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México D.F. Jueves 16 de octubre de 2003

Cuauhtémoc Cárdenas/ I

La eficacia del gobierno como imperativo de la legitimidad

La legitimidad primordial de un gobierno procede de la calidad de su origen. La legitimidad, dice Rodrigo Borja, "es la justificación ética del origen del poder, del ejercicio del mando político, de la procedencia y aplicación de la ley o de cualquier otro acto de la autoridad pública" y "se refiere a la credencial ética para mandar y ser obedecido".

La legitimidad la obtiene un gobierno si su origen corresponde a los mandatos de la ley y la preserva al dar cumplimiento a sus compromisos con la nación, con el Estado y con la población.

Por otra parte, la discusión estará siempre abierta respecto a si un gobierno o una representación que nace de la ilegitimidad puede legitimarse por la calidad y, en su caso, la aceptación que la población haga de su gestión. La experiencia enseña que un régimen ilegítimo puede reproducirse o puede crear las condiciones para ser sustituido por uno que nazca con legitimidad, pero la calidad de su gestión, cualquiera que ésta sea, no lo legitima, pues el origen, esto es, el pasado, es inalterable.

En referencia al México actual tenemos que hablar de legitimidad republicana y democrática, que empieza por obtenerla un gobierno o una representación si el titular de un mandato, que puede ser, entre otros, el del Poder Ejecutivo, que se designa por el voto universal, secreto y directo de los ciudadanos de acuerdo con nuestras normas legales, es producto de una elección conducida en todas sus fases según lo marca la propia ley, partiendo de que la ley misma debe tener como condición el ser legítima.

A lo largo de la historia de nuestro país se cuentan gobiernos que nacen de rebelarse contra regímenes que perdieron o nunca tuvieron legitimidad por haber infringido la ley o atropellado los derechos de la gente; gobiernos de origen ilegítimo que en esa condición se mantienen durante toda su permanencia en el poder; gobiernos con legitimidad de origen, que la pierden con su ejercicio del poder; y, desde luego, gobiernos con legitimidad por su origen, gestión y aceptación ciudadana.

No se trata aquí de hacer un recuento histórico de la calidad de nuestros gobiernos, y sólo para ilustrar puede decirse que en el primer caso cabe el primer imperio y el primer gobierno republicano, el gobierno surgido de la Revolución de Ayutla y los de la Revolución Mexicana, tanto el que se establece a la caída de la dictadura porfiriana, como el que surge con la Constitución de 1917.

En el segundo caso, el de gobiernos cuyo origen es ilegítimo, se cuentan los de Antonio López de Santa Anna, Victoriano Huerta y Carlos Salinas.

Entre los gobiernos que tienen un origen legítimo, que pierden la legitimidad en el curso de su gestión al no cumplir con los compromisos contraídos y menos aún con las expectativas públicas, veo, entre otros, al gobierno actual, el que encabeza Vicente Fox.

Este es un gobierno que ha carecido de eficacia para cumplir con los compromisos que el hoy titular del Ejecutivo contrajo durante su campaña electoral, y se presta el caso para tratar el tema que aquí se comenta: el de la eficacia de la gestión de gobierno como imperativo de la legitimidad y, al mismo tiempo, para hablar de las condiciones y necesidades de nuestro país.

Durante la campaña, el candidato Fox habló de resolver en conflicto de Chiapas en 15 minutos, de que el país tendría, con su solo arribo al poder, una reactivación de la economía desde el primer año de la administración, que llevaría a un crecimiento anual del producto interno bruto de 7 por ciento, que con un gobierno de empresarios se abrirían amplias oportunidades para la empresa nacional, que se crearían un millón 200 mil empleos por año, etcétera, etcétera.

Muchos creyeron en esos ofrecimientos y los tuvieron en mente al emitir su voto. La gente, cansada de la corrupción, las arbitrariedades y el autoritarismo característicos de los regímenes priístas del neoliberalismo, votó, en primer lugar, por la alternancia, por echar del poder al grupo que lo había venido detentando en las últimas administraciones, porque fuera otro el partido en el gobierno, porque se modificara la relación entre el Presidente de la República y su partido, dando fin al régimen de partido de Estado, y esto es lo que ya logró la alternancia, pero no fueron los únicos objetivos por los que votó la mayoría en julio de 2000.

