Posible fraude por casi $35 millones en venta de derechos de apartado en la Plaza México

Propone Akabani que Herrerías Olea y matadores firmen contratos ante notario

Si el empresario incumple al aficionado actuaremos en consecuencia, advierte el delegado

ENRIQUE MENDEZ

Para evitar que se repitan las irregularidades detectadas en la venta de derechos de apartado en la Plaza de Toros México -que constituyen un posible fraude a los aficionados por casi 35 millones de pesos por dos temporadas-, el jefe delegacional Fadlala Akabani propuso al secretario de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas Rodríguez, que los contratos del empresario Rafael Herrerías Olea con los matadores se firmen ante un notario público.

"A la delegación [Benito Juárez] corresponde cuidar los derechos de los vecinos, pero también de los aficionados. Vamos a vigilar que el empresario cumpla con lo que prometió a los aficionados, y si hace cosas fuera de lo que tiene permitido en la licencia, entonces actuaremos en consecuencia", expresa Akabani en entrevista con La Jornada.

Durante las temporadas 2001-2002 y 2002-2003, Herrerías Olea anunció la presentación de matadores de primer nivel. Para la celebrada a finales del año pasado vendió como parte del elenco al español José Tomás Román Martín, y para obtener de la delegación la autorización para el canje anual de los derechos de apartado, presentó sendos contratos que resultaron falsos.

"Sangre 100 por ciento española"

José Tomás, al igual que el matador Leonardo Benítez, mediante su apoderado Enrique Martín Arranz, se presume que nunca se comprometieron a participar en la temporada grande. Tampoco había contratos con las ganaderías de Manuel Martínez, San Francisco de Asís y de Santa María de Xalpa -anunciada como de "sangre 100 por ciento española"-, pero se les presentó como parte del cartel.

Los tenedores de derechos de apartado se sintieron defraudados y, mediante el abogado Enrique Fuentes León -también representante de Arranz-, interpusieron una querella ante el procurador General de Justicia del Distrito Federal, Bernardo Bátiz, por el engaño, y solicitaron desde el 30 de abril de este año, se girara orden de aprehensión "en contra de quien resulte responsable".

El representante legal detalló que la firma apócrifa de Arranz, para vender el derecho de apartado, se utilizó "para beneficios económicos particulares, puesto que no se traduce únicamente en la falsificación de un contrato, de una firma, sino que existe ya como un medio delictivo para obtener un lucro".

En la denuncia, Fuentes León explicó que para cada una de las dos temporadas se vendieron casi 18 mil derechos de apartado, con un costo individual de entre 750 y 2 mil 500 pesos, lo que entre 2001 y 2003 significó para la empresa un ingreso calculado en 35 millones de pesos.

La presentación, en el elenco de la temporada 2001-2002, del nombre del matador José Tomás, considerado "matador de toros de primera línea, o sea una primerísima figura del toreo" -indica el documento-, motivó "una desmedida demanda de derechos de apartado", lo que para la empresa constituyó un ingreso de casi 17 millones de pesos "adquiridos e ingresados a las arcas de Plaza México, SA de CV".

Román Martín no tenía contrato con Herrerías y, por tanto, no se presentó. El abogado del matador y de su representante refiere que en la delegación Benito Juárez a Arranz "se le ha negado que dentro de sus archivos se cuente con el contrato previo que la ley dispone para hacer su anuncio", con lo cual se demuestra "que resultaba ilegal, por parte de la delegación, el haber permitido y consentido el anuncio en los diferentes medios de información, el que la empresa ostentara la representación de dicho matador, sin existir un contrato, un consentimiento y un conocimiento de José Tomás".

La denuncia de los tenedores de derecho de apartado, que se integró a la averiguación previa FDF/T/51302-05 que desarrolla la Fiscalía Central de Investigación para Delitos Financieros de la procuraduría capitalina, refiere que "no obstante el primer engaño y con reiterada actitud engañosa", Herrerías volvió a incluir al español en el calendario de corridas de la temporada 2002-2003.

Supuestamente se presentaría el 19 de enero y el 2 de febrero de este año, pero como tampoco se le contrató formalmente, simplemente no llegó a la plaza.

La querella señala: "Lo que resultó a la postre como un acto incierto, fraudulento, producto de engaño tanto para los titulares del derecho de apartado como para el público general taurino, los que asistieron a la Plaza México en tales fechas, pagaron su derecho de apartado, cubrieron el precio de sus boletos y se dieron cuenta del fiasco fraguado por la empresa de la Plaza México, SA de CV, en el que se recibieron casi 18 millones de pesos, ya que sustituyó por algún otro matador de toros de menor jerarquía y calidad" que José Tomás.

