Laura Alicia Garza Galindo

La impunidad en el futuro

Sí, tiene razón: las cosas en el Poder Legislativo avanzan despacio. En cambio, en el Poder Ejecutivo se desempeñan veloces. Es muy simple: en las cámaras legislativas es menester consensuar, negociar entre muchos actores, y no todos pensamos igual, menos aún en esto de las privatizaciones energéticas; y, en efecto, hay decenas de asuntos que no se pueden descuidar, nos corresponde cuidar muchos flancos, todos abiertos al mismo tiempo, lo cual de ninguna manera es casual: es una estrategia fina, delicadamente elaborada, con el propósito de entretenernos, distraernos.

Pero a usted y a mí, y a muchos más preocupa, en verdad, el galopante frenesí con el que la Federación actúa, lo que en riquezas cede. Todas y cada una en detrimento del bienestar no sólo de los que hoy vivimos en este México incierto, sino pensando en sus hijos, en sus nietos y, seguro, en sus bisnietos. Quienes usufructúan el poder no tienen que preocuparse, por las propias riquezas que acumulan, ni por ellos ni por su descendencia quizá en lo que reste de este siglo recién iniciado. Actúan y proyectan su inmensa impunidad hacia el futuro. Aquí, como dice Creel, no hay cholitos ni Evos Morales... Bolivia está lejos. Y como me decía un gran amigo bromeando cuando le señalé la impunidad de quienes hoy usufructúan el poder público: "seguramente mis nietos comprarán gas boliviano en el sur de Texas." Pero que ahí está el futuro amenazante para la mayoría, ahí está, mientras a otros no preocupa: ellos, sus hijos, nietos y bisnietos vivirán muy bien. Sólo importa acumular.

Pero vamos a lo nuestro, a los eliminados contratos de riesgo de hace 50 años, que ya pagaron nuestros antecesores, y analicemos los mitos con los que Pemex se cobija para lograr asentar el saqueo que realizarán con flagrante impunidad unos pocos por la vía de lo nuevo: los CSM, a partir de los cuales la Federación ha construido varios mitos para entrar por la cuenca de Burgos al Golfo de México, que es el bocado apetitoso.

Mito I: "No tenemos financiamiento"

El contrato de servicios múltiples (CSM) otorgado por Pemex a la empresa trasnacional española Repsol -sí, la que saqueó a Argentina y en parte a Bolivia-, tiene un costo de 2 mil 400 millones de dólares, según afirma Pemex. Pero, según los expertos, esto es falso en virtud de que a nuestra empresa le conviene inflar las cifras para alimentar este mito y justificar esta plena violación a la Constitución y al estado de derecho, al tiempo que se sacrifica el presupuesto nacional, y en especial el gasto social que demandan con urgencia los más de 60 millones de mexicanos que viven en condiciones de seria precariedad.

Quienes conocen a fondo estos esquemas -sí, nuestros gratuitos asesores-, los 2 mil 400 millones de dólares son inversiones acumuladas. En realidad lo que se requiere para inversiones directas será un monto de no más de 200 millones de dólares. Repsol, para hacer este sucio trabajo como otros que ha realizado, requerirá comprar de dos a tres equipos de perforación -y eso suponiendo que Pemex no se los preste-, más algo de equipo para procesar el gas y conectarlo a las instalaciones que ya posee Pemex. Y en cada pozo que trabajen, claro que encontrarán gas. Las reservas ya están comprobadas en los territorios -o bloques- de la cuenca de Burgos, licitadas y en proceso de licitación. Porque Pemex ya gastó en realizar la exploración sismológica, lo que garantiza que existe gas en los pozos a explotarse. Así que Repsol sólo tendrá la inmensa tarea de conectarse al pozo. Y los CSM, también conocidos como los viejos contratos de riesgo, prohibidos expresamente por la Constitución, les generarán ganancias a 20 años y la inmediata recuperación de sus inversiones: 200 millones de dólares en supuestas inversiones, más los 2 mil 400 millones de dólares que dicen que cuestan, más las ganancias -50 por ciento- del gas de cada pozo, mientras haya gas en él.

