Señalan tráfico de influencias; escandaliza el comportamiento del magistrado presidente

Corrupción y abuso de poder en tribunal federal de justicia fiscal

Imputan a Alejandro Sánchez Hernández remover personal calificado para imponer amigos

Funcionario nombrado por él ha incurrido en irregularidades, según demuestran documentos

ANDREA BECERRIL /I

Abuso de poder, remoción de personal calificado para dar paso a incondicionales, tráfico de influencias y otros presuntos actos de corrupción son la constante en los casi dos años que el magistrado Alejandro Sánchez Hernández lleva al frente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA).

El aniversario número 67 del nacimiento del antes llamado Tribunal Fiscal se cumple enmedio de lo que es ya un escándalo en medios judiciales y legislativos, toda vez que el magistrado Sánchez Hernández, quien llegó de forma meteórica a ese cargo, con el apoyo de panistas como Juan de Dios Castro, pasa por alto las críticas y aun los exhortos del Congreso de la Unión.

Al asumir en enero de 2002 la presidencia del TFJFA, casi de inmediato se vio envuelto en la polémica, ya que previo a una campaña de intimidación, cesó a la entonces directora del Instituto de Estudios sobre Justicia Fiscal y Administrativa, Aurora Cortina González Quijano, ex magistrada con 23 años de servicios en el tribunal, hija del fundador del mismo.

Cursos de bajo nivel y precios altos

En el lugar de Cortina nombró a alguien que no ha sido juez ni magistrado -tal como se requiere en el caso de los directores de institutos de capacitación de juzgadores-: Federico Savignon, uno de sus amigos cercanos, propietario además de dos escuelas de derecho en Sonora. El nuevo funcionario, de acuerdo con documentos en poder de La Jornada, ha incurrido en irregularidades, toda vez que los cursos, impartidos antes de manera gratuita por magistrados y juristas de prestigio nacional e internacional, bajaron de nivel y tienen precios altos.

Tan sólo en noviembre del año pasado Savignon pasó facturas por casi 528 mil pesos para pagar cursos, algunos a profesores desconocidos, como José Topete Pastor, en asignaturas que nada tienen que ver con la formación de jueces en el área fiscal. Son los casos de Administración del tiempo o Lectura eficaz, muy alejados de las cátedras que impartiera el ahora presidente de la Corte, Mariano Azuela, o catedráticos eminentes de España, Estados Unidos o Francia, sin cobrar nada, ya que el instituto tenía convenios con esas naciones.

Para impartir cursos de derecho fiscal, antes gratuitos, Savignon contrató a la Universidad del Valle de México por 154 mil 699 pesos y al Colegio Superior de Ciencias Jurídicas (Humanitas), al que se hicieron tres pagos de 40 mil pesos cada uno, según solicitó el funcionario mediante el oficio 270, del 27 de noviembre de 2002, al director general de Recursos Materiales y Servicios Generales del TFJFA, Eduardo Agatón.

También con el aval del magistrado presidente -a quien se entregan copias de los oficios y facturas-, Savignon adquirió a finales del año pasado miles de libros que, argumentó en el oficio 272 del 27 de noviembre del 2002, "son material bibliográfico básico para los cursos que imparte el instituto", pero que en realidad se refieren a otras asignaturas, como sociología o ciencias políticas.

Personal que labora en el instituto no ha visto los libros, que no pasarían inadvertidos, ya que tan sólo en noviembre se compraron 45 ejemplares de cada uno de un total de 66 obras, tanto de Conceptos jurídicos fundamentales como de Estudios sobre Kelsen, El concepto de solidaridad, o Educación liberal, un enfoque igualitario, que seguramente los magistrados del TFJFA estudiaron en sus años de universitarios.

Son libros para los primeros semestres de la carrera de derecho, como la que se imparte en las dos escuelas propiedad de Savignon, localizadas en Hermosillo y Nogales. Tuvieron un costo de 175 mil 694 pesos.

