Durante 22 años varios millones de mexicanos laboraron legalmente en Estados Unidos en condiciones de explotación y, en muchos casos, de semiesclavitud. La historia de los braceros es una cadena de vejaciones, abusos, racismo y discriminación, que se prolonga hasta nuestros días. Aun en el "sexenio de los migrantes", el gobierno se niega a reconocer la deuda histórica con los braceros

PEDRO GRANDE VALENCIAera entonces un joven campesino. La pobreza en que vivía lo impulsó a contratarse 13 veces como bracero entre 1955 y 1966.

Oriundo de Panotla, Tlaxcala, don Pedro relata a Masiosare su experiencia: "La primera vuelta me contraté en La Ciudadela y me fui para Chihuahua. Ahí nos mandaron para Texas en tren como si fuéramos animales. No había asientos y nos sentábamos en la orilla del vagón con los pies colgando debido al calor que hacía con tanta gente, algunos se desbarrancaron y nadie supo de ellos".

A don Pedro Valencia se le llenan los ojos de lágrimas con los recuerdos: "Sufrimos muchos lamentos al ir al norte. En la madrugada llegamos a la frontera y aunque hacía mucho frío nos desnudaron. Nos trataban peor que si fuéramos perros pulguientos. Nos revisaban todo, los ojos, los pulmones, el vientre, nos empinaban y con una lámpara veían si no teníamos almorranas, nos manoseaban para ver si teníamos alguna enfermedad contaminosa. Nos rociaban de los pies a la cabeza con un polvo blanco que olía a creolina".

El campesino asume con orgullo su condición de bracero sobreviviente: "Yo fui a Estados Unidos, pizqué dátil, algodón, fresa, tomate en California, Indiana y Texas. Trabajamos en lo que fuera a pesar de los maltratos. Había compañeros que les picaba el sol y quedaban tirados, les espumaba la boca y ya no se levantaban. Aunque los tendían en planchas de hielo, algunos se morían. Eran jornadas de hasta 17 horas, casi no dormíamos ni comíamos. Estuvimos como soldados peleando con los brazos para alimentar a los vecinos del norte y para llenar la necesidad de nuestras familias".

Integrante de la recién creada Asamblea Nacional de ex Braceros, Grande Valencia explica que "de un tiempo para acá estamos reclamando al gobierno de Vicente Fox que nos pague el 10 por ciento que nos descontaron cuando éramos braceros para un fondo de ahorro –más los intereses– que nunca nos devolvieron. Es un dinero que nos corresponde, lo ganamos, lo trabajamos. Ayudamos a Estados Unidos y levantamos nuestro país porque entró mucho dólar gracias a nosotros".

De la tristeza pasa a la indignación, cierra los puños y mira fijamente: "El gobierno no reconoce esa deuda, pero de no darnos respuesta, le vamos a hacer marchas a nivel nacional. A ver si aguanta que le paralicemos las carreteras del país porque estamos defendiendo nuestro derecho".

El testimonio de don Pedro Grande sintetiza el drama que vivieron miles de ex braceros. Entregaron su juventud en los campos estadunidenses, los gobiernos de entonces nunca se preocuparon por ellos, allá ni acá. Su reclamo actual hace más dolorosa su historia.

Programa Bracero

En agosto de 1942, ambos gobiernos firmaron el primer "convenio de braceros", vigente hasta 1946. Posteriormente, se suscribieron acuerdos similares a lo largo de 22 años (aunque los braceros trabajaron como tales hasta 1966). El convenio de trabajo signado era favorable para los trabajadores mexicanos, pero en la práctica no se respetaba y se daban abusos de todo tipo.

Con el Programa Bracero se contrató en Estados Unidos 4 millones 646 mil 199 braceros mexicanos (Kity Calavita, Inside the State. The Bracero Program, immigration, and the I.N.S. London,1992). Tomando en cuenta que algunos campesinos se contrataron en diversas ocasiones, la Comisión Especial legislativa para los ex braceros, calcula que se involucró a medio millón de mexicanos. Pero según organizaciones civiles que defienden su causa afirman que fueron más de 2 millones. Al no haber cifras oficiales este es un tema a debate.

El primer convenio estipulaba (a propuesta del gobierno mexicano) que a cada bracero se le descontara el 10% de su salario como garantía de su retorno a México. Fuera del acuerdo inicial, los patrones continuaron haciendo el descuento.

El investigador Jorge Bustamante afirma en su libro Migración internacional y derechos humanos (UNAM, 2002) que "la historia de los braceros cobra vigencia no sólo por su reclamo de que les sea devuelto el dinero que les descontaron de sus salarios, sino sobre todo por el contexto en que se da y el debate que hay sobre la necesidad de un acuerdo migratorio entre ambos países". Es una historia de indefensión, de indiferencia de gobiernos pasados y presentes y de indolencia de la sociedad mexicana que nunca protestó.

