Uno de los objetivos centrales de Católicas por el Derecho a Decidir es defender los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres. Nos identificamos con la definición de los derechos reproductivos que está integrada en el artículo 4º de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y que se amplió y aprobó en la III Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo celebrada en El Cairo, Egipto, en 1994, pero agregamos a este concepto el derecho de las mujeres a la interrupción de un embarazo que no desean. Acompañamos a las mujeres que se han visto enfrentadas a esta difícil decisión, convencidas de que si han seguido los dictados de su conciencia, han tomado una decisión moralmente válida.

El aborto, la interrupción de un proceso relacionado directamente con la vida humana, no puede ser considerado como bueno en sí mismo. Cierto, pero la continuación de un embarazo que muy probablemente representará una amenaza para la vida física y mental de la mujer, de la pareja, de la familia e incluso de la sociedad, no puede tenerse por deseable. Se trata entonces, como muchas otras cosas de la vida, de un serio dilema ético, de un conflicto de valores en el que será necesario reducir los perjuicios al mínimo recurriendo a la regla del "mejor camino".

A ninguna mujer le gusta abortar. El aborto es un dilema ético en el que las mujeres ponen en consideración todos los factores a favor y en contra de traer una criatura al mundo. Y generalmente toman la decisión en función del bienestar de sus otros hijos, de su familia, de otras personas. Las mujeres deciden de acuerdo con los dictados de su conciencia. La conciencia es el recinto más íntimo en el que las personas se relacionan con Dios si así lo deciden. Las decisiones tomadas a conciencia son moralmente válidas, aun si contradicen las enseñanzas de la Iglesia católica.

La realidad nos indica que abortan muchas mujeres --entre ellas un alto porcentaje de católicas--, y las poco confiables estadísticas hablan de números cuando menos escandalosos, y lo seguirán haciendo, aun a riesgo de morir, mientras no sea posible realmente evitar embarazos indeseados.

Consideramos que el aborto es la punta del iceberg de la situación de opresión y desigualdad que hemos vivido las mujeres por veinte siglos. Y que practicado en condiciones de ilegalidad constituye un problema de justicia social --pues las que mueren son las mujeres pobres-- y de salud pública --por su gran incidencia y los altos costos que genera atender las complicaciones del aborto clandestino--, que debe ser entendido, legislando para que las mujeres puedan acceder a este servicio en las mejores condiciones humanas y técnicas.

Las mujeres tenemos el derecho a decidir, el Estado tiene la obligación de garantizar este derecho.

Por la vida de las mujeres, aborto legal y seguro.