PAN y PRI aprobarían inhabilitación de 4 magistrados y 9 ex integrantes del Poder Judicial

El Congreso de Baja California se erige en jurado de sentencia

Acusan a los togados de nombrar y pagar de manera irregular a dos jueces

JORGE ALBERTO CORNEJO CORRESPONSAL

Tijuana, BC, 26 de octubre. En un hecho inédito en la vida legislativa de Baja California, el pleno del Congreso local se constituyó esta noche en jurado de sentencia por mayoría calificada, con 17 de los 20 votos posibles en la sesión convocada exclusivamente para tal efecto, dentro del juicio político que se sigue en contra de cuatro magistrados y nueve ex magistrados del Poder Judicial del estado.

Los diputados del PRI y PAN votaron en favor de la medida y además confirmarían -según diputados que pidieron no ser identificados- el dictamen y recomendación de la comisión instructora, que encontró a los anteriores y actuales integrantes del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) culpables de designar a dos jueces fuera del procedimiento constitucional local y pagarles indebidamente.

En contra del procedimiento y a favor de los magistrados estuvieron sólo los miembros del autodenominado G3, integrado por el diputado perredista Jesús Alejandro Ruiz Uribe, la ex panista y ahora independiente Laura Sánchez Medrano, y la legisladora del sol azteca Rosalía Martín Navarro, que renunció al PVEM.

La sesión del Congreso, programada para las 16 horas de este domingo, se inició con aproximadamente dos horas de retraso y con un acuerdo entre los diputados del PRI y el PAN, en cuanto a confirmar la recomendación de la comisión instructora de inhabilitar ocho años a cada uno de los inculpados, y remover de sus cargos a los cuatro que se encuentran en funciones.

Durante la sesión, que se estimó se prolongaría hasta la madrugada del lunes, se dio lectura al resolutivo de la Comisión Instructora, documento con más de 300 fojas que el presidente del citado organismo, el panista Raúl Felipe Luévano Ruiz, ratificó ante sus compañeros legisladores actuantes como jurado.

El presidente de la mesa directiva del Poder Legislativo, Leopoldo Morán Díaz, informó, luego de escuchar en el pleno las conclusiones de la comisión instructora, además de los alegatos de la parte acusadora y de los acusados, que el pleno del legislativo determinó que había lugar a la imputación hecha por el órgano de acusación contra los inculpados.

El juicio político contra los magistrados se instruyó desde 2002, a partir de una denuncia que presentó el consejero de la Judicatura Eleazar Verástegui Galicia, por diversas presuntas irregularidades determinadas en el desempeño de los magistrados, que según la parte acusadora, perjudicaron a la economía del mismo Poder Judicial.

Las acusaciones contra los funcionarios del TSJE establecen que los inculpados incurrieron en conducta impropia al designar a los jueces Adrián Humberto Murillo y María del Rosario Plascencia en Tijuana y Tecate, respectivamente.

Asimismo, el dictamen los encuentra culpables de caer en omisión grave al erogar y pagar indebidamente 786 mil 535 pesos, explicó el diputado Raúl Felipe Luévano Ruiz, presidente de la comisión instructora que los encontró no culpables de una tercera acusación, relativa a presuntas irregularidades en el proceso para la ratificación de una juez.

Los juristas en funciones implicados son Sergio Peñuelas Romo, Emilio Castellanos Luján, Marco Antonio López Magaña y Víctor Manuel Vázquez Fernández, recién reinstalado por disposición de tribunales federales.

Los ex magistrados sometidos a juicio político son María Esther Rentería Ibarra, José Luis Cebreros Samaniego, Félix Herrera Esquivel, Olimpia Angeles Chacón, Jesús Espinoza Orozco, Jaime Rico Jiménez, Oscar Valenzuela Avila, Marco Antonio Jiménez Carrillo y Raúl González Arias.

Anoche, el Poder Legislativo informó que se aplazó para el próximo 3 de noviembre la comparecencia del gobernador Eugenio Elorduy Walther, cuya presencia estaba programada para este día.