La comisión investigó desde 2001 los crímenes ocurridos en 20 años de guerra interna

El informe de la verdad en Perú contabilizaría casi 25 mil muertos

Hoy se presenta el documento luego de haber escuchado 16 mil 885 testimonios

XIMENA ORTUZAR ENVIADA

Lima, 27 de agosto. La inminente presentación del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) -referido a la guerra interna ocurrida en Perú entre 1980 y 2000- es esperada aquí con diferentes estados de ánimo. Gran parte de la ciudadanía opina que será la confirmación de lo que ya se sabe: que en esos 20 años decenas de miles de personas murieron a causa del terrorismo tanto subversivo como del Estado. Otro sector lo considera un documento indispensable para sentar las bases de una nueva forma de convivencia. Otros tantos afirman que es sólo un acto de revancha política.

El informe de 9 tomos, más anexos, será entregado al mediodía de este jueves al presidente AlejandroToledo y en la tarde a los presidentes de los poderes Legislativo y Judicial, y al Defensor del Pueblo. Al día siguiente se realizará un acto simbólico en Huamanga, Ayacucho, epicentro de la violencia de esos 20 años y cuna de Sendero Luminoso (SL). Desde allí lanzó Abimael Guzmán, fundador de ese grupo maoísta, la insurrección armada más cruenta de que se tenga memoria en este país. El informe tendrá una versión en quechua.

La discusión de estos días referida al tema se centra en determinar si fueron SL y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) o las fuerzas armadas y de orden quienes cometieron más delitos de lesa humanidad.

La verdad, documentada

Antes de ser entregado el informe final, circulan versiones adelantadas de su contenido: el número de víctimas documentadas sería de 24 mil 690, cifra a la que se llegó cotejando datos recabados por la CVR con los de la Defensoría del Pueblo, de las ONG de derechos humanos que concentran su información en la coordinadora nacional sobre el tema y la Cruz Roja Internacional. La cifra aumenta a más de 60 mil al incluir en ella a los muertos no identificados y/o no documentados, calculados con métodos científicos.

Del total de víctimas, 85 por ciento eran campesinos quechuaparlantes (aunque ese no sería en todos los casos su único idioma); 51 por ciento sería responsabilidad de SL; 30 por ciento de las fuerzas armadas y de orden, y el resto no tiene responsables determinados.

Acorde a los datos entregados por las fuerzas armadas, el número de militares y policías muertos es de mil 600.

Trasciende además que el (segundo) gobierno de Fernando Belaúnde Terry (1980-1985), de Acción Popular (AP), habría recibido en los comienzos del trabajo de la comisión un tratamiento especial, dado que Valentín Paniagua -creador de la CVR- milita en él. Sin embargo, reclamos al respecto habrían corregido las omisiones, y los delitos de lesa humanidad cometidos en dicho periodo estarían incluidos en el informe final. Se critica a Belaúnde no haber tomado en cuenta las advertencias acerca del brote terrorista.

Entre mayo de 1982 y mayo de 1985, al menos 80 autoridades regionales, funcionarios y dirigentes políticos de AP fueron asesinados por Sendero Luminoso. AP no aportó estos datos a la investigación; figuran en el libro Acción Popular en la Lucha, del ex senador Sandro Mariátegui. El mayor número de víctimas de AP ocurrió en Ayacucho. Y, por cierto, en igual periodo y lugar murieron miles de campesinos.

Otro "trascendido" es que el mandato de Alan García aparece seriamente implicado en violación de derechos humanos.

El 4 de junio de 2001 -casi al final de su gobierno de transición-, el presidente Valentín Paniagua ordenó crear una Comisión de la Verdad de siete miembros para investigar las violaciones a los derechos fundamentales perpetradas entre 1980 y 2000 por fuerzas del Estado y grupos subversivos, es decir, durante los gobiernos de Belaúnde (1980-85), Alan García (85-90) y Alberto Fujimori (década de los 90). El 4 de septiembre de 2001 -dos meses después de haber asumido la presidencia- Toledo aumentó a 12 los comisionados y modificó el nombre del organismo, que pasó a llamarse Comisión de la Verdad y Reconciliación.

