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México D.F. Domingo 5 de octubre de 2003

Señala el Centro Fray Bartolomé violaciones a los derechos humanos en Chiapas

Preocupa a ONG conflicto entre junta de buen gobierno y organizaciones sociales

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de Las Casas, Chis., 4 de octubre. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) manifestó "su preocupación" por el conflicto en el que "se han visto involucrados la Junta de Buen Gobierno Hacia la Esperanza y las organizaciones CIOAC-Histórica y CIOAC-Independiente".

"A partir de la documentación recabada por este centro, se puede hablar de que el origen de este conflicto se generó por el abuso de confianza realizado por Armín Morales Jiménez y Salomón Hernández Cristiani, quienes vendieron, sin autorización del propietario Gilberto (llamado Rigoberto por los indígenas) Hernández Guillén, una camioneta para saldar una deuda contraída con anterioridad. Este error fue admitido ante personal del CDHFBC por ambos involucrados y por el padre de Armín".

Gilberto Hernández intentó interponer su denuncia ante el Ministerio Público (MP) de Comitán, que le exigió 6 mil pesos como condición para recibirla. "Frente a ese hecho de corrupción, Hernández acudió con las autoridades del municipio autónomo Tierra y Libertad", que iniciaron investigaciones y consideraron necesario detener el vehículo, "para después tomar la palabra de los actores involucrados".

Las autoridades de los municipios autónomos Tierra y Libertad y San Pedro Michoacán citaron a las partes, con la presencia de los miembros de la Junta de Buen Gobierno Hacia la Esperanza. "Después de un proceso en el que cada parte dio su palabra y propuestas de solución al conflicto, llegaron a un acuerdo, en el cual Armín Morales queda bajo la responsabilidad de la Junta de Buen Gobierno en La Realidad, mientras que su padre, Absalón Morales (miembro de la CIOAC-Histórica), consigue la cantidad de 80 mil pesos para el pago de la camioneta".

El acuerdo no se cumplió, ya que Absalón denunció ante el MP de Las Margaritas la detención de su hijo e hizo intervenir a la CIOAC (Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos) oficial, cuyos miembros secuestraron a cinco personas de la fracción independiente y dos bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), "con el objeto de ser intercambiados por Armín".

Miembros de CIOAC-Independiente pretendieron interponer una denuncia por privación de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro ante el Ministerio Público de Las Margaritas, el cual se negó a recibirla, y acudieron al MP de Comitán, que le da cauce legal. Dos días después fueron presentados ante la Subprocuraduría de Justicia Indígena los cinco independientes, de los cuales cuatro fueron liberados.

Uno de ellos, Vicente Calvo Gómez, actualmente se encuentra consignado y recluido en el Cereso número 5, como resultado de la denuncia presentada por Absalón Morales.

A su vez, los dos zapatistas permanecieron secuestrados durante seis días. En sus testimonios afirman que estuvieron "en condiciones infrahumanas, presionados y amedrentados por José Antonio Vázquez Hernández, secretario de Finanzas, y Miguel Vázquez, secretario general de la CIOAC-Histórica", refiere el CDHFBC. "Asimismo, pudieron ver al diputado perredista Luis Hernández Cruz y al presidente municipal de Las Margaritas, Jorge Luis Escandón Hernández, en las operaciones de traslado y confinamiento".

Finalmente las bases de apoyo zapatistas fueron "liberadas en un acto público en Comitán y entregadas a personal de este centro, que actúa en calidad de facilitador por petición de las partes", prosigue el documento.

El CDHFBC constató las siguientes violaciones a los derechos humanos: "al derecho a la protección judicial; a la seguridad e integridad personal; a las garantías judiciales; corrupción, intimidación, amenazas, tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes; detención arbitraria e ilegal, perpetrada por los MP de Comitán y Las Margaritas, el presidente municipal de Las Margaritas, la Subprocuraduría de Justicia Indígena y el diputado Luis Hernández Cruz, en contra de miembros de CIOAC-Independiente, bases de apoyo del EZLN y el señor Gilberto Hernández".

Por su parte, agrega el CDHFBC, "las autoridades autónomas y la Junta de Buen Gobierno han actuado combinando el sistema de derecho indígena y el positivo mexicano. Sin embargo, apegándonos a los principios fundamentales de derechos humanos, es importante señalar que las condiciones en que se encuentra Armín son inadecuadas, por lo que este asunto está siendo ya tratado con dichas autoridades".

En conclusión, el CDHFBC hace un llamado a las partes involucradas en el conflicto "a privilegiar el diálogo para llegar a un acuerdo satisfactorio para todos"; a las organizaciones sociales involucradas en el conflicto entre particulares, a que "generen condiciones que permitan una solución consensuada del problema", y a todas las autoridades implicadas, para que "actúen con responsabilidad, apego a derecho y respeto a los derechos humanos".

El CDHFBC declara: "En la medida en que no se reconozcan los sistemas normativos de los pueblos indígenas, se seguirán propiciando problemas de este tipo, que vulneran los derechos y justas demandas de éstos, debilitando aún más el tejido social". El centro aclara que interviene en este proceso "a petición de todas las partes, a las que seguiremos escuchando, comprometidos en la búsqueda de una solución que reconozca los sistemas normativos de los pueblos indígenas en su proyecto de construcción de autonomía".

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