El Consejo General del instituto dejó de lado la propuesta de Jaime Cárdenas

Partidos que perdieron su registro deberán informar a la Tesorería sobre la liquidación de sus bienes: IFE

ALONSO URRUTIA

El Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) aprobó ayer un acuerdo mediante el cual los partidos políticos que no obtuvieron 2 por ciento de los votos en la elección del 6 de julio y, por tanto, perdieron su registro, deberán informar a la Tesorería de la Federación sobre los procesos de liquidación de sus bienes. Asimismo, será esta instancia la que determinará, conforme a la legislación aplicable, el destino de las mercancías que se adquirieron con los recursos públicos que les otorgaron como prerrogativas.

Dicho acuerdo dejó de lado el proyecto que había presentado el consejero Jaime Cárdenas, el cual pretendía obligar a los partidos políticos a devolver a la Federación todos aquellos bienes que hubieran adquirido. A juicio de Cárdenas esta vía era más "contundente" y hubiera asegurado de mejor manera la devolución de este patrimonio al Estado para evitar excesos como los cometidos por el Partido de la Sociedad Nacionalista.

Ambos proyectos fueron rechazados por los partidos en vía de extinción, Fuerza Ciudadana (PFC) y Alianza Social (PAS), quienes cuestionaban la legalidad de la medida, toda vez que en el marco jurídico no existe disposición alguna que los obligue a devolver estos bienes. Sin poner en duda que es "políticamente correcta" la intención de los consejeros -dijo Jorge Alcocer, de Fuerza Ciudadana- no hay razón jurídica que lo respalde. Al justificar el proyecto, Jesús Cantú señaló que estos bienes fueron adquiridos con recursos públicos que tenían un fin legal específico establecido para los partidos, que "es obvio que al perder su registro pierden también la posibilidad de cumplir con esos fines".

Cantú explicó que el acuerdo toma en cuenta la posibilidad de que los partidos hubieran contraído deudas y que pudieran utilizar parte de esos bienes para liquidarlas, pues si bien se extinguen sus derechos, no sus obligaciones. Sin embargo, estimó que el IFE debe contar con la información sobre el proceso de liquidación y vigilar que los recursos públicos efectivamente se destinen sólo a fines públicos fijados constitucionalmente.

Ante los cuestionamientos del PAS y PFC sobre la legalidad de la medida, Pablo Gómez, representante perredista, señaló que no es admisible que un vehículo adquirido con dinero público quede en manos del presidente de un partido o su chofer.

A su vez, Gastón Luken consideró que no había fundamento legal que impidiera la aprobación de este acuerdo, y estimó que "violar la ley sería dar uso y destino a lo establecido en ella de los activos remanentes de los partidos políticos. "Lo debido, a mi juicio, por elemental sentido común y ética política, es que los partidos reintegren esos bienes al Estado".