El voto mayoritario, que fue respuesta a las múltiples promesas de Fox hechas a lo largo de la campaña, llevaba implícita la esperanza de que con el cambio de gobierno llegaría la solución al problema de Chiapas, el empleo formal y protegido socialmente, un mayor ingreso para las familias, el abatimiento de la pobreza, un crecimiento económico alto y sostenido, la obra pública, la recuperación del campo y de la empresa pequeña y mediana, la cancelación de la deuda ilegítima impuesta a miles de agricultores, la protección y el estímulo para los productores nacionales, el fin de las cúpulas sindicales corruptas aliadas con el gobierno y el corporativismo clientelar que han impuesto, una educación de más alta calidad, mayores apoyos a la educación superior y a la investigación científica, un combate efectivo contra la corrupción, el fin de la impunidad ante la ley y una justicia recta.

ƑPor qué no ha cumplido el gobierno actual y particularmente el Presidente de la República con los muchos ofrecimientos que hizo durante la campaña electoral?

La primera razón que encuentro es que no ha querido. No ha habido voluntad, ni capacidad de resistencia frente a las presiones de fuera y de dentro, ni valor para hacerlo, ya que para dar respuesta a esas promesas era indispensable un cambio profundo en las políticas públicas. Al seguirse aplicando las mismas políticas de las tres administraciones anteriores, los resultados han sido necesariamente similares a los de esas administraciones: empobrecimiento de la población, estancamiento de la economía, desventajas y pérdidas en los intercambios internacionales, etcétera, lo que se explica, además, a partir de que la prioridad y el compromiso que se ha fijado el gobierno es cumplir al pie de la letra con los dictados del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, surgidos del llamado Consenso de Washington.

El Ejecutivo no utiliza sus facultades para sacar al país de la situación de postración en la que se encuentra. Responsabiliza al Congreso de la parálisis que vive el país, achacándola a que no le aprueba las iniciativas que le remite. A este respecto habría que decir, por una parte, que de haberse aprobado iniciativas presidenciales como la fiscal, que pretendía imponer el IVA a alimentos y medicinas, o la eléctrica, que pretendía entregar el mercado de grandes consumidores, el más rentable, a intereses extranjeros, la situación estaría aún más grave; por la otra, que no ha habido voluntad ni capacidad del Ejecutivo para presentar iniciativas alternativas, en torno a las cuales pudieran darse acuerdos con diferentes fuerzas políticas.

ƑPor qué no poner en marcha un programa de obras públicas, con carácter de emergencia, para reactivar la economía? ƑPor qué no derivar recursos para recuperar las capacidades productivas del campo? ƑPor qué no utilizar los excedentes, no previstos en el presupuesto, obtenidos de los altos precios que ha tenido el petróleo que se exporta, para mejoramiento social o para reactivar economías regionales? ƑPor qué no lanzar programas de forestación, combate a la erosión, caminos rurales, mejoramiento de los sistemas de riego, todos ellos de uso intensivo de mano de obra? ƑPor qué no diseñar y desarrollar una política de industrialización? ƑPor qué no recuperar la banca de fomento? Este tipo de medidas no las instrumenta el gobierno porque no quiere, porque no se atreve a tomar la iniciativa y discutir, en función de las necesidades y conveniencias del país, una modificación a las condiciones que los organismos financieros internacionales han impuesto a sus políticas.

Por otro lado, el cansancio y la falta de iniciativa que muestra el titular del Ejecutivo en la conducción de los asuntos públicos tiene que ver también, a mi juicio, con el hecho de que él considera que está a punto de cumplir los compromisos que contrajo con quienes aseguraron, con sus apoyos políticos y económicos, que llegara a la Presidencia: la casi total transferencia de la banca nacional a manos extranjeras, que se da con la venta de Banamex a Citigroup, y la entrega a inversionistas del exterior de las áreas estratégicas de las industrias eléctrica y del petróleo, aunque las iniciativas o las ideas del Ejecutivo que al respecto se conocen, así como su propuesta de reforma hacendaria, son las mismas que enérgicamente rechazaron amplios sectores de la opinión pública y que no fueron aprobadas por el Poder Legislativo.

