En su contra, 5 cargos; duraría un año el proceso que enfrentarán en el penal de Cerro Hueco

Formal prisión a 22 normalistas en Chiapas; no alcanzan fianza

Impiden ingresar al estado a 500 estudiantes de otras escuelas que apoyan a los detenidos

ANGELES MARISCAL Y HELIO HENRIQUEZ CORRESPONSALES

Tuxtla Gutierrez, Chis., 22 de agosto. Un juez penal dictó auto de formal prisión contra 22 de los 24 detenidos de la Normal Rural Mactumactzá, por los delitos de atentados contra la paz, ataques a las vías de comunicación, daños, robo de vehículo y privación ilegal de la libertad, infracciones catalogadas como graves, por lo que no alcanzan fianza y tendrán que enfrentar desde el penal de Cerro Hueco un proceso que podría prolongarse un año.

Por otra parte, el gobierno estatal informó que debido a una solicitud de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Oaxaca se impidió el acceso a unos 500 estudiantes de distintas escuelas normales del país quienes, en apoyo a los alumnos de Mactumactzá, pretendían ingresar a Chiapas en 13 autobuses, varios de los cuales fueron "robados" en el vecino estado.

Sobre los procesados, la PGJE de Chiapas informó que el juez tercero del ramo penal, Francisco Aguilar Zúñiga, dictó auto de formal prisión a 22 personas, "por actos vandálicos, ya que se acreditó su participación en diversos ilícitos en agravio de transportistas, empresas privadas y dependencias publicas", y sostuvo que la medida se aplicó luego de practicarse un análisis minucioso de las pruebas ministeriales, testimoniales y periciales aportadas y sustentadas por el agente del Ministerio Público en el expediente penal 241/2003.

En los casos de José Juan Montejo Díaz y Bartolomé Ramírez Gómez, el juez definirá en las próximas horas su situación jurídica, en virtud de que sus abogados solicitaron la ampliación del término constitucional para dictar el auto.

Entre los 22 procesados hay dos mujeres: Alba Ponce Montaño y Perla Flores Antonia, originarias de las normales de Puebla y estado de México, respectivamente, quienes habían llegado a la entidad horas antes de ser detenidas el pasado 6 de agosto.

También enfrentan procesos algunos padres de familia que apoyaban a sus hijos en su demanda de plazas magisteriales, por lo que se encontraban en Mactumactzá el día en que la policía ingresó al plantel para recuperar las alrededor de 20 vehículos que los jóvenes mantenían en su poder.

En tanto, se dictó arraigo contra dos de los cinco estudiantes detenidos la madrugada del 15 de agosto, luego de la muerte de Joel Martínez, chofer de la Normal Rural de Tenería, estado de México, cuando viajaba con un grupo de estudiantes a las instalaciones de la normal. Los otros tres ya fueron liberados.

Por su parte, los Servicios Educativos para Chiapas dieron a conocer que 118 alumnos de la Normal Mactumactzá solicitaron su cambio de plantel, el cual les fue concedido, "debido a la situación extraordinaria que se vive en el centro de estudios".

De su lado, los normalistas de Mactumactzá convocaron a los egresados de todas las generaciones de esta escuela a reunirse este sábado para apoyar la marcha que efectuarán. También los exhortaron a depositar apoyo económico para la lucha en la cuenta 1251675591 de Bancomer.

Por otra parte, los alrededor de 500 normalistas que durante más de 24 horas pernoctaron en las inmediaciones de Chiapas y Oaxaca, tuvieron que regresar a esta entidad debido a que policías chiapanecos les impidieron la entrada a Tuxtla Gutiérrez.

Según las autoridades, los jóvenes tomaron 13 autobuses de transporte de Oaxaca, motivo por el cual la PGJE de ese estado inició una averiguación previa por el delito de robo de auto y solicitó al gobierno de Chiapas emitir órdenes de aprehensión contra los jóvenes y recuperar las unidades.

Privilegiar el diálogo y evitar la violencia, pide ONG

A todo esto, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas pidió la intervención de las autoridades federales, con el propósito de garantizar la imparcialidad en las investigaciones que se realizan y cumplir con su deber de respetar los derechos humanos de las personas procesadas y arraigadas, así como que solucione las demandas planteadas por los normalistas".