La resolución puede y debe ser impugnada, afirma el especialista Mario di Costanzo

Ortega: el amparo a bancos, "atentado" contra el esfuerzo por limpiar el rescate

Lamentan que se proteja a funcionarios involucrados en "uno de los fraudes más grandes"

JOSE GALAN E ISRAEL RODRIGUEZ

La decisión de Alvaro Tovilla León, juez noveno de distrito en materia administrativa, de otorgar amparos a Banamex, Bancomer, Bital y Banorte contra la realización de auditorías a pagarés del Fobaproa, resulta "un atentado" al esfuerzo por limpiar el proceso de rescate bancario y "consiente" el saqueo de las finanzas públicas, afirmó Jesús Ortega Martínez, coordinador parlamentario del PRD en el Senado de la República.

En tanto, Mario di Costanzo, director general de la consultoría Comunal, opinó que la resolución judicial puede y debe ser impugnada por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), para lo cual existen diversas alternativas, entre ellas insistir en que el trabajo realizado por el canadiense Michael W. Mackey no es una auditoría y buscar la manera de conseguir un pronunciamiento en ese sentido del Congreso de la Unión.

El también ex secretario técnico de la comisión investigadora de Fobaproa e IPAB explicó que otra opción sería que el trabajo de Mackey se acepte como auditoría, pero con la aclaración de que está incompleta, porque falta que se asuman y cumplan las observaciones contenidas en todo el reporte, incluidos los bank reports, así como las del ex contralor del IPAB y del auditor superior de la Federación.

Así, en caso de que finalmente el Poder Judicial determinara que las auditorías a las que se refiere el artículo quinto transitorio de la ley del IPAB son las que realizó Mackey, el IPAB está obligado a analizar los bank reports, debido a que forman parte de la auditoría que efectuó el estadunidense.

De esta manera, los bancos carecerían de elementos para ampararse y "usaríamos su argumento de que ya se llevaron a cabo las auditorías y sólo habría que concluirlas".

Destacó que hasta el momento tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se han negado a discutir y admitir la existencia de los bank reports, debido a que de sus conclusiones se desprende que ni Banamex ni Bancomer requerían apoyos financieros gubernamentales. Esto obligaría a descontar completamente los pagarés de capitalización y compra de cartera de Banamex y Bancomer, que ascienden a más de 160 mil millones de pesos.

Di Costanzo Armenta, también asesor del grupo parlamentario del PRD, aseguró que cumplir la ley no generará ningún colapso financiero ni quebranto a los bancos, porque la misma ley del IPAB, en su artículo 28, prevé la posibilidad de apoyar "transitoriamente" a las instituciones que así lo requieran, pero este apoyo es a cambio de acciones, es decir, que en caso de darse el Estado se vuelve "socio" del banco.

La ley del IPAB es un ordenamiento emitido por el Congreso de la Unión, que además de conferirle al IPAB la responsabilidad de ser el "seguro de depósito", en el artículo quinto transitorio también lo obliga a investigar el desempeño del extinto Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) y de los bancos durante los programas de capitalización y compra de cartera para reducir el cuantioso costo del rescate bancario.

Por su parte, el senador perredista sostuvo que con el amparo a las instituciones crediticias "se protege a directivos de bancos y funcionarios públicos que cometieron uno de los más grandes fraudes contra el país".

Ortega Martínez manifestó que el amparo "no es definitivo" y que el IPAB deberá recurrir a otra instancia judicial. "Esto es posible y nosotros lo exigimos. No permitiremos que el fraude del Fobaproa se quede impune por una resolución que motiva sospechas y suspicacias. Es totalmente ilegal".