La designación de los comisionados fue negociada por el Poder Ejecutivo con las fuerzas armadas, los partidos políticos, la Iglesia católica, el Concilio Nacional Evangélico y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Representantes de los grupos subversivos fueron excluidos. Familiares de las víctimas también.

Veintiún meses investigó la CVR orígenes, causas y consecuencias de la guerra interna.

Los delitos analizados fueron: desaparición forzada de personas, ejecuciones extrajudiciales, matanzas, atentados terroristas, secuestros, torturas, violencia contra la mujer, violación de derechos colectivos, detenciones y condenas en violación del debido proceso, desplazamiento interno (de personas) a causa de la violencia y violencia contra menores. Visitó 530 distritos de 137 provincias. Escuchó 16 mil 885 testimonios.

La CVR, sin atribuciones judiciales, solicitaría del Ministerio Público acusación penal contra integrantes de los grupos terroristas responsables de crímenes y contra 120 elementos de las fuerzas armadas de culpabilidad comprobada, tanto en retiro como en servicio activo. De ellos, 80 por ciento pertenece al ejército y 20 por ciento a la marina.

Junto con el informe, la CVR entregrá un plan que incluye seis propuestas concretas de reparación moral y económica para las víctimas y/o sus familiares.

Las críticas

Mientras 51 por ciento de la ciudadanía aprueba la labor de la CVR -encuesta de Apoyo, Opinión y Mercado- la mayoría de los partidos políticos hacen pública su desaprobación al respecto. Según los analistas, "esto demuestra el divorcio entre partidos y ciudadanos. La mayoría de ellos se curan en salud, conscientes de que saldrán mal parados en el informe, sea por acción o por omisión", opinan.

Hay quienes critican también los objetivos de la CVR.

El cardenal Juan Luis Cipriani -del Opus Dei- confesó en su homilía del 17 de agosto no entender cabalmente "eso de la reconciliación" y se preguntó si se trataba de abrazarse con los terroristas. En declaración a la prensa propuso postergar la presentación del documento final de la CVR, porque "el país debe tener un clima más sereno para cualquier tipo de informe".

No extrañó su actitud: lo actuado por la Iglesia católica también aparecerá analizado en ese informe.

En reportaje del semanario Caretas se consigna que en un letrero colgado en los muros de su despacho en esa ciudad se leía "Acá no se aceptan reclamos de DD.HH.".

Cipriani llegó a Huamanga en 1988 y estableció de inmediato vínculos con el comando político militar. En 1991 Cipriani quedó a cargo de la arquidiócesis y fue investido obispo de la ciudad. En 1995 se convirtió en arzobispo. En el número 1307 de Caretas declaró: "La Coordinadora de Derechos Humanos, esa cojudez" (esa pendejada). En 1995 defendió la controvertida Ley de Amnistía, posterior al autogolpe fujimorista.

Otros inconvenientes sufrió la CVR. Los organismos del Estado estaban obligados a colaborar con ella. Los porfiados hechos demostraron lo contrario: los medios informativos privados y estatales no difundieron las labores de la comisión porque "no generan audiencia". La cadena TPN -televisión estatal- condicionó la transmisión de las audiencias públicas a un pago previo; tras negociar concedió al tema una hora gratuita: de la 1:00 a las 2:00 de la madrugada.

Las fuerzas armadas se negaron sitemáticamentea colaborar con la CVR en sus investigaciones. El ministro de Defensa no entregó la información pertinente alegando que los respectivos archivos habían sido incinerados. Los grupos subversivos descalificaron a la CVR de inicio por no incluirlos en su conformación. Y no colaboraron.