La mayoría fueron adquiridos en Distribuidoras Fontamara, SA, empresa a la que el TFJFA pagó las facturas 060294, 060295 y 060296, ya que el costo total se dividió en tres, para no tener que licitar la compra. A la editorial Barsa Planeta de México le liquidaron 31 mil 460 pesos por la compra de la Enciclopedia Británica.

En diciembre pasado el profesor José Topete Pastor cobró 102 mil 900 pesos más por dos "seminarios de administración del tiempo" -facturas 0003 y 0004- y de un mes a otro encareció el curso, ya que en noviembre su tarifa fue de 38 mil pesos.

A las oficinas de senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) han llegado quejas del personal e incluso de magistrados del TFJFA, quienes piden se investigue la forma en que se dilapidan recursos en ese instituto, porque hay evidencias de que personal, computadoras y teléfonos están al servicio de las dos escuelas privadas propiedad de Savignon.

La ex magistrada Aurora Cortina, hija del fundador de ese tribunal, Alfonso Cortina Gutiérrez, con "amplia y limpia trayectoria" en el TFJFA, según la definió en una intervención ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el senador del PRI Mariano González Zarur, fue obligada a dejar la dirección del instituto el 28 de marzo de 2002.

Así, dos meses después de asumir la presidencia del TFJFA, el magistrado Sánchez Hernández citó en su oficina a Aurora Cortina y le notificó -según detalla ella en una queja que interpuso ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)- que había decidido convertir el Instituto de Estudios sobre Justicia Fiscal y Administrativa en un "patronato" para las artes, y como ya no la necesitaba, le pidió su renuncia voluntaria.

Cortina, según ese mismo escrito, le respondió que sólo renunciaría a 23 años de servicios al tribunal si se lo solicitaba la sala superior del mismo, ya que él no era competente para hacerlo. Entonces Sánchez Hernández argumentó que en realidad la cesaría de no entregar su renuncia voluntaria, con base en un artículo periodístico de ella "subversivo y contra la política del presidente Vicente Fox".

Se refería a un estudio que Cortina publicó en la Revista del Instituto de la Suprema Corte, en el que señala la necesidad de dar autonomía a ese tribunal y de instaurar la carrera judicial, para que los nombramientos de magistrados no sean por dedazo.

Sánchez Hernández utilizó el escrito como pretexto para removerla. Como ella no presentó la renuncia, comenzaron las presiones y el hostigamiento. En su denuncia en la CNDH, Cortina relata que la amenazaron con agredir a su madre y días después se expidió una orden de "cese por falta de confianza" y seis elementos de seguridad del magistrado presidente la sacaron por la fuerza de sus oficinas.

Hubo reacciones de inmediato. El entonces presidente de la Suprema Corte, Genaro Góngora Pimentel, la embajada de Francia y legisladores protestaron. El 24 de julio de 2002, a nombre de la fracción del PRI, el senador Mariano González Zarur exigió al presidente del tribunal revocar la destitución de Cortina "y dejar de cometer actos que atenten contra la justicia y la buena reputación" del TFJFA.

La Comisión Permanente se pronunció una semana después en ese sentido, pero Sánchez Hernández no hizo caso. Se escuda en la inamovilidad por nueve años como magistrado de un tribunal que es el único en el país sin carrera judicial y sin control presupuestal alguno.

Quizá por ello no hace el menor caso a las críticas por el uso de las instalaciones del tribunal, en especial el edificio de Varsovia, para actos privados, como exhibiciones y venta de pintura de sus amigos. La revista Actual dio cuenta en su edición de mayo de 2002 de la inauguración, a las 11 de la mañana en el TFJFA, de una muestra pictórica de Luis Acosta, a la que asistieron el presidente "y todos los magistrados de ese órgano de impartición de justicia".

Aurora Cortina no es la única desplazada del tribunal. También lo son el contralor interno Porfirio Alarcón y la secretaria general de Acuerdos, Gabriela Buenrostro. Al primero le pidió la renuncia para instalar en su lugar a alguien de sus confianzas; a la segunda la despidió en represalia porque su esposo, el magistrado Luis Humberto Delgadillo, se amparó ante la decisión de no ratificarlo.