Denunciaron que se desvían recursos para el pago de deudas interna y externa

Universidades públicas de AL demandan a sus gobiernos no reducir financiamientos

Proponen crear un frente latinoamericano para defender sus derechos a escala regional

KARINA AVILES

Las 30 universidades más grandes de la región latinoamericana emitirán un pronunciamiento para exigir que el financiamiento estatal no esté sujeto a las políticas de los gobiernos en turno, así como demandar la reorientación de la inversión pública, ya que los recursos son "drenados" a otras partidas sin beneficio social, como el pago de las deudas internas y externas, y reclamar la garantía de que no disminuirá el gasto a estas instituciones mediante un nuevo "contrato social".

Rectores, vicerrectores y funcionarios de universidades latinoamericanas articuladas en torno de la Red de Macrouniversidades de América Latina y el Caribe sostuvieron ayer una reunión en la que expusieron la situación de gravedad y "presión" en la que se encuentra la universidad pública frente a políticas gubernamentales de corte "contraccionista" que han reducido "gradualmente" -y en algunos casos en forma "extrema"- los recursos provenientes del Estado.

En este sentido, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y presidente de la red, Juan Ramón de la Fuente, afirmó que hay una responsabilidad del Estado que "no está sujeta a las preferencias o matices del gobierno en turno". El financiamiento a la educación superior pública es un tema que no está resuelto, porque "no hay una política de Estado" ni compromisos establecidos "de manera puntual que den a las universidades mayor certidumbre", dijo.

Un principio que debe prevalecer en esa política de Estado es que "no puede haber barreras económicas que impidan el acceso de los estudiantes" a la universidad, añadió. El carácter público de dichas instituciones obliga a encontrar fórmulas para garantizar que el acceso no esté condicionado por factores económicos de los alumnos, "como tampoco pueden limitar este acceso factores ideológicos, técnicos o religiosos".

Por otro lado, manifestó que la reforma fiscal tendría "más viabilidad" si se estableciera a priori que los recursos serán canalizados a programas sociales, con lo cual la sociedad sabría de antemano en qué se utilizarán.

La rectora de la Universidad Nacional de Costa Rica, Sonia Martha Mora Escalante, advirtió que existe una "presión creciente sobre las universidades" que pone en "peligro" el financiamiento del Estado, por lo cual se puede alterar el buen desarrollo de la universidad pública.

El vicerrector académico de la Universidad Central de Venezuela, Ernesto González Enders, destacó la necesidad de encontrar las vías para salir adelante frente a una "serie de amenazas que se ciernen sobre la enseñanza pública".

El vicerrector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Gutiérrez Padilla, destacó que es necesario precisar "el tema de la gratuidad o no de la educación superior y, por lo tanto, si es un derecho consagrado". Si lo es, añadió, ese derecho obliga al Estado.

Desde hace más de 15 años existe una percepción de que el Estado "ha abandonado poco a poco a la universidad pública", sin que ello "esté a las claras". Pero en los hechos, el gobierno se ha desligado del compromiso social, apuntó.

Más tarde, el coordinador general regional de la red, Axel Didriksson, informó que los ejes del pronunciamiento que se pondrá a consideración de las 30 macrouniversidades que la conforman son: establecer una política de Estado en materia de financiamiento, ya que las instituciones no pueden estar sujetas a las políticas de los gobiernos en turno, reorientar la inversión pública, porque los recursos "son drenados" a otras partidas sin beneficio social, y garantizar el no decrecimiento del financiamiento "en forma pactada, un contrato social", dijo. Y por último, establecer un "frente común" latinoamericano para llevar a cabo acciones a escala regional. Señaló que la próxima reunión de la red se realizará en Santo Domingo en marzo de 2004.