Los mexicanos indocumentados en Estados Unidos carecen del derecho a obtener una licencia de manejo. Eso les impide contratar un seguro e incluso comprar un automóvil. Desde hace unos años, en California, los indocumentados batallan por su derecho a las licencias, con el apoyo de todas las organizaciones latinas. Esta semana, consiguieron un avance. Ahora todo depende de un gobernador acosado

SANTA CRUZ, CALIFORNIA. Andrés Cruz esconde sus ojos tras unos lentes oscuros y se acerca al micrófono para ofrecer su testimonio en la quinta marcha organizada por la United Farm Workers of America (UFW), en favor de que los trabajadores indocumentados puedan obtener licencias de manejo. Cruz se dirige a cientos de trabajadores del campo de la costa central de California.

"Fui a decirles a unos compañeros de las leyes, pues no saben que no deben andar tomando en la calle", dice en su español roto este oaxaqueño de la región triqui. Una noche, hace poco, Cruz caminaba de regreso a su casa, a dos millas de distancia. "Me agarró un cholo y me golpeó (así explica sus lentes negros). Eso nos aquí, ellos pasa por no tener licencia, por andar sin carro", dice.

De entre todas las penurias que sufren los indocumentados en California, una de las más difíciles es no poder manejar. Sin licencia, los inmigrantes no pueden comprar auto ni el seguro que la ley exige, lo que limita sus posibilidades para desplazarse y obtener trabajos mejor remunerados. Incluso los limita para realizar actividades como ir al médico o de compras. Es una cuestión de dignidad, dicen los defensores de los derechos de los migrantes.

"Merecemos el mismo respeto que cualquier otra persona que está en este país", dice Arturo Rodríguez, presidente de la UFW, sindicato que aglutina a los trabajadores del campo. "Si podemos pizcar comida, cuidar niños y limpiar oficinas, también podemos manejar en este país."

Desde 1994, los indocumentados en California perdieron el derecho a obtener licencia de conducir, gracias a las políticas anti-inmigrantes del entonces gobernador Pete Wilson y de un legislador demócrata, autor de dicha ley. Desde entonces, los indocumentados que manejan lo hacen bajo su propio riesgo, exponiéndose a las multas estratosféricas que los legisladores creen les amedrentarán tanto que dejarán de conducir.

Para comenzar, la policía puede confiscar el automóvil de quien maneja sin permiso, vehículo que podrá ser recuperado sólo si el afectado demuestra que en realidad tiene licencia o que la puede obtener en un lapso de un mes, y si paga una multa que ronda los mil 500 dólares, incluyendo cargos de almacenamiento. No sólo eso, manejar sin seguro acarrea una multa de entre 600 y 800 dólares, una infracción que no se puede eliminar acudiendo a la "escuela", como se le llama a los cursos de manejo que los conductores deben tomar para evitar una infracción. Y sin licencia de conducir, no se puede comprar seguro, ni siquiera comprar coche, ya que el departamento de vehículos no registra los automóviles a menos que los propietarios tengan dicho permiso. En fin, que los trabajadores sin papeles no tienen derecho a licencia, ni a seguro, ni siquiera a tener autos. Y el que lo hace se arriesga a recibir multas que podrían llegar a los 2 mil 300 dólares, sin contar la pérdida de su automóvil. Pero eso no los detiene.

Es un hecho que los indocumentados manejan sin permiso de conducir, no sólo en California, sino en toda la Unión Americana, donde sólo unos cuantos de los 50 estados (como Kansas, Maryland, Minnesota, Mississippi, Carolina del Norte, Oregon y Vermont) otorgan permiso de conducir sin exigir documentación migratoria*. Así, las historias de horror se han convertido en leyendas urbanas: todos tienen un amigo, un familiar, un conocido que ha perdido su automóvil. A nivel nacional se estima que un 14% de los accidentes ocurren entre conductores sin permiso y sin seguro médico.

Desgraciadamente, vivir sin conducir en Estados Unidos, donde la presión de las industrias automotrices y llanteras ha impedido el establecimiento de un sistema de transporte colectivo confiable, es estar condenado a la inmovilidad. En la mayoría de las poblaciones, los camiones circulan cada 20, 30 minutos, a veces hasta cada hora; las rutas son tan imprácticas que se debe transbordar dos o tres veces para hacer recorridos de 5 ó 10 kilómetros, lo que resulta en viajes de una o dos horas para recorrer lo que en auto se llevaría 15 minutos. Es una pérdida de la cual los trabajadores no pueden darse el lujo.