El robo a los ex braceros

Según el acuerdo bilateral, los fondos descontados eran depositados por los patrones en los bancos estadunidenses Wells Fargo y Bank of America. Hay información que demuestra que parte del dinero fue transferido al gobierno mexicano a través de los bancos de Crédito Agrícola (después Banrural) y del Ahorro Nacional.

El investigador cita el testimonio del embajador Vicente Sánchez Garavito sobre el pago en especie que hizo el gobierno norteamericano al mexicano con el terreno y la residencia de la embajada de México en Washington.

"Después de más de medio siglo, sabemos que tales descuentos en realidad se convirtieron en un dinero que el gobierno de México, por vía de quienes trabajaban en él y para él, les robó a los braceros", asegura Bustamante.

Desde 1999 ex braceros y sus familias demandan a los gobiernos de México y Estados Unidos la devolución de su dinero, más los intereses generados en casi 60 años. Entablaron demandas ante tribunales de San Francisco y Nueva York. El año pasado uno de ellos falló en su contra alegando que había prescrito la causa y que era asunto de otro país. En México, los ex braceros no han encontrado una respuesta del gobierno.
 
 

La ruta del dinero

Sin embargo, el gobierno federal y legisladores de los principales partidos consideran que esa deuda –que puede ascender a varios miles de millones de dólares– es impagable.

La Comisión Especial entregó su informe al Congreso (que no se sabe si se hará público). Quien fuera su presidente, Sergio Acosta Salazar, del PRD, explica que la investigación legislativa encontró que los patrones hicieron el descuento a los trabajadores mexicanos hasta 1966. Una parte de ese dinero fue enviado a México y la otra se quedó en Estados Unidos. Por problemas administrativos en los bancos mexicanos, el gobierno estadunidense decidió suspender los envíos. El Wells Fargo Bank se quedó con algunos fondos y otros fueron a dar al Departamento del Tesoro. Entre 1942 y 46, los legisladores detectaron que Wells Fargo envió cheques certificados a Banrural que nunca entregó a sus destinatarios.

Después de 1946 se siguió depositando el dinero en México, "pero la ruta se pierde por falta de documentos. Hace años supuestamente se procesaron dos toneladas de papel con esa documentación y con el terremoto del 1985 se perdieron los archivos", afirma Sergio Acosta.

Para el ex legislador mexicano, "tanto el gobierno de Estados Unidos como el de México tienen responsabilidad en el asunto. El gobierno mexicano recibía un dólar diario por el envío de cada persona durante ese tiempo (22 años)".

Programa social en lugar de pagar deuda

Sergio Acosta asegura que la Secretaría de Gobernación propuso que sólo reconociera a quienes trabajaron entre 1942 y 46 (y no hasta 1966). Se desconoció la deuda y, de esa manera, se legitimó el fraude. El Congreso acordó elaborar un padrón de ex braceros y aprobar el monto del programa en el presupuesto del 2004. En todo el país se abrieron oficinas para elaborar la lista que operarán hasta el 15 de octubre. Acosta Salazar informa que sólo se han inscrito 4 mil personas.

Sin embargo, como requisito para recibir esa ayuda los ex braceros tienen que firmar un documento en el que renuncian a reclamar sus derechos laborales.

El PRD propuso que se considere la ayuda para todos los ex braceros (de 1942 a 1966). Calcula que son 150 mil ex braceros los que podrían reclamar su dinero. El PRI y el PAN proponen pagos mensuales de 2 mil pesos por ex bracero; en cambio, el PRD sugiere un pago inicial de 15 mil pesos (25%) y mensualidades de 2 mil. Otra diferencia entre los partidos es quién puede reclamar el pago. Para el PRI y PAN sólo lo puede hacer la esposa o viuda, el PRD considera también a los hijos.

"La intención oficial es beneficiar a un máximo de 10 mil ex braceros, así el gobierno de Fox se quiere lavar la manos y decir que ya solucionó el problema", denuncia Acosta.

El ex legislador perredista afirma que "hay una deuda del país con los braceros -’héroes’ los llamó Fox- y las propuestas que hay son insuficientes. El problema es que cualquier investigación tiene implicaciones políticas. En este asunto se han vuelto cómplices el PRI -que no quiere investigar porque se destaparía la corrupción durante su gestión-, el PAN y el gobierno federal que no quieren ir a fondo porque dicen que no hay dinero".

Aunque el gobierno de Fox se comprometió a investigar la corrupción del régimen anterior, en el caso de Banrural no se indagaron los fraudes cometidos por servidores públicos, incluyendo este caso.