Así, concluye, el empresario "recibió en forma ilegal, bajo el señuelo o el engaño de la presentación" del matador entre 17 y 18 millones de pesos en las dos temporadas.

Como define el segundo párrafo del artículo 17 del Reglamento Taurino para el Distrito Federal, Herrerías estaba obligado a devolver el dinero. El ordenamiento señala: "En caso de incumplimiento de los compromisos contraídos al anunciar el elenco del derecho de apartado, la empresa, con aprobación de la delegación, devolverá el importe correspondiente a la parte proporcional incumplida".

El empresario ofreció a los titulares de las tarjetas "comprar el derecho de apartado", pero -según la querella- incumplió.

Fuentes León acusó que, con su actitud "complaciente e indolente" no sólo se perjudicó a los tenedores de los derechos de apartado, sino que al falsificar los contratos causó "un daño directo al erario del Distrito Federal".

Para reforzar que se habían falsificado otras firmas, el 12 de agosto pasado, el secretario de la Nueva Agrupación de Matadores y Rejoneadores de España, Iñigo Fraile Jiménez de Muñana, envió una carta a la Comisión Taurina con copias de las firmas auténticas de cinco apoderados de los matadores españoles Enrique Ponce, Juan Serrano Finito de Córdoba, Antonio Ferrera, Julián López El Juli, David Fandila El Fandi y del rejoneador Fermín Bohórquez, todos incluidos en el elenco de la temporada 2002-2003.

Recuperar el callejón

La delegación Benito Juárez inició un proceso administrativo por esas irregularidades, pero el cambio de administración heredará a Fadlala Akabani la decisión de cancelar o ratificar la licencia a la empresa por haber falsificado los documentos.

Entrevistado en su oficina de campaña, el lunes 21 de septiembre, el nuevo delegado revela que, para evitar que eso vuelva a ocurrir, le propuso a Encinas que los contratos se firmen ante un notario público, que corrobore las firmas de los matadores o sus representantes y certifique la autenticidad de su contenido, y que en ellos se establezcan claramente las condiciones de su cumplimiento.

-¿Y qué le respondió?

-Que lo va a analizar.

-En el ambiente taurino se conocen las presiones de Herrerías a matadores, a la Comisión Taurina, al propio juez de plaza. ¿Usted lo conoce?

-No.

-¿Y qué esperaría de una relación con él?

-Como la de cualquier empresario: que cumpla con la Ley de Establecimientos Mercantiles y su licencia, simple y sencillamente.

"No lo tenemos que tratar como a alguien que esté considerado ni para bien ni para mal. Simple y sencillamente es un empresario más que debe observar la ley."

-Entonces usted no se dejará presionar...

-Yo no sé para qué me va a presionar de qué.

-¿Y qué va a hacer para que se cumpla la ley?

-Lo que nos corresponde: primero, el acceso a la prensa y la acreditación de los reporteros lo determina y extiende la delegación, no el empresario.

"Segundo: el acceso de las personas al callejón lo determina la delegación, no el empresario. El día que suceda un accidente con una persona no autorizada, que no tenga nada que hacer ahí, la responsable será la delegación y, por tanto, tenemos que vigilar que se aplique perfectamente nuestra autoridad en la materia. Solicitaremos el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública para tal efecto.

"Y, por último, revisaremos que los contratos cuenten con los elementos que garanticen su cumplimiento a los aficionados."

-No puede haber un empresario por encima de la delegación.

-¡Por supuesto que no! No puede haber ningún ciudadano por encima de la ley.

"A mí lo único que me interesa es que las cosas salgan bien. Sí, que haya fiesta de toros, que los aficionados cuenten con ese espectáculo, que tengan lo que se les promete y todo en beneficio de quienes trabajan, viven y disfrutan de la fiesta brava."

Pequeña cava

En la cuarta novillada, el domingo 21, un toro de La Playa se saltó dos veces la barrera y entró al callejón, que debe ser una zona de seguridad, pero que se ha convertido en área de esparcimiento. Akabani recuerda el incidente, a propósito del control que busca reasumir del callejón, cuyo acceso controla personal de Herrerías Olea.

El nuevo delegado delimita: "Ese cuerpo de seguridad es del establecimiento y no puede estar por encima de la autoridad". Las autoridades de la plaza, los ganaderos, los matadores, los subalternos saben que en el callejón hay una pequeña cava.

Las tardes de toros ahí se bebe alcohol. Marcos, Marquitos, el chofer de Rafael Herrerías Olea, se encarga de servir las cubas, las reparte e inclusive extiende algunas a los amigos en la primera fila.

El delegado panista sostiene: "Eso se acabó".