Ana María Aragonés

Perspectiva de los derechos humanos para negociar

De acuerdo con las palabras del canciller Luis Ernesto Derbez, el tema de los derechos humanos es prioridad absoluta para el gobierno de Vicente Fox y el próximo 10 de diciembre se dará a conocer el diagnóstico sobre la situación que impera en ese sector en México. Lo que sin duda es loable, siempre y cuando esta posición sea una política de Estado que se haga extensiva a todos los ámbitos del acontecer social, entre ellos -y por supuesto de manera importantísima-, a los migrantes mexicanos. Es insuficiente analizar la situación de los derechos humanos únicamente desde, por ejemplo, el problema de la pena de muerte a connacionales nuestros en Estados Unidos, lo que no quiere decir que no sea un tema sustantivo, por supuesto, pero hay que ir mucho más allá. A la condición de los trabajadores indocumentados, que es la de vivir en el limbo jurídico al no tener un reconocimiento a su persona, como ser humano, a su ser trabajador, ni a su participación en la sociedad, en la que cumple con obligaciones legales tales como pagar impuestos, asistir al trabajo con constancia ejemplar -de ahí su éxito, por cierto-, etcétera, pero, šoh, tragedia!, debido a las leyes antinmigrantes resulta que, a pesar de que están ocupando los trabajos que requiere el país vecino y que los nativos se niegan a ejercer, ese gobierno no los reconoce. Por ello la urgencia de la amnistía o regularización, como más les guste. Se quiere hacer creer que todo se derrumbó después del 11 de septiembre, y sólo habría que recordarles a nuestros vecinos el Acta 1996, de corte no sólo claramente antinmigrante sino contraria a los mexicanos.

La migración mexicana indocumentada a Estados Unidos es una realidad que muchas comunidades receptoras empiezan a aceptar, y por eso más de 100 ciudades, 900 departamentos de policía, 100 instituciones financieras y 13 estados han estado de acuerdo con la matrícula consular. Las cifras son importantes, ya que nos muestran que en 1990 México era el país de mayor peso en Estados Unidos y representaba 22 por ciento de la población nacida en el extranjero. Para el año 2000 los mexicanos alcanzaron 30 por ciento. En relación con la población migrante indocumentada, México es también el país de mayor peso, ya que se incrementó de 2 millones en 1990 a 4.8 millones para enero de 2000. Y lo interesante es que tienen una tasa de empleo que supera no sólo al resto de los latinos sino a los residentes anglosajones y afroamericanos. Pero además de insistir en los factores económicos que hacen necesaria la fuerza de trabajo mexicana en Estados Unidos, hay que sustentar la negociación en la perspectiva de los derechos humanos.

Si bien la migración ha sido siempre un elemento de la internacionalización, en momentos de la globalización se produce -tal como señala Sjover- una extraordinaria interdependencia humana, la universalidad trasnacional, que es la mayor fuerza motivadora de la migración internacional, tanto legal como indocumentada. Por ello, la habilidad para ponerse en el papel del otro es el factor clave que opera en el plano de los derechos humanos y la dignidad humana -igual respeto y preocupación-, principio central de esta visión que debe articularse al fenómeno migratorio. Nuevo momento histórico que requiere nuevos conceptos. Por eso, las leyes migratorias de Estados Unidos, que han sido claramente atentatorias contra los derechos humanos y promueven no sólo el fenómeno de los indocumentados sino las muertes en la frontera, deben cambiar.

Para que la perspectiva de los derechos humanos se convierta en una realidad se requiere del esfuerzo de todos los actores sociales. Entre ellos, muy particularmente, del Congreso mexicano, el que debe dejar la tónica, a veces hasta provinciana, de sus discusiones, y llevar el debate de los migrantes mexicanos a una discusión real, cosa que no ha hecho, pues no ha sido un tópico que le haya supuesto demasiado interés, lamentablemente. Por otro lado, nuestra posición en el Consejo de Seguridad de la ONU debe ser aprovechada para lograr que la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familias sea firmada por Estados Unidos. Y el gobierno mexicano debe hacer extensiva a los migrantes su lucha por los derechos humanos, o se quedará en pura palabrería, y, lo peor, sin ninguna efectividad para los migrantes mexicanos.

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