Perderá el derecho a voto en el Legislativo vasco

Luz verde de tribunal para disolver el grupo parlamentario abertzale

GARA Y AFP

Madrid, 2 de octubre. La sala especial 61 del Tribunal Supremo español declaró el miércoles anterior nulos de pleno derecho cinco acuerdos adoptados por la mesa directiva del Parlamento vasco, gracias a los que se impedía la ejecución de una sentencia de esa instancia judicial para disolver el grupo parlamentario Sozialista Aberzaleak, y se reconoce el derecho de dicha coalición a percibir subvenciones.

En su auto, el tribunal señala que anula dichos acuerdos por "contravenir el derecho a la tutela judicial efectiva y hallarse encaminados a impedir la ejecución de la sentencia de ilegalización de Batasuna".

Además, el alto tribunal adelantó posibles actuaciones contra sus responsables al indicar que la invalidación de los acuerdos "no obsta a las responsabilidades de todo orden, en las que pudiera haberse incurrido por los miembros de los órganos autores".

Las anulaciones decretadas por el Tribunal Supremo español, según la resolución, "se fundamentan en el artículo 6.3 del Có-digo Civil, que establece que los actos contrarios a las normas imperativas son nulos de pleno derecho".

Se agrega que los actos de la Cámara vasca que resultaron invalidados "se asentaron en una pura toma de posición política encaminada a impedir la materialización de la disolución" del grupo abertzale (nacionalista).

La resolución que hoy se difundió fue solicitada por la Abogacía del Estado, y la Sala Especial del Tribunal dio a conocer su decisión de anular los autos después de sólo tres horas de deliberar.

Los documentos anulados incluyen una propuesta de la mesa directiva del Parlamento vasco, adoptada el 5 de junio anterior, para reformar el reglamento de la Cá-mara, debido a que en este organismo no se contempla la posibilidad legal de disolver un grupo parlamentario.

Asimismo, se anuló un oficio del presidente del Parlamento, Juan María Atutxa, en el que se indica la imposibilidad de disolución y un acuerdo de la mesa directiva en el mismo sentido.

La Fiscalía General del Estado inclusive presentó en su momento una querella contra Atutxa por negarse a cumplir las órdenes del tribunal Supremo.

Así, ya nada impide que Sozialista Aberzaleak deje de formar parte del grupo parlamentario, sin derecho a subvenciones y sin derecho a votar en el Parlamento vasco en favor del plan político del presidente regional, Juan José Ibarretxe, quien la semana pasada propuso un plan para convertir a Euskadi en un Estado "en libre asociación" con España, en el que se reconoce que hay un pueblo vasco con derecho, entre otras cosas, a administrar su recaudación fiscal.

El gobierno conservador del presidente José María Aznar consideró "rupturista" el proyecto del lehendakari.

Por otra parte, diputados españoles mayoritariamente conservadores aprobaron un "endurecimiento" de la Ley de Extranjería impulsada por el gobernante Partido Popular, de derecha.

La reforma, la tercera a la Ley de Extranjería vigente desde 2000, pretende simplificar los trámites administrativos para la inmigración legal, ordenar los flujos migratorios y reforzar las medidas para combatir la inmigración irregular, incluyendo una serie de exigencias a transportistas y compañías aéreas.

Sin embargo, según la entidad antirracista SOS Racismo, la norma -que entrará en vigor en enero si el Senado español no introduce algún cambio- provocará más de lo mismo: "explotación laboral, exclusión social y racismo".

La reforma, aprobada en el Congreso de los Diputados por 254 votos a favor, 14 en contra y 12 abstenciones, contó con el respaldo de los diputados del Partido Popular -que tienen mayoría absoluta en la Cámara-, del Partido Socialista Obrero Español y de la minoritaria Coalición Canaria.

Sus pares de Convergencia i Unió (nacionalistas catalanes) se abstuvieron y la rechazaron los legisladores de la coalición Izquierda Unida (pro comunista), Partido Nacionalista Vasco y Grupo Mixto.

Entre las principales medidas figuran convertir el visado en permiso de trabajo y/o residencia, aunque según entidades de inmigrantes el obstáculo radica en que los candidatos a la inmigración legal hacia Es-paña deberán contar previamente con un contrato de trabajo.