México D.F. Sábado 23 de agosto de 2003
López Obrador pide hacer funcional el
juicio político; ahora es sólo un trámite, dice
Pesquisas a fondo en el escándalo Belsasso para
evitar más corrupción, promete Creel
Fernández de Cevallos considera lamentable
el tráfico de influencias y apoya posibles sanciones
El secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda,
dijo que un gobierno "surgido de una elección democrática
no puede permitir ningún acto de corrupción" y por ello la
Secretaría de la Función Pública investiga ya a Guido
Belsasso ex funcionario de Salud. En contraparte, el jefe de Gobierno del
Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, advirtió
que debe reformarse la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos para cambiar las reglas del juicio político, porque
en la actualidad es un procedimiento burocrático que permite evadir
la acción de la justicia.
Se
trata, alertó, de una de esas "leyes inoperantes que no funcionan",
como en el caso de los dirigentes del sindicato petrolero, "que se mueren
de risa, se burlan y ahora hasta están pidiendo más dinero
a Pemex, porque ya saben que la libraron".
Por separado, durante una conferencia de prensa en la
Secretaría de Gobernación, Creel Miranda informó que
una vez detectado el tráfico de influencias en que incurrió
el ex titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones, el
asunto se turnó "inmediatamente a la Secretaría de la Función
Pública para deslindar responsabilidades y, por supuesto, para encauzar
el procedimiento requerido".
Creel Miranda agregó que el gobierno federal "tiene
que actuar con un gran ejemplo" en torno al caso Belsasso, para que nadie
más se atreva a incurrir en ilícitos.
"Somos un gobierno que venimos del voto popular, que creemos
en la democracia, en la transparencia y los primeros afectados somos los
funcionarios que formamos este gran equipo de gobierno. No queremos que
los actos de unos vayan a manchar las conducta de miles de servidores públicos
que trabajan con plena honestidad, con asiduidad y con eficacia".
López Obrador, a su vez, consideró que la
polémica surgida en torno a los actos de corrupción en que
incurrió Belsasso obliga a los legisladores a cumplir con su obligación
de modificar los ordenamientos jurídicos, ya que "las leyes deben
ser sencillas y no dejar pie a interpretaciones".
El jefe de gobierno demandó que se dictamine la
iniciativa que hace unos días presentó la senadora del Partido
Acción Nacional (PAN), Luisa María Calderón, encaminada
a combatir y acabar con el influyentismo. Inclusive advirtió que
día con día estará pendiente y llevará la cuenta
del tiempo que transcurre hasta que los legisladores la aprueben.
Se le debe dar luz verde, insistió López
Obrador, porque hay abogados que son, por un lado, representantes populares:
diputados o senadores, y por otro lado son defensores de delincuentes de
cuello blanco. Y ellos mismos son los que hacen las leyes.
Uno de los aludidos, el senador Diego Fernández
de Cevallos, consideró que no se puede decir que hay verano por
una golondrina", aunque, reconoció que de ser ciertas las acusaciones
contra Belsasso por tráfico de influencias, "sería lamentable"
y "debería ser sancionado".
Entrevistado antes de participar en una conferencia internacional
sobre la Corte Penal Internacional, acto realizado en la Universidad La
Salle, el controvertido legislador indicó que "sin duda es un caso
grave que se debe investigar a fondo y saber si tiene otras raíces
o consecuencias".
Por otra parte, sobre el inicio de un procedimiento de
juicio político en su contra promovido por el diputado perredista
Uuc Kib Espadas, Fernández de Cevallos respondió que "están
en todo su derecho a promoverlo y que se tramite conforme a la ley".
También el presidente de la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Alvarez Icaza, llamó
a regular el tráfico de influencias y a utilizar todos los instrumentos
necesarios para evitar este tipo de comportamientos al margen de la ley
y de la ética.
En Monterrey, José Francisco Escobedo, quien fue
representante del Grupo Oaxaca en la mesa de negociaciones que impulsó
la aprobación de la Ley Federal de Acceso a la Información
Pública, señaló que la persistencia de una "cultura
patrimonialista" en el gobierno, que incentiva el uso de los recursos públicos
como si fueran de carácter privado, es lo que genera la corrupción
y el tráfico de influencias.
Durante una conferencia que dictó ante ciudadanos
e integrantes de la Comisión de Acceso a la Información Pública
del estado de Nuevo León y ante la pregunta de uno de los asistentes,
comentó que el asunto Belsasso "es un ejemplo clarísimo de
que el papel de los periodistas y de los medios de comunicación
es fundamental para esclarecer y trasladar al espacio público los
temas de interés común".
ANGEL BOLAÑOS, ANDREA BECERRIL, MIRNA SERVIN
Y LAURA POY, REPORTEROS Y DAVID CARRIZALES, CORRESPONSAL
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