Listo, paquete de reformas sobre derechos humanos

Se analiza en Gobernación iniciativa para que sea abolida la pena de muerte

ALONSO URRUTIA

El gobierno federal tiene prácticamente listo un paquete de reformas constitucionales en materia de derechos humanos que incluye, entre otros aspectos, la posibilidad de que las comisiones nacional y estatales puedan promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes aprobadas por el Congreso de la Unión, que pudieran ser lesivas a las garantías individuales.

La iniciativa, que se trabaja en la Secretaría de Gobernación, incluye la abolición definitiva de la pena de muerte, mediante la inclusión expresa dentro del conjunto de penas prohibidas por la Constitución. Esta modificación deberá acompañarse de cambios en el código militar para suprimirla en el Ejército.

El paquete de reformas constitucionales -que parte de la incorporación en la Carta Magna del concepto de los derechos humanos y la obligatoriedad gubernamental de salvaguardarlos- se complementa con la ampliación de facultades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que podrá ahora conocer de violaciones cometidas en los ámbitos laboral y electoral. En este último rubro implica el reforzamiento de las posibilidades de los militantes partidistas para resarcir la violación de sus derechos por las dirigencias.

Sobre los alcances de la reforma integral que prepara el Ejecutivo federal, el jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Sepúlveda, sostuvo que la iniciativa ''no pretende ser una derogación del capítulo primero de la Constitución, sino un reforzamiento de todas las instituciones de defensa y promoción de los derechos humanos''.

Precisó que en los albores de los trabajos había quienes planteaban una reformulación completa del capítulo primero de la Constitución, lo cual fue descartado ''porque consideramos que hay muchas garantías individuales que están ya muy consolidadas y no hay razón para ponerlas a discusión''. También se descartaron pequeños cambios en algunos aspectos, pues lo que se pretende es impulsar una reforma estructural.

La iniciativa parte de subsanar la omisión que existe en este primer artículo del concepto de derechos humanos, incluyéndolos expresamente en la Constitución. Con ello, subrayó, ''se le da mucho mayor valor a todos los tratados internacionales que ha acordado nuestro país, pues estamos convencidos de que si bien se ha avanzado mucho a nivel externo, la principal batalla debe ser en lo interno''. Para Sepúlveda, la abolición de la pena de muerte es un ''asunto emblemático'', pues constitucionalmente está prevista. Las modificaciones al artículo 22 constitucional implicarían incluirla dentro de las sanciones prohibidas.

En el ámbito exterior, el funcionario destacó que se incluirá como parte de las ''orientaciones constitucionales'' la prioridad de los derechos humanos en la política exterior mexicana, pues se hará explícita en la Carta Magna, como se hará también la inclusión en la educación de los derechos humanos.

Uno de los cambios sustanciales que pretende incorporarse a la legislación es la ampliación de las facultades de la CNDH, a fin de que pueda promover acciones de inconstitucionalidad frente a leyes o tratados que pudieran vulnerar los derechos humanos. Hasta ahora, solamente tenía atribuciones frente a acciones administrativas y ahora podrá actuar frente a actos legislativos, lo mismo que lo podrán hacer las comisiones estatales ante leyes locales.

Explicó que se pretenden cambios constitucionales que permitan homogeneizar las condiciones de funcionamiento de las comisiones estatales en la forma de nombrar al presidente, la autonomía presupuestal y de gestión.