Antonio Gershenson

ƑCuál reforma energética?

El plano ideológico de la cuestión energética se ha distanciado del plano de los hechos, y aunque las mentiras no son novedad, tampoco ha sido frecuente que se extiendan tanto, y por tanto tiempo, como ahora sucede.

Se habla de abrir la industria eléctrica a la inversión privada, cuando la casi totalidad de las nuevas plantas de generación son de propiedad privada, financiadas por empresas particulares, todas extranjeras y además con trato privilegiado, pues los riesgos propios de la inversión en generación de electricidad, como los cambios en el costo de combustible, en las tasas de interés y en el tipo de cambio, son absorbidos por el sector público nacional. Del costo de estos riesgos, ese sector público, y concretamente la Comisión Federal de Electricidad (CFE), traslada una parte a los consumidores nacionales y absorbe la otra.

Se habla de que la inversión privada llegue a sacar nuestro gas natural, cuando se han firmado contratos con empresas extranjeras para que lo hagan y está en proceso el concurso de zonas gaseras para darlas en concesión durante 20 años, con el nombre de contratos de servicios múltiples.

Funcionarios federales hablan de cambiar la Constitución sobre estos puntos, cuando el gobierno federal no ha enviado a las cámaras legislativas ninguna iniciativa al respecto para que se sepa exactamente de qué se trata. Hay una campaña publicitaria a gran escala en favor de algunos postulados ideológicos que nada tienen que ver con los verdaderos problemas de las industrias energéticas, y sin una propuesta específica al respecto en el ámbito en que se plantea el cambio: modificar la Constitución.

El dinero público se dilapida en propaganda del estilo de la que se usa para determinados productos comerciales, con la diferencia de que no se aclara si lo que quieren vender es Coca-Cola, hamburguesas o una pizza. Sólo queda implícito que no se trata de vender tacos o enchiladas.

Al mismo tiempo, en el Senado, que sí legisla, una mayoría de sus integrantes plantea una reforma de otro tipo, basada en la cogeneración de electricidad por Pemex y, obviamente, sin cambiar la Constitución. Hay que señalar que esta paraestatal ya tiene una capacidad de generación eléctrica importante, que no es utilizada sino parcialmente.

Una alianza de tecnócratas, panistas ignorantes de las cuestiones energéticas, pero que confían en los tecnócratas, y políticos sin principios que con tal de lograr alguna ventaja apoyan posiciones opuestas a las de su anterior discurso político, creen que gritando todos juntos con el amplificador de los medios de difusión pueden derrotar la más elemental aritmética: sólo se puede modificar la Constitución con una mayoría de dos terceras partes del Senado, dos tercios también de la Cámara de Diputados, y luego la ratificación de la mayoría de las legislaturas de los estados.

No sólo se trata de números y de votos. Estos procesos implican tiempo, y no tan poco como quisieran aquéllos, que ni siquiera han podido presentar lo propuesta de lo que se quiere modificar. Y el paso del tiempo implica el acercamiento del temible 2006, y el costo político de entregar los energéticos a empresas extranjeras.

Pero ahora no se trata sólo de 2006, que finalmente está a casi dos años y tres meses para iniciar. Se trata de una elección con semifinales, en las que se definirá quiénes son los que se van a enfrentar en 2006. Y las semifinales en los dos partidos de los cuales son miembros los participantes en la alianza, el PRI y en el PAN, aunque formalmente se van a definir en 2005, en los hechos ya empezaron. En especial en el caso del PRI su dirección tendrá el problema de que los perdedores en la semifinal, que si nos atenemos a las encuestas serían una mayoría que preferiría a otros, pero que está dividida entre esos otros, reconozcan el triunfo a quien oficialmente lo obtenga. Esto será más difícil si ese triunfador se estuvo retratando con funcionarios del gobierno y otro panistas, casi con un signo de devaluados dólares en cada ojo.

Trenzados en una pelea sin perspectivas, los funcionarios federales en cuestión y sus aliados difícilmente podrán resolver otros problemas durante el tiempo que esto dure. Más bien los dejarán acumular y los dejarán crecer. El único problema de todo esto es el daño que causa al país que se prolongue más tiempo esta parálisis, esta inmovilidad acompañada con un discurso ideológico sobre el cambio