Resulta interesante que el pasado 12 febrero, en una reunión de la Comisión Especial con ex braceros, los legisladores solicitaron a éstos el retiro de sus demandas en Estados Unidos para que el gobierno de Fox no gastara más recursos en el bufete de abogados que contrató para defenderse. En la Corte de San Francisco el gobierno mexicano se negó a reconocer la deuda con los ex braceros y respaldó a Wells Fargo para no proporcionar información sobre las personas afectadas y la cantidad que les descontó. "La pelota está entre los gobiernos de los dos países", remata Sergio Acosta.

Pero los abusos contra ex braceros continúan. En algunos estados "hay notarios que están cobrando grandes cantidades para ‘acreditar’ a los braceros sin papeles e incluyen gente que ni siquiera lo fue", denuncia Luz Rivera, de la Asamblea de ex Braceros. También hay denuncias de que algunos líderes están cobrando a ex braceros por "tramitar" que los incluyan en las listas para recibir la ayuda.

Los afectados no aceptan

En cambio, otras como Braceroproa, aceptó negociar con Gobernación integrar a su gente en la lista aunque no trabajó en los años citados.

Sin embargo, Felipe Monroy, de la Alianza Braceroproa de Guerrero, cuestiona: "si a los banqueros les pagaron el Fobaproa ¿por qué a los ex braceros no se les paga lo que es suyo si están más necesitados que los banqueros?"

El ex bracero Florencio Martínez, con enojo, asegura: "Además de las humillaciones y vejaciones que hemos sufrido en el pasado, ahora el gobierno quiere acabarnos de pisotear, burlándose de nosotros. Nos quiere dar una limosna, eso no es justo. Sólo estamos pidiendo nuestro dinero, nada más". Y nada menos.

El Programa Bracero establecía la obligación de los patrones a proporcionar a los mexicanos alojamiento adecuado y alimentación a bajo costo. En la mayoría de los casos ocurrió lo contrario. También se estipulaba que el salario no podía ser inferior al que se pagaba en condiciones normales por esas tareas. Casi siempre se les pagaba menos que a los locales.

En 1958, el doctor Ernesto Galarza escribió “Trabajadores mexicanos en tierra extraña”, una investigación donde demostró que los convenios de braceros fueron, en la práctica, instrumentos para mantener la misma explotación que sufrían los trabajadores migratorios nacionales en Estados Unidos, muchos años antes de firmarse el primer convenio en 1942 (citado por Jorge Bustamante en Migración internacional y derechos humanos).

El doctor Galarza recorrió los campos de trabajo estadunidenses y denunció que los mexicanos habían sido despojados de todos sus derechos civiles y laborales. En ese tiempo hizo varias recomendaciones al gobierno mexicano, pero éste cerró los ojos para no enemistarse con su vecino.

Uno de los testimonios recogidos por Ernesto Galarza señala: “No creo que a los ‘espaldas mojadas’ se les trate peor que a los braceros. Yo he sido ‘espalda mojada’ y esta vez vine contratado debido a las garantías que daban y no era verdad, pero nadie se atreve a protestar por miedo a ser devuelto a México”.

“Los convenios de braceros –escribe Jorge Bustamante– sirvieron para legitimar y perpetuar las condiciones de explotación bajo las cuales fueron tratados, tanto braceros en el pasado como los trabajadores indocumentados en el presente”. Eso incluye el racismo, la discriminación y los abusos de todo tipo.

Los patrones cambiaban el salario a su arbitrio; llegaban a deducir hasta 70 centavos por cada dólar ganado por los mexicanos. Les descontaban el seguro, pero si enfermaban no los atendía ningún doctor. Además, les cobraban 20 dólares por envíos de cuando mucho 80 dólares semanales.

Cuenta Francisco Vázquez Ramírez, originario de San Luis Potosí: “Trabajé durante tres años y nunca cumplieron el contrato, nos tenían en barracas techadas con lámina y muchos hasta lloraban del frío. Nos daban cobijas viejas y colchones sucios. El patrón nunca nos dio alimentación. Nos juntaban de ocho braceros para cocinar y terminábamos de cenar a las 12 de la noche. La jornada de trabajo era hasta de 17 horas y nunca pagaron el tiempo extra. Sufrimos bastante, los mayordomos nos maltrataban y muchos mejor lloraban para no perder la chamba. Era una humillación muy fea, nos trataban como animales, nunca hubo dignidad para nosotros”.

Ricardo López estuvo 13 veces, de 1957 a 1965. Aún recuerda su experiencia en Stockton, California: “Entrábamos a trabajar a las cinco de la mañana y salíamos a las 12 de la noche porque los gringos no querían perder la lechuga. Sólo una vez por semana usábamos las camas porque cenábamos a media noche y hacíamos fila tapados por el cobertor porque a las tres de la mañana ya estaba tocando el riel para el desayuno. Así estuvimos seis mil braceros en ese campo. Parecía que nos había vendido el gobierno porque hacían con nosotros lo que querían. Eramos como sus esclavos”.