoría y desaparición de poderes en el municipio, y lo mismo ocurre con demandas presentadas ante el Tribunal Superior de Justicia para que se libere a los dos indígenas presos, y se cancelen otras 30 órdenes de aprehensión contra integrantes del CCU.

Sánchez fue asesor también del sindicato de trabajadores del ayuntamiento de Juchitán y del sindicato de recolectores de basura de ese municipio y asesoraba al de la Cervecería Modelo, así como a otras organizaciones gremiales. "Es inexplicable que lo hayan golpeado tan salvajemente para quitarle su cartera y su celular, además él no habría opuesto resistencia", comentó Manzo.