Para cerrar con broche de oro y al menos poner en tela de juicio las declaraciones de quienes ayudando a los foxistas afirman que en efecto no hay actualmente financiamiento, sólo es cuestión de recordar que la explotación de hidrocarburos es el mejor negocio del mundo. Y que nada más este año Pemex entregará al gobierno 400 mil millones de pesos sólo en impuestos, por la vía de la Ley de Ingresos; y a esto habrá que agregar el uso del techo de deuda de la empresa, más la contratación de certificados de depósitos, por 20 mil millones de pesos, avalados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Según informan los medios, la colocación será durante los próximos 10 años, pero para finales de este 2003 se habrán colocado 6 mil millones de pesos en el mercado nacional, en donde se comprarán dichos certificados como pan caliente -eso sí, pan del bueno-, dado que Pemex es una empresa de clase mundial, que sola y con sólo una parte de sus recursos podría financiarse. Por ello es que desde la Cámara de Senadores se impulsa una iniciativa de ley para conceder, por lo pronto, autonomía de gestión y autonomía financiera a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Y lo mismo procederá en el corto plazo para Pemex. Y, por último, vale destacar que los bancos "nacionales" son en buena parte propietarios de las empresas que impulsan la privatización energética de Pemex y CFE.

Mito II: "Se mantendrá la rectoría del Estado"

En los hechos, al violar la Constitución, se modifica de facto el marco legal y la responsabilidad de Pemex para justificar la apertura a la participación extranjera en la extracción de gas no asociado, afirmando, sin embargo, que se mantendrá en forma rigurosa la rectoría del Estado. Hasta este momento, Pemex ha trabajado con contratos a precios unitarios, con los que define los trabajos a ejecutar y los volúmenes de obra. Es Pemex el que está obligado a contratar, operar y decidir, y también a firmar los 30 o más contratos de obra a ser ejecutados. Es, pues, Pemex quien ejerce la rectoría del Estado.

Con los CSM se permitirá al contratista determinar todo: dónde, cómo y cuántos pozos hay que perforar en cada uno de los siete bloques de la cuenca de Burgos. Y será Repsol quien firme los 30 o más contratos que se requieran. Su obligación consistirá en someter a consideración de Pemex el programa, y éste lo aprobará. Pemex cede en los hechos la rectoría del Estado a una o más empresas extranjeras. En el muy remoto caso de no ponerse de acuerdo, se someterán las dos partes a un perito y después irán a tribunales. La pérdida de dominio, autoridad y control de Pemex en los CSM es evidente.

Es lógico que el contratista hará un programa con el mayor volumen de obra posible, cuidando sólo que la cantidad de gas obtenida sea suficiente para pagar a Pemex. No buscará que las obras sean las más productivas, ya que en esto no tiene ganancia alguna. Además, como el contratista también hará los estudios de geología, geofísica, yacimientos, etcétera, le será sencillo mostrar a Pemex sólo los resultados que le convienen. El contratista cuidará maximizar sus utilidades y no los intereses de Pemex -en este caso de la nación, por ser una empresa pública- y Pemex "ingenuamente" establece un contrato que limita su poder de decisión, de autoridad y de experiencia. Es evidente, por lo tanto, que sólo se simula la rectoría del Estado.

ƑPor qué sucede esto tan grave para el país? Primero, por los compromisos de este gobierno con los extranjeros; después porque a Pemex y a sus servidores públicos les tiembla la mano cada vez que tienen que firmar 30 o más contratos, que debería subcontratar. Es más fácil, aunque se viole la Constitución, firmar por lo pronto sólo un contrato: el de Repsol. Lástima que no les tiemble la mano para recibir sus abultados salarios y traicionar al país.

Precisamente estos procedimientos de simulación son los que el gobierno federal intentó legalizar a través de la Ley de Obra Pública y Adquisiciones, que no se aprobará en el Senado. Y dado el interés de los contratistas y proveedores del gobierno federal, se ha realizado una amplia consulta con una serie de colegios y diversas organizaciones interesadas para revisar la legislación vigente, la reforma que pronto, asumo, se hará a la citada ley en el año 2000.