"Mi trabajo depende de la licencia", dice Javier Hernández, un oaxaqueño que reparte artículos para restaurantes y que hasta ahora ha evitado perder la licencia por completo, al obtener una extensión que le han renovado cada dos meses. Es un pequeño recoveco en la ley en el que algunos se han escondido. Argumentando que tienen problemas con el seguro, han dicho que necesitan una extensión, y el Departamento de Vehículos les concede una de dos meses. "El día que no me la den, ya no puedo trabajar," dice Hernández.

Cuando la nueva ley entró en vigor, en 1994, los recién llegados fueron los más afectados, ya que a partir de entonces no podrían obtener permiso de conducir. Sin embargo, los miles de indocumentados que habían llegado antes de dichas leyes, personas que habían conseguido las licencias usando los seguros chuecos que se venden en todos los barrios mexicanos, siguieron renovándolas sin ningún problema. Sólo era cuestión de responder a la solicitud por correo, pagar la cuota de 15 dólares, y asunto arreglado. Pero en el 2000, el Departamento de Vehículos comenzó a recibir una lista del Seguro Social que verificaba los números legítimos. Miles de indocumentados que hasta entonces habían manejado con la bendición del Estado, empezaron a recibir cartas que caían como baldes de agua fría: el número de seguro social que usted nos ha dado no concuerda con los datos proporcionados por el Departamento de Seguro Social; no podremos renovar su licencia hasta que proporcione un número válido.

Algunos, como Hernández, han podido seguir consiguiendo un permiso temporal, una tarjeta blanca sin fotografía que puede ser revocada en cualquier momento. La mayoría decide arriesgarse y manejar sin licencia, algunos más deciden dejar su transporte en manos de otros.

Fabiola Heredia iba a dejar a sus niños con la persona que los cuida cuando un policía la detuvo pues se había pasado un alto. Ella desafió al oficial al decirle que manejaba con "el permiso que Dios me ha dado". Su coche fue confiscado. Afortunadamente, se encontraba a unas cuadras de la niñera y pudo llegar caminando. Desde entonces no maneja: su esposo la lleva al trabajo, al supermercado. Para llegar al trabajo a veces toma el camión, un recorrido de dos horas que podría hacerse en 20 minutos en automóvil.

En California, se estima que unos 2 millones de inmigrantes manejan sin licencia de conducir, lo que significa una pérdida de 102 millones de dólares que el Estado podría recibir en permisos, en tenencias, en impuesto a la venta y en verificación de emisiones. Eso sin tomar en cuenta los ingresos que las aseguradoras pierden en primas, los cuales podrían ascender a mil millones de dólares en California, según cálculo de la Asociación de Automovilistas del Estado de California. Al ver este posible negocio escapándose de sus manos, las compañías de seguros han añadido su nombre a la larga lista de organizaciones e individuos que apoyan una propuesta de ley que otorgaría licencias a todos los migrantes.

Desde hace tres años, dicha propuesta rondaba los pasillos de la legislatura estatal. El primer año, la legislación patrocinada por la asambleísta Hilda Solís fue vetada por el gobernador. El segundo año, la propuesta fue aprobada en el pleno de la asamblea días antes de los ataques del 11 de septiembre, un hecho que aseguraba que el gobernador la vetaría, a pesar de la enorme presión que había sobre él. Lo que hizo Gil Cedillo , asambleísta de Los Angeles que patrocinó la medida, fue posponer su envío al gobernador Gray Davis para la siguiente sesión legislativa y aumentar las posibilidades de su aprobación. Pero aunque hizo los cambios que Davis le pidió, ajustes que exigirían que todos los indocumentados se sometieran a revisión de antecedentes penales, entre otras cosas, el gobernador volvió a vetarla. Se rehusó a aprobar la legislación que podría otorgar identificaciones legítimas a posibles "terroristas".

Las cosas comenzaron a cambiar esta semana.

La lucha por devolver a los inmigrantes el derecho a obtener licencias de conducir se ha convertido en una de las batallas más importantes para los latinos del estado, una lucha controvertida en la que, por un lado, se evocan la dignidad y el derecho que los inmigrantes tienen a ganarse la vida; y por el otro se llama a respetar la soberanía nacional y a defender el país contra quienes han traspasado sus fronteras de manera ilícita.

