Encinas: antes que nada está defender la propia vida

Usará la fuerza el GDF para desalojar las zonas de riesgo

Respaldan la medida diputados y el procurador ambiental

BERTHA TERESA RAMIREZ Y RAUL LLANOS

El Gobierno del Distrito Federal afirmó ayer que en casos extremos recurrirá a la fuerza pública para reubicar a la gente que se encuentra en zonas de alto riesgo y que se nieguen a abandonarlas, medida que fue apoyada por diputados locales y el procurador ambiental del Distrito Federal, Enrique Provencio, al considerar que es preferible esta acción a lamentar la pérdida de vidas humanas.

En nombre del gobierno de la ciudad, Alejandro Encinas, secretario de Gobierno, expresó que el uso de la fuerza pública se decidió luego de que muchas personas que están en puntos de inminente peligro se resisten a abandonar sus viviendas, como ocurrió con la familia que el pasado domingo sufrió el desgajamiento del cerro del Chiquihuite, en la colonia Malacates, con saldo de dos muertos.

Encinas Rodríguez dijo que esas personas fueron notificadas hace dos meses de que tenían que desalojar la zona; sin embargo, se negaron a acatar la recomendación de las autoridades, a pesar de que se les ofreció una reubicación y un apoyo de 3 mil pesos mensuales para pagar renta y pasar la temporada de lluvias; ya luego se buscaría una alternativa definitiva.

El funcionario pidió a las comunidades que habitan en lugares de alto riesgo a hacer caso de esas notificaciones y los abandonen cuando es necesario. "Yo entiendo que la necesidad, la defensa del patrimonio familiar, el tener un lugar donde vivir, es muy importante, pero antes que nada está la defensa de la propia vida.

"La gente tiene que asumir su responsabilidad, tiene que tomar conciencia, tenemos que darles la información para que elaboren su propio juicio, pero en casos extremos sí vamos a reubicar a la gente, incluso con el uso de la fuerza pública."

Al respecto, el presidente de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, de la Asamblea Legislativa, Arnold Ricalde, comentó que año con año la gente que ocupa zonas de alto riesgo sufre las consecuencias, y lejos de detenerse se incrementan las familias que se arriesgan a sufrir la pérdida de sus bienes o sus familiares.

Consideró que a la fecha son cerca de mil viviendas las que están en situación de peligro latente, la mayoría de las cuales se ubican en la delegación Alvaro Obregón, y a pesar de que se les advierte del riesgo hacen caso omiso, por eso "no hay de otra más que usar la fuerza pública para sacarlos, como anunció el gobierno de la ciudad.

"Como es por su propio bien y para evitar que se repitan año con año las muertes de personas se tiene que usar la fuerza pública para retirarlos de laderas y barrancas, pero sobre todo es mejor prevenir, impedir que se instalen en esos lugares, que cuando intenten hacerlo de inmediato se les retire", añadió.

Sin embargo, el procurador ambiental, Enrique Provencio, dijo que ellos han hecho solicitudes específicas a autoridades delegacionales para que retiren a gente que invade áreas de conservación o se instala en zonas de alto riesgo, "pero no se nos hace caso; al menos son 15 casos en que así se ha actuado, pero no se atienden nuestras advertencias".

Entrevistado en la sede de la ALDF, Provencio comentó que las demarcaciones que concentran los mayores asentamientos irregulares de esas características son Alvaro Obregón, Cuajimalpa, Tlalpan, Magdalena Contreras y Xochimilco, y si no queda otra opción para evitar accidentes, se debe recurrir a la fuerza pública para quitarlos.

Aunado a ello, mencionó que debe actualizarse el atlas de riesgo, pues al menos en dos años no se ha hecho nada para tener las cifras exactas de cuántas familias y en qué lugares están en asentamientos irregulares de alto riesgo.