Alejandro Nadal

Bioseguridad y terror del 11 de septiembre

Se acerca el segundo aniversario de los atentados del 11 de septiembre. Y la industria de la biotecnología en México está aterrorizada. ƑSerá que tiene miedo de un nuevo ataque de Al Qaeda? No. Lo que pasa es que sus voceros y personeros oficiales podrían convertirse en delincuentes ambientales y acabar en la cárcel.

ƑCómo es eso? El año pasado se reformó el Código Penal federal y se introdujo el artículo 420 ter, que impone penas hasta de nueve años de cárcel a toda persona que, contraviniendo la legislación aplicable, introduzca o libere organismos genéticamente modificados (OGM), que alteren o puedan alterar negativamente los componentes o la estructura de los ecosistemas naturales. Se hacen acreedores a sanciones penales no sólo los que directamente liberen OGM al medio ambiente y los dueños de industrias y laboratorios, sino hasta los funcionarios públicos que por negligencia autoricen su liberación.

ƑQué tiene que ver el 11 de septiembre con el Código Penal federal? Ese día entra en vigor el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad (PCB), al cumplirse 90 días desde la quincuagésima ratificación. Como México es parte del PCB, el 11 de septiembre el protocolo se convierte en legislación aplicable y ley suprema de la Unión.

El PCB establece un procedimiento para el movimiento transfronterizo intencional de OGM con el objeto de ser liberados en el medio ambiente. Ese procedimiento obliga a la parte exportadora a informar por escrito a la autoridad nacional competente (del país importador) sobre la situación taxonómica del organismo receptor y organismos parentales, centros de origen y de diversidad genética del organismo receptor, descripción de su hábitat (en que dichos organismos puedan persistir o proliferar); una descripción del ácido nucleico o la modificación introducida y la técnica empleada.

El exportador debe notificar sobre la evaluación del riesgo llevada a cabo de acuerdo con los lineamientos del protocolo. Lo más importante es que éste consagra el principio de precaución: la ausencia de certidumbre científica sobre los posibles efectos adversos de un OGM sobre la diversidad biológica en la parte importadora o en la salud humana no será obstáculo para prohibir dicha importación.

Todo esto quiere decir que a partir del 11 de septiembre, todo tráfico de OGM en el que México sea la parte importadora deberá seguir el trámite establecido en el Protocolo de Cartagena. No sólo eso: hay otros aspectos de ese instrumento que deberán acatarse y que ni las autoridades nacionales ni las empresas de biotecnología desean cumplir. En el primer minuto del fatídico 11 de septiembre se estarán cumpliendo los supuestos jurídicos del artículo 420 ter del Código Penal federal. Especialmente llamativo será el caso del secretario Usabiaga y su coro en la Cibiogem por autorizar importaciones de transgénicos, que saben muy bien están siendo liberados al medio ambiente. No estarán solos.

ƑQué piensan hacer los personeros y amigos del lobby biotecnológico? Aprovechar que en el Congreso frecuentemente se aprueban leyes que permiten violar otras leyes. Por eso se promueve la aprobación fast track en la Cámara de Diputados de la llamada Ley de Bioseguridad (LBOGM), que ya pasó por el Senado.

Son muchos los defectos del documento, pero, en síntesis, la LBOGM es un instrumento para fomentar la biotecnología (más que su control), eliminando las barreras al uso generalizado de organismos genéticamente modificados en México. Entre otras cosas, la LBOGM destruye el principio de precaución reconocido por el Protocolo de Cartagena mediante varios subterfugios, entre los que destaca la simulación de evaluación de riesgos. Y como muestra un botón: el artículo 64 dice que la industria de la biotecnología podrá presentar como evidencia estudios que analicen la contribución de los OGM a la solución de problemas ambientales, sociales y productivos, y la evaluación de los riesgos de opciones tecnológicas alternas para contender con esos problemas. Se abre la puerta a tomar como evidencia las campañas de relaciones públicas de la industria biotecnológica. Las promesas sobre la eliminación del hambre o la ceguera serán de ahora en adelante elementos en el trámite para obtener un permiso. Se ignora el intensísimo debate en la comunidad científica internacional sobre los riesgos de la biotecnología y sus OGM.

La exposición de motivos dice que con esta ley es "innecesaria la aplicación del procedimiento de acuerdo previo fundamentado", establecido en el Protocolo de Cartagena. Este enunciado grotesco es lo que está detrás de la campaña para que los diputados aprueben antes del 11 de septiembre la LBGMO. Con la aprobación de ese monumento a la simulación se busca destruir el Protocolo de Cartagena y hacer improcedentes las sanciones contempladas en el Código Penal federal. La Cámara de Diputados no debe caer en la trampa.