El uso discrecional de la ley sustituye al garrote: director de la Fundación Buendía

Aumentan actos que inhiben la labor informativa, denuncian activistas

CLAUDIA HERRERA

En la administración del presidente Vicente Fox se han dado 259 incidentes contra la libertad de informar en México. Aunque en los años recientes ha bajado el número de agresiones violentas en contra de periodistas, se han incrementado los actos que inhiben su labor informativa, como son el envío de citatorios ministeriales, las demandas o despidos, afirmó la Red de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación.

Este informe fue presentado en el contexto de la visita de Eduardo Bertoni, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Al presentar el documento, Raúl Martínez, director de la Fundación Manuel Buendía e integrante de la Red Mexicana de Protección a Periodistas, aseveró que "cada vez se recurre menos al garrote y al soborno", pero a cambio se hace un uso discrecional o parcial de la ley para inhibir el trabajo de los periodistas.

A su vez, el coordinador de Asuntos Especiales de La Jornada, Jenaro Villamil, expuso que existen cuatro vertientes de amenazas a la libertad de expresión: los citatorios para que los periodistas revelen sus fuentes; las denuncias por difamación y calumnias; los ataques a medios de comunicación que representan voces de la sociedad, y las violaciones al marco de derechos laborales de los trabajadores de los medios de comunicación.

Necesario, regular el secreto profesional

Villamil explicó que se ha vuelto recurrente el envío de citatorios ministeriales a los periodistas para obligarlos a que revelen sus fuentes de información. Señaló que en tanto no exista un ordenamiento legal sobre el secreto profesional seguirá esta práctica de "demandar al mensajero" de la información.

Recordó que el 9 de marzo del año pasado seis reporteros de La Jornada recibieron citatorios para que revelaran sus fuentes en las investigaciones del Pemexgate y de Raúl Salinas de Gortari. Dijo que el problema en este caso es que el Ministerio Público no reconocía el estatus de profesión que tiene el periodismo, porque se pedía a los reporteros que demostraran ser periodistas.

Señaló que otro mecanismo que amenaza la libertad de expresión es la desaparición de voces alternativas, y mencionó al "asalto a mano armada" que hizo Televisión Azteca de la retransmisora de Canal 40, sin que el gobierno federal interviniera a pesar de que se trataba de un bien público.

Se refirió también a las precarias condiciones laborales de muchos periodistas que se desempeñan con salarios bajos, sin prestaciones y con la incertidumbre de perder su fuente de trabajo en cualquier momento, como ocurrió con 7 mil personas que el año pasado fueron despedidas de medios electrónicos e impresos.

En el Seminario sobre libertad de expresión, que se lleva a cabo en la Universidad del Claustro de Sor Juana, Martínez dijo que el mayor número de casos contra la libertad de expresión que la red ha registrado son los siguientes: agresiones físicas (23 por ciento), actos inhibitorios (15 por ciento), citas a comparecer (10 por ciento) y detenciones (7 por ciento).

Los periodistas más afectados son los que cubren la fuente política (40 por ciento) y policiaca (23 por ciento) y el resto cubren temas de información general.

Explicó que cada año la red hace el informe Recuento de daños. Un acercamiento del estado de las libertades de expresión e información en México. En el más reciente, se dice que 2002 pasará a la historia como uno de los menos violentos de los pasados 10 años en materia de libertades informativas en México, pero paradójicamente también quedará inscrito como uno de los periodos con mayor índice porcentual de actos inhibitorios contra periodistas en la década reciente.

Indicó que la red se integra por la Fundación Manuel Buendía, el Centro de Comunicación Social, el Sindicato de Redactores de la Prensa, la Academia Mexicana de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

El informe de 2002 reseña que el estado de las libertades de expresión e información presentó una mejoría en cuanto al número de actos registrados (100), pero evidenció una preocupante tendencia a recurrir a demandas (17 por ciento), detenciones (13 por ciento) y citas a comparecer (8 por ciento) para, eventualmente, inducir conductas informativas menos críticas, incisivas o desfavorables.

Del total de casos consignados, la mayor parte (89 por ciento) se dirigieron contra periodistas y 11 por ciento contra los medios de comunicación. ƑQuiénes son los responsables de estas agresiones? La mayoría son fuerzas del orden, funcionarios de gobierno y de dependencias policiacas, instituciones gubernamentales y funcionarios, según el informe.