Reconocen responsabilidad de servidores públicos en accidente que la dejó inválida

Autoridades del Distrito Federal resarcen a una joven por daños

Con la mediación de la CDHDF firman un acuerdo de conciliación con la afectada El GDF y la delegación Benito Juárez asumirán gastos médicos El convenio, hecho sin precedente: ombudsman

SUSANA GONZALEZ G.

En un hecho sin precedentes, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) logró que el gobierno capitalino y la delegación Benito Juárez reconocieran la responsabilidad de funcionarios públicos en un accidente que hace cinco años dejó parapléjica a una joven, pero sobre todo que aceptaran la reparación del daño al solventar los gastos médicos de la afectada y comprometerse a facilitarle una vivienda.

Lo anterior se logró con la firma de "un convenio de conciliación", que a decir de Emilio Alvarez Icaza, presidente de la CDHDF, es "casi una recomendación", un instrumento, "aunque sin muchos dientes", del organismo para la reparación del daño físico y moral de personas afectadas por la prestación de un servicio público.

El convenio es paradigmático: "Es un precedente de primer tipo a nivel nacional para la reparación del daño por parte del Estado... y para que en las instalaciones públicas haya reglas mínimas de seguridad para los usuarios, que sean además atendidas por los servidores públicos...", enfatizó el ombudsman, quien no descartó que se presenten más casos.

El 8 de octubre de 1998, Pamela Eunice Flores García, entonces menor de edad, tomaba clases de natación en la alberca Joaquín Capilla, perteneciente a la delegación Benito Juárez, pero al seguir las indicaciones de los instructores del lugar -"con calidad de servidores públicos del Distrito Federal"-, sufrió una lesión irreversible en la columna vertebral que la mantiene en silla de ruedas.

El daño fue tal que en materia de derechos humanos se conoce como "afectación de plan de vida", dijo Alvarez Icaza, y por ello los parientes de Pamela Eunice presentaron una queja ante la CDHDF, la número 122/99/A07D2476.000, que inicialmente se topó con la renuencia de los entonces servidores públicos de la delegación para reconocer la violación a los derechos humanos de Pamela Eunice. La queja fue ratificada posteriormente por la joven y atendida por la presente administración de la CDHDF hasta obtener respuesta de los actuales gobiernos central y delegacional.

La joven recibirá 173 mil pesos proporcionados por la delegación Benito Juárez; una silla de ruedas del DIF; tratamiento médico de por vida y dotación de medicamentos en la Secretaría de Salud; un apoyo para renta y la posibilidad de que se le incorpore en los programas de vivienda del gobierno capitalino para que obtenga un departamento en planta baja. Aunado a ello, se logró que el Instituto del Deporte verifique las reglas mínimas de seguridad en todos las instalaciones deportivas de la ciudad y, en principio, en la Benito Juárez deberá hacerse un programa y seguir los manuales de seguridad dictados a escala nacional para que no se den casos de negligencia.

Todos esos compromisos quedaron formalizados ayer en el salón Independencia de la sede del gobierno capitalino por Alejandro Encinas y Jesús Becerra, secretario de Gobierno y delegado en Benito Juárez, respectivamente, pero también intervendrán el Instituto de Vivienda, la Secretaría de Salud y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-DF).

El convenio de conciliación "tiene su centro y razón de ser en la dignificación de la vida de Pamela Eunice, quien con toda valentía y apoyada siempre por sus padres y abuelo ha luchado varios años, no por 'un pago', sino por el reconocimiento de sus derechos, por la aceptación de las responsabilidades de quienes -a su juicio y de esta comisión- la tienen", sentenció Alvarez Icaza.

El delegado y el secretario de Gobierno reconocieron la tenacidad de la joven para hacer respetar sus derechos. Becerra reiteró que no se trata de "caridades", sino de un acto de justicia, mientras que Encinas enfatizó que con el acuerdo de conciliación se abren nuevas pautas en la ciudad para garantizar y dar certidumbre a los capitalinos en materia de derechos humanos, pero también para que en cualquier caso de riesgo donde el gobierno sea responsable, sean reparados los daños.