Emilio Pradilla Cobos

Asistencialismo versus desarrollo social

En su carta al secretario de Hacienda (La Jornada, 3/9/03), Andrés Manuel López Obrador propone los rubros del gasto público a los cuales podrían dirigirse los ahorros logrados con su propuesta de política de austeridad de Estado. Son la simple extrapolación a México de sus acciones en el Distrito Federal, como si el país fuera lo mismo que la capital, pero más grandote. Por ello deducimos que su propuesta, en caso de llegar a ser candidato a la Presidencia, sería igual a la que aplica ahora en el DF, al menos en el ámbito de la política social.

En su propuesta de gasto el primer lugar lo ocupan sus apoyos monetarios a los adultos mayores, insuficientes en monto, carentes de base legal y sin soporte financiero en el largo plazo para un sector de edad cuya proporción sobre el total de la población crece continuamente; el cuarto, la distribución gratuita de medicinas a las familias humildes, categoría indefinida, confusa y más propia del altruismo cristiano que de la ciencia social o política. Los otros dos rubros -educación superior y vivienda- parecerían correctos si no fuera por las particularidades que ha tenido su aplicación en el DF.

Lo que domina en la política social del gobierno capitalino son las acciones pragmáticas, selectivas e inconexas de repartición de apoyos monetarios reducidos a sectores sociales específicos: adultos mayores, discapacitados, hijos de madres solteras, becas a desempleados y microcréditos para "autoempleo" -informalidad-, que son realmente apoyos para la subsistencia diaria. En total, más de 500 mil subsidios al consumo que pueden definir a la política como de estrecho corte asistencialista, compensatoria de los daños causados por el capitalismo salvaje, similar a la impulsada por los organismos financieros multinacionales.

Lejos de las preocupaciones nacionales y locales del jefe de Gobierno se encuentran la creación de empleo estable, bien remunerado y dotado de seguridad social, pues lo que propone y realiza son obras públicas -vialidad y vivienda- que crean empleo temporal mal remunerado y sin seguridad social, y el acceso universal -que incluye a los sectores seleccionados por López Obrador, pero no se limita a ellos- a los bienes y servicios que satisfacen los derechos humanos y sociales básicos (alimentación, agua potable y drenaje, educación de calidad en todos los niveles, salud y seguridad social, vivienda, medio ambiente sano, recreación) garantizados por la ley, por instituciones sólidas y eficientes y recursos suficientes.

Estas políticas de largo plazo -no coyunturales-, aunadas a obras materiales de cobertura universal, como saneamiento ambiental, mejoramiento y ordenamiento de colonias populares, transporte público suficiente y de calidad, y a la aplicación del estado de derecho, la erradicación del autoritarismo y la corrupción, respeto a la diferencia, la pluralidad cultural y étnica, entre otros aspectos, son las que podrían lograr un retroceso de la exclusión y la pobreza que hoy laceran a la sociedad. El pragmatismo asistencial de corto plazo de López Obrador está muy lejos de una política social integrada.

La propuesta de austeridad no puede sustituir a una reforma hacendaria y tarifaria socialmente equitativa, tendiente a solidificar la base tributaria de un Estado democrático y socialmente responsable; lo que necesita el país para elevar durablemente el nivel y calidad de vida de todos los mexicanos supera en más de 50 veces lo que propone López Obrador: reorientar el gasto público federal actual, aunque las propuestas sean justas, no porque Juárez las aplicó, sino porque el México de hoy lo exige.

Garantizar el crecimiento económico sostenido y sustentable con equidad distributiva, el desarrollo social justo, la sustentabilidad ambiental, la democracia participativa real, la soberanía nacional y la igualdad en el sistema mundial requieren de acciones armónicas y simultáneas en múltiples campos, de instituciones que las realicen, de inversión y gasto corriente, de equipo moderno y personal calificado, de mucho más presupuesto público y de su distribución equitativa entre la Federación, los estados y los municipios.

Sólo una planeación estratégica de largo plazo, con amplia participación ciudadana, asumida y aplicada por la administración pública en los tres niveles de gobierno, combinada con un presupuesto plurianual, puede integrar y armonizar todas estas acciones. Lamentablemente el gobierno federal, desde hace cuatro sexenios, y el gobierno capitalino actual, han renunciado al ejercicio anticipatorio y libertario de la planeación, para remplazarla por el libre mercado en el primer caso, o por las decisiones personales, inconexas, publicitarias, regidas por las encuestas de opinión o el pragmatismo político, en el segundo. Para sacar a México del atraso y a los mexicanos de la pobreza hacen falta políticas más elaboradas y complejas que las simplistas propuestas de López Obrador.