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México D.F. Domingo 21 de septiembre de 2003

Andrés Manuel López Obrador ofreció todas las facilidades para la revisión del caso

Familiares de Digna Ochoa impugnarán dictamen de la fiscalía sobre suicidio

"Si los recursos de inconformidad tienen argumentos, se analizarán": Bátiz Vázquez

ANGEL BOLAÑOS, MIRNA SERVIN, ALFREDO MENDEZ
Y ANGELES CRUZ

Mientras José Antonio Becerril, abogado de la familia Ochoa y Plácido, informó que la próxima semana presentará ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) un recurso de inconformidad contra la resolución de la fiscalía especial que determinó que Digna Ochoa se suicidó, el jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador ofreció todas las facilidades para que los parientes de la defensora de derechos humanos recurran a las instancias que consideren convenientes y se revise el caso hasta su entera satisfacción.

López Obrador afirmó que el expediente sigue abierto, pues aunque la PGJDF resolvió el no ejercicio de acción penal, todavía existen otras vías legales de impugnación, como el amparo.

El jefe de Gobierno del DF calificó de comprensibles los reclamos de la familia, porque no es fácil para nadie aceptar que un ser querido se haya suicidado, tal como concluyó la fiscalía especial creada para la investigación de la muerte de Digna Ochoa y Plácido. "Por eso lo mejor es mantener abierto el caso para que otras instancias, las que considere la familia, los amigos, gente de organizaciones sociales, puedan también intervenir, conocer todo, pero no decir cosa juzgada y no hay ya nada que hacer; nosotros estamos en la mejor disposición de dar todas las facilidades".

Para el abogado Becerril resulta inverosímil la tesis de que Digna Ochoa se haya quitado la vida, por lo que en su momento, dijo, presentará nuevos elementos para probar que su cliente fue asesinada. Hasta ayer, el litigante sólo había recibido los puntos resolutivos de la Coordinación General de Agentes del Ministerio Público. El lunes recibirá una copia del dictamen final, indicó.

En tanto, Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), señaló que la ratificación de la Coordinación de Agentes del Ministerio Público "fue una nota de fin de semana que pasó por alto" la voluntad política que había mostrado el procurador Bernardo Bátiz para esperar la evaluación que sobre la investigación judicial realizan organismos de derechos humanos.

Señaló que de ese análisis se desprende, hasta el momento, que las líneas de investigación no están suficientemente agotadas, entre otras, la posible responsabilidad de militares en la muerte de Ochoa y Plácido. Ramírez explicó que en la indagatoria faltó precisar el porqué de la presencia de miembros del Ejército en la zona de Guerrero donde se encontraba Digna Ochoa. Una de las hipótesis de la averiguación era que su trabajo de defensa de los derechos humanos en esa zona podría haber sido el móvil del homicidio, recordó.

Por su parte, el procurador Bernardo Bátiz Vázquez dijo que "si los recursos (de inconformidad) se interponen con argumentos válidos, se analizarán y si hay algo que se tenga que repetir, se hará".

Sobre la fiscalía especial que se creó para el caso, el abogado de la ciudad informó que se reducirá al mínimo sin desaparecer, con el fin de dar seguimiento a la demanda de amparo.

Bátiz negó que la procuraduría tenga urgencia por cerrar el caso. Se ha empleado el tiempo necesario, primero con la investigación a cargo de Renato Sales, pero "ante la crítica y el señalamiento de que era necesario repetir muchas de las diligencias" la procuraduría designó a Margarita Guerra como fiscal especial.

El funcionario aseguró que la fiscal tuvo toda la libertad para hacer su trabajo sin ninguna injerencia y llegó a la misma conclusión que se dio a conocer inicialmente: la del suicidio. "Nos tomamos el tiempo necesario. No tenemos prisa aunque sí quisiéramos concluir", admitió el procurador, y agregó que todos los datos contenidos en la averiguación previa son objetivos y comprobables. Estuvieron a la vista de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de los mismos coadyuvantes", apuntó.

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