Pasemos ahora a ver cuál es hoy la situación del país, qué es lo que ha pasado después de la campaña, qué ha pasado con las promesas después de agotarse, sin realizaciones significativas, la mitad del periodo de gobierno. Empezaría por decir que la situación es grave y apremiante, pues no se están atendiendo ni los problemas de la gente, ni los de la producción, ni los internacionales, ni se conocen las propuestas oficiales para enfrentarlos y encaminar sus soluciones.

Hace algunos meses, la Secretaría de Desarrollo Social informaba de la existencia de 53 millones de personas en situación de pobreza, aunque estudiosos de este tema elevan esta cifra a 68 millones, y la tendencia sigue al alza. La pérdida de plazas de trabajo -Ƒun millón, millón y medio a lo largo de los últimos tres años (pues no se dan cifras oficiales)?- ha sido constante a lo largo de la administración y la creación de empleos se sitúa muy por debajo de la demanda. En consecuencia, la migración hacia Estados Unidos aumenta: medio millón de mexicanos cruza año con año la frontera para buscar cómo ganarse la vida, quedándose la gran mayoría de esos migrantes, desde hace dos décadas, a laborar y residir en el país del norte.

Ha transcurrido lo que va del sexenio sin crecimiento económico: una reducción de 0.3 por ciento respecto al PIB en 2001, en 2002 hubo un crecimiento mínimo que se estima en 0.9 por ciento, y la previsión para este año, que se situaba en 2.4, ha sido reducida por el Banco de México a 1.5 y por algunas firmas del medio financiero a no más de 1.2 por ciento.

Siguen sin encararse los problemas derivados de haber convertido deuda privada en deuda pública y de los fraudes que fueron a dar al Fobaproa-IPAB, que representan un pesado lastre para la economía del país -814 mil 996 millones de pesos, equivalentes a 72 mil millones de dólares, al 30 de junio del presente año- y se sigue brindando impunidad a quienes cometieron ilícitos con el manejo de esos recursos.

El gobierno ha hecho una ineficaz defensa de los productores y prestadores de servicios mexicanos en las controversias surgidas de la operación del TLCAN y se resiste, por otro lado, a plantear la revisión del acuerdo para tornarlo equitativo para todas las partes. Además, el gobierno mexicano se ha convertido en el peón de brega del gobierno estadunidense y en su seguidor activo en la promoción del proyecto de formación del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que no es más que el proyecto de consolidación de la hegemonía de Estados Unidos sobre las economías, y de hecho los destinos, de las naciones de Latinoamérica y el Caribe.

La paz inestable, que existe desde que se produjo el levantamiento en Chiapas y se suscribió un precario acuerdo de suspensión de las hostilidades entre el gobierno y el EZLN, se mantiene latente, sin que se vea voluntad de atender el problema y menos aún de resolverlo.

Frente a esta grave y compleja perspectiva, el gobierno actual ha respondido como lo hicieron en situaciones similares las administraciones priístas: ignorando los problemas de la gente y aplicando una política monetaria más restrictiva, cerrando el crédito y fijando tasas de interés que lo hacen prácticamente inaccesible, manteniendo la sobrevaluación del peso, con lo que se protege al productor extranjero en detrimento del nacional, y sin soltar el gasto público, ni en los sectores sociales ni para la obra de infraestructura.

En fin, del gobierno llegan discursos, el de la tarde contradiciendo al de la mañana, informaciones de gracejadas, frivolidades y tropiezos en la actividad presidencial cotidiana y en las giras y relaciones internacionales, la impunidad con la que se protege a los Amigos de Fox y se tapan otros delitos y crímenes, y en general, la instrumentación de políticas públicas que sólo representan la aplicación con más rigor de las mismas políticas neoliberales de las tres administraciones anteriores, precisamente contra las cuales se dio el voto mayoritario que llevó a la Presidencia a Vicente Fox.

Ahí están los problemas, que se agudizan y complican todos los días, pero no se resuelven. No hay propuestas a la sociedad, ni iniciativas legislativas, ni programas o acciones por parte del gobierno. Este es ya un reclamo que se generaliza y que constituye un elemento que da cuenta de la pérdida de confianza en, y de legitimidad de un régimen.

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