Hasta ahora la PGR indaga sólo la conducta personal de los médicos, dice abogado

Sugieren investigar la responsabilidad del ISSSTE en la muerte de los 9 bebés

Los padres afectados podrían obtener reparación del daño moral que les causó la institución

ANGELES CRUZ

En la investigación penal que desarrolla la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la muerte de nueve recién nacidos en el Hospital Regional Primero de Octubre del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), únicamente se analiza la conducta personal de los médicos, no así la responsabilidad que en esos hechos pudo haber tenido la institución, aseguró el abogado Pedro Morales.

El especialista en litigios relacionados con la salud explicó que los padres de familia afectados debieran iniciar un juicio civil para deslindar la responsabilidad del organismo descentralizado que dirige Benjamín González Roaro, e incluso obtener la reparación del daño moral a que tienen derecho.

Comentó que los expedientes clínicos de los menores y del comité de infecciones nosocomiales son los elementos principales con que cuenta la autoridad judicial para acreditar o no la responsabilidad legal de los médicos y de los encargados de la vigilancia epidemiológica, quienes también tendrían que ser citados a comparecer.

Respecto a las historias clínicas, Morales mencionó que serán de utilidad para la autoridad judicial siempre que contengan la información relativa a la infección por Pseudomona aeruginosa que ocasionó la muerte de los bebés internados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Primero de Octubre. Deberá acreditarse el origen de la bacteria, así como el adecuado funcionamiento del comité de infecciones hospitalarias para controlar estos problemas en cualquier área del nosocomio.

Jetsamín Gutiérrez Muñoz, infectóloga pediatra del hospital del ISSSTE, afirmó que el comité señalado existe desde hace por lo menos 10 años. Lo preside el director del hospital, Carlos Soberanes, y en su ausencia, el subdirector médico, René Vera Treviño.

Indicó que los integrantes del organismo sesionan una vez al mes para tratar los asuntos relacionados con la vigilancia y el control de infecciones. Según Gutiérrez Muñoz con este trabajo se detecta oportunamente cualquier problema, se resuelve y se formulan recomendaciones.

El abogado Morales opinó que las autoridades del hospital tendrían que presentar constancia de ello para comprobar la veracidad de su dicho. Sobre el aporte de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) a la investigación judicial, el litigante opinó que una recomendación u opinión técnica son insuficientes, porque en el ámbito legal se requieren pruebas periciales de un médico especialista acreditado. Los documentos elaborados por la Conamed carecen de esta cualidad, apuntó.

Al abundar sobre el procedimiento legal que desarrolla la PGR, Morales explicó que el Ministerio Público tomará en cuenta las declaraciones de los padres de familia, recabará todas las pruebas y solicitará la opinión de peritos. Sin embargo, dijo, tradicionalmente estos últimos son médicos forenses sin ninguna experiencia en infecciones nosocomiales.

Consideró que los médicos involucrados en el caso podrían ser responsabilizados de los decesos de los recién nacidos siempre que el Ministerio Público acredite una conducta indebida por haber hecho algo mal, o incluso por no haber llevado a cabo alguna práctica clínica que pudiese haber mejorado la salud de los neonatos.

No obstante, admitió, la literatura médica afirma que la Pseudomona aeruginosa es muy agresiva, pues una vez que ingresa en el torrente sanguíneo es muy difícil de erradicar. Habría que ver, entonces, con base en los expedientes, si en el caso del Primero de Octubre, se detectó de manera oportuna y si se tomaron las medidas adecuadas para eliminarla.

Señaló que en cualquier caso corresponde al ISSSTE la reparación del daño. Hasta ahora sólo ha entregado a los padres de familia una indemnización por la muerte de sus hijos. Falta el pago por el daño moral sufrido, aun cuando un juez penal o civil determinó que no hubo culpa de los médicos ni de la institución en los hechos, enfatizó.