No hay prácticamente ni una organización latina que no apoye la idea de otorgar licencias de conducir a los indocumentados. Organizaciones como el Fondo México-Americano para la Educación Legal, la Liga de Ciudadanos Latino Americanos Unidos y la UFW, han expresado su apoyo incondicional, sabedoras de que, para los inmigrantes, obtener licencias es casi tan importante como obtener una amnistía. A falta de permiso para permanecer en el país, los inmigrantes por lo menos deberían tener la libertad de ganarse el pan dignamente, dicen algunos. Incluso, en las últimas semanas, la UFW ha organizado varias marchas en todo el estado para apoyar la SB60, la propuesta de ley que Cedillo ha promovido.

Pero así como la propuesta cuenta con el apoyo de los sectores pro-inmigrantes, también cuenta con el rechazo incondicional de la extrema derecha, de organizaciones como la Coalición de California para la Reforma Migratoria (CCIR), las cuales quieren evitar a toda costa que los mexicanos sigan invadiendo su "Estado Dorado", aunque esto signifique apoyar a las milicias que acosan a los migrantes cuando tratan de cruzar el desierto en zonas remotas.

"Estos documentos permitieron a los terroristas abordar los aviones para los ataques de 11 de septiembre" dijo recientemente Barbara Coe, directora de la CCIR. "Es una violación de nuestras leyes migratorias, es una ayuda a los criminales", dijo en entrevista con el diario The Sacramento Bee.

Estos días, los refunfuños de Coe y sus aliados parecen caer en oídos sordos en cuanto se refiere al gobernador Davis, quien se enfrentará a un referéndum el 7 de octubre, y necesitará toda la ayuda que pueda obtener. En una manifestación contra su destitución, el gobernador con la reputación más dañada en la historia de California dijo que aprobaría la propuesta, aunque después aclaró a los medios que lo haría sólo si cumple con ciertos requisitos de seguridad, un argumento que ha esgrimado desde la primera vez que vetó una medida similar en 1999. La paranoia sigue vivita y coleando.

Algunos activistas latinos, tradicionalmente demócratas en California, han prometido hacer campaña contra el gobernador de este mismo partido si rechaza las licencias por cuarta vez. Miguel Araujo, coordinador del Centro Azteca de Información, insiste en que le ha advertido a Davis que "si no firma lo de las licencias, vamos a promover la destitución", dice. De cierta forma, sus esfuerzos han dado resultado. Araujo ha trabajado contra Davis desde el año pasado, cuando miles de californianos desilusionados con la forma en la que manejó la crisis energética y el déficit presupuestario firmaron la petición del referendo. Además de su pobre manejo de los asuntos estatales, Araujo se dio cuenta de que el gobernador seguía empeñado en rechazar una de las causas más importantes para los latinos. Con su ayuda y la de muchos republicanos inconformes del sur del estado, el gobernador será el primero en la historia de California en enfrentarse a la destitución .

Otros activistas, sin embargo, prefieren continuar con el cabildeo positivo. José Sandoval, una de las caras más visibles en la lucha por los permisos de conducir, confía más que nunca en que el gobernador esta vez si dará su brazo a torcer.

"Yo creo que esta vez si firma", dice Sandoval en tono confiado. Su cabildeo esta vez parece haber dado resultado. Después de organizar al menos una caravana al mes al Capitolio para abogar por la SB60, la asamblea del estado aprobó por 44 votos contra 30 la legislación, a pesar de las protestas de los republicanos –especialmente Arnold Schwarzenegger, quien busca ser Gobernator– preocupados con la "seguridad" del estado. La propuesta pasó al Senado estatal donde fue aprobada por 23 a 15 votos. Ahora queda en manos del gobernador decidir su suerte.

El senador estatal Gil Cedillo confia en que para estos días el gobernador haya firmado la propuesta. "Hablé con el gobernador y le dije: ‘la situación nunca será totalmente perfecta, han sucedido tantas cosas y ya no podemos esperar más.Tenemos que hacerlo ya.’"

Por su lado, el triqui Andrés Cruz se vuelve a poner los lentes oscuros que le tapan el ojo morado, y espera que Davis se toque el corazón. "Ojalá que el gobernador comprenda la situación de los pobres".
 

* Varios de los autores de los atentados que destruyeron las Torres Gemelas habían obtenido licencias de conducir en Florida, Virginia y Nueva Jersey. Desde entonces, las legislaturas de Virginia y Florida han cambiado sus leyes para limitar su expedición a inmigrantes documentados, y muchos otros estados se encuentran en el proceso de modificar sus leyes en nombre de la seguridad nacional.