CIUDAD PERDIDA

Miguel Angel Velázquez

Caso Miguel Hidalgo: posible delito del TEPJF

LOS CUATRO jueces que validaron la ilegalidad del proceso electoral en la delegación Miguel Hidalgo cometieron un probable delito tipificado en el Código Penal Federal, y por ello podrían hacerse acreedores a penas que van de dos a 14 años de prisión, multa de 300 a 500 veces el salario mínimo diario vigente en el DF, y a la destitución e inhabilitación de dos a 14 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

PARA QUE se entienda bien, el fallo de los cuatro magistrados, que encabezó la señora Bertha Navarro Hidalgo, fue resultado de hechos que no habían sido probados como ilegales por el Tribunal Electoral del DF.

EL ASUNTO parece muy enredado, pero se puede explicar si decimos que se juzgó sin pruebas y que ello puede resultar en la comisión de un ilícito por servidores públicos.

DICE EL título 11 del Código Penal Federal, que se refiere a los delitos cometidos por servidores públicos, en el artículo 225, inciso VI: "Dictar, a sabiendas, una resolución de fondo o una sentencia definitiva que sean ilícitas por violar algún precepto terminante de la ley, o ser contrarias a las actuaciones seguidas en juicio o al veredicto de un jurado, u omitir o dictar una resolución de trámite, de fondo o una sentencia definitiva lícita, dentro de los términos de la ley".

DE ESA forma, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dictó la sentencia que dejó sin efecto la sentencia dictada por el tribunal del DF, tomó como "prueba sobreviniente" la investigación realizada por el Instituto Electoral del DF sin que esa misma investigación fuera dictaminada por los magistrados locales.

POR TANTO, se corre el riesgo de que el Tribunal Electoral del DF dictamine que no existió rebase en los gastos del PRD, o bien que no se cumplió en la investigación, al pie de la letra, con lo que manda el Código Electoral del Distrito Federal.

La semana que entra, muy probablemente, el Tribunal Electoral del DF pueda tener un fallo sobre este caso, y también muy probablemente regrese al instituto electoral la investigación realizada, por algunas fallas en la misma.

SI ESTO fuera así, el TEPJF habría cometido un ilícito al dictar, a sabiendas, una resolución de fondo cuando no tenía, digamos en firme, las pruebas que la sustentaran.

ES CLARO que la investigación de este asunto fue apresurada, porque la toma de protesta de Fernando Aboitiz estaba encima y ante ese hecho consumado no podía hacerse nada.

TAMBIEN ES cierto que la indagatoria sobre los gastos realizados por el PRD se aceleró por el mismo motivo, pero todo indica que el Código Electoral del DF sólo permite el apresuramiento cuando se trata de un partido y candidato ganadores. El tratamiento para quien va detrás debe cumplir con los tiempos de ley.

DE ESA forma, los magistrados del tribunal electoral local podrían echar a perder el numerito que montaron cuatro magistrados del TEPJF y las consecuencias de esto podrían ir mucho más allá de lo que se piensa.

LAS COMPLICACIONES apenas empiezan, y la próxima semana estaremos en condiciones de platicarles hasta dónde se llegó en la ilegalidad convertida en gobierno. Nos vemos.

ciudadperdida

[email protected] [email protected]