Alberto Escofet propone que el sector se financie con dinero de las Afore

Priístas y panistas defienden en foro la meta foxista de privatización energética

Un diputado perredista alerta sobre riesgos de entregar el patrimonio de los mexicanos

ANDREA BECERRIL

La decisión gubernamental para avanzar a toda costa en la reforma constitucional que permitiría la privatización del sector eléctrico quedó ayer de manifiesto durante un foro organizado por la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, (UMAI), donde el subsecretario de Energía, Nicéforo Guerrero, insistió en la urgencia de "brindar certidumbre jurídica a la inversión privada".

En el acto, tanto el funcionario como el ex director de Comisión Federal de Electricidad (CFE) Alberto Escofet Artigas; el gobernador de Hidalgo, Manuel Angel Núñez Soto, y el senador panista Juan José Rodríguez Pratts insistieron en que no se trata de privatizar el sector eléctrico, sólo de posibilitar que empresas privadas generen electricidad, mientras la CFE y Luz y Fuerza se encargan del "servicio público", es decir, de los consumidores domésticos.

En ese lenguaje, Escofet Artigas, quien es secretario de Energía de la UMAI, propuso que el sector energético se financie con fondos provenientes de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) -es decir de los fondos de pensiones de los trabajadores mexicanos- y de empresas de seguros y fianzas, pero previó una "reforma de consenso", donde se promueva la construcción de plantas generadoras con financiamiento privado, para que la electricidad producida sea adquirida por la CFE a precios competitivos.

El subsecretario Guerrero comentó en entrevista posterior que aplaude la propuesta de que CFE sea financiada con recursos de las Afore, ya que, precisó, "es una forma de canalizar crédito para la inversión en líneas de transmisión de electricidad".

Y es que la "nueva propuesta" de reforma eléctrica de Fox -la que dio a conocer a la cúpula priísta el secretario de Energía, Felipe Calderón, el pasado lunes- plantea que el Estado sólo se quede como "rector base en la administración de líneas de transmisión, distribución y despacho eléctrico", toda vez que en la generación, transmisión y distribución, podrá participar el capital privado, según detalló ayer Guerrero.

El funcionario sostuvo que el proyecto de reforma constitucional que se dio a conocer a los priístas, "sin alterar el espíritu de la carta magna, garantiza la prestación del servicio público" y "brinda certidumbre a la inversión privada", toda vez que la resolución de la Suprema Corte de Justicia del año pasado, la que determinó en favor del Congreso la controversia impulsada por el senador Manuel Bartlett -y frenó una reforma ilegal del presidente Vicente Fox para la apertura total al capital foráneo en electricidad- "afectó la certidumbre jurídica para las inversiones en proyectos de producción independiente".

Otro de los personajes que se ha sumado a la campaña del gobierno federal para lograr las reformas a los artículos 27 y 28 constitucionales, el gobernador de Hidalgo, Manuel Angel Nuñez, abonó también a la estrategia gubernamental de insistir en que no se trata de privatizar, sólo establecer el mercado eléctrico para que las trasnacionales puedan entrar en el negocio de la electricidad.

"El sector eléctrico, para ser viable, a mi juicio requiere de reformas constitucionales puntuales que permitan el acceso y den garantía a los inversionistas privados, a un espacio que deberá seguir bajo la conducción pública."

Pero. aclaró el gobernador hidalguense, "la rectoría del Estado no tiene necesariamente que ser exclusividad del Estado". Repitió las cifras que Fox ha esgrimido para argumentar la urgencia de privatizar la electricidad, entre ellas que el sector eléctrico requerirá inversiones por 58 mil millones de dólares en los próximos años o se desplomará. Son cifras que los senadores de su partido han desmentido, pero él las siguió repitiendo ayer.

El otro gobernador del PRI que impulsa la privatización eléctrica, el coahuilense Enrique Martínez, no pudo asistir, pero envió a un representante para que hablara también de la necesidad "impostergable" de la reforma eléctrica propuesta por Fox.

Uno más de los panegiristas de la entrega del sector eléctrico al capital trasnacional, el senador del PAN Juan José Rodríguez Prats, insistió en que se requiere dar certidumbre jurídica a los inversionistas para que coloquen sus capitales en el sector eléctrico. "No tiene ninguna lógica que la electricidad sea propiedad del Estado".

No tiene lógica, insistió, que la Constitución diga que el Estado mantiene la rectoría sobre el petróleo, la electricidad o el correo, porque entonces hay 6 mil empresas postales inconstitucionales y muchas empresas eléctricas, ya que 30 por ciento de la generación eléctrica está ya en manos de particulares.

El senador perredista Demetrio Sodi de la Tijera, también ponente en ese foro, aclaró que "no hay ninguna prisa" por sacar la reforma eléctrica, ya que es más urgente la fiscal. Planteó, sin embargo, la posibilidad de que el Congreso apruebe una modificación para permitir hasta en 30 por ciento la inversión privada en la generación eléctrica, y dar un plazo de cinco años, por ejemplo, para revisar cómo opera ese esquema.

De las poquísimas voces discordantes en ese foro de la UMAI fue la del diputado perredista Francisco Carrillo, quien alertó sobre los riesgos de entregar a consorcios privados, mayoritariamente extranjeros, un patrimonio de los mexicanos, como es la electricidad. Fue el último ponente.