Presentan expertos a ONG panorama encargado por la ONU sobre los derechos humanos

Padecen violencia familiar 10 millones de mexicanas cada día

Los crímenes en Juárez, caso extremo de ausencia del Estado en varios niveles, señala el diagnostico

VICTOR BALLINAS

Diariamente 10 millones de mujeres padecen algún tipo de violencia familiar en México. Tan sólo en el último año dos de cada 10 padecieron agresiones por su pareja, y los costos por la atención médica que esto genera equivale a 1.5 por ciento del producto interno bruto (PIB) -casi 92 mil 292 millones de pesos al año-, indica el borrador del Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, elaborado para la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

El documento -que hoy analizarán los organismos civiles y de derechos humanos con los expertos que lo elaboraron- resalta que el maltrato infantil también requiere mayor atención, y precisa que en 2000 el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) reportó 28 mil 559 casos de menores maltratados. Sólo en el Distrito Federal en 2002 se registraron mil 400 casos, un promedio de cuatro al día.

La violencia intrafamiliar crece, apunta el borrador del informe citado, y ejemplifica: "no existen cifras exactas sobre la discriminación y la violencia hacia los adultos mayores, pero según el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), en 2002 se presentaron 18 mil denuncias por violación de los derechos de adultos mayores ante el Ministerio Público en el país".

Prosigue el borrador: "México es considerado en el mundo uno de los principales países donde se practican la pornografía, la prostitución infantil y el tráfico de menores, teniendo como principal destino Estados Unidos".

Se informa que en el país existen entre 4 mil y 60 mil desplazados -personas forzadas a huir de su lugar de residencia habitual, debido a conflictos armados, situaciones de violencia generalizada, violaciones de derechos humanos, conflictos religiosos, tráfico de drogas, conflicto de tierras- que deben atenderse.

Los jornaleros agrícolas, dice, "son un problema enorme que no recibe atención suficiente del gobierno y de la sociedad, pues son 3.4 millones que se desplazan de sus comunidades para levantar cosechas en distintos estados, y se enfrentan a redes de explotación de enganchadores y contratistas".

El informe, que hoy será analizado por los expertos que lo elaboraron para la sección México del OACNUDH -Clara Judsiman, Miguel Sarre, Sergio Aguayo e Isidoro H. Cisneros- con organizaciones civiles y de derechos humanos, para que se incorporen observaciones y propuestas, subraya que en el campo de los derechos humanos hay avances y retrocesos. En el ámbito femenino se observan retrocesos en logros que ya se tenían en décadas pasadas.

Los retrocesos, apunta, se observan en los niveles de compromiso político real con los derechos femeninos por los gobiernos locales y funcionarios del gobierno federal. Algunas de las problemáticas actuales se refieren a expresiones profundamente violatorias de sus garantías a partir de la violencia sistémica de género, en la que el indignante caso paradigmático de los asesinatos y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez, y ahora en Chihuahua, es un símbolo.

Subraya que en la procuración y administración de justicia continúa la impunidad, la tortura persiste como método de investigación, las policías son corruptas y las procuradurías de justicia, "además de corruptas, son ineficientes".

Se refiere que el presidente Vicente Fox aumentó la participación de los mandos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada en las políticas de seguridad pública. Se denuncia en el documento que las políticas de los grupos de coordinación interinstitucional de los estados de la República, impulsados por el gobierno foxista, han originado denuncias de desapariciones forzadas, torturas, detenciones ilegales y ejecuciones extrajudiciales en Guerrero y Oaxaca, desde el surgimiento del Ejército Popular Revolucionario en junio de 1996.

Los expertos proponen reformas legislativas, como la exclusión de los miembros de las fuerzas armadas de las tareas de investigación y persecución de delitos relacionados con el narcotráfico y de la lucha contrainsurgente; que se rediseñe el Sistema Nacional de Seguridad Pública para no involucrar a las fuerzas armadas de tareas de procuración de justicia, y proponen que se designe procurador general de la República a un civil y establecer un programa para sustituir progresivamente el personal militar y naval en la PGR.

En en el capítulo de grupos en situación de discriminación se analizan los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez como símbolo de impunidad, discriminación, desprecio y negligencia gubernamental.

De 1993 a 2003, refiere, un número aún no determinado de mujeres pobres fueron sometidas a abusos sexuales antes, durante y después de ser asesinadas por estrangulamiento, puñaladas o golpes. Algunas "fueron mutiladas: les arrancaron los ojos, pezones u orejas con una saña cargada de odio y desprecio".

Los familiares de las víctimas, junto con organismos civiles locales y extranjeros, exigieron respeto y solución del problema. "Obtuvieron el reconocimiento pero la acción gubernamental fue a todas luces insuficiente. Desde 1998 la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación en la que concluyó que las autoridades estatales y municipales enfrentaron el caso con 'ausencia de interés y vocación', 'omisión culposa', 'menosprecio sexista' y, en suma, 'dieron muestra de incapacidad para contener la problemática que sufre la región."

En 1999 la relatora especial de la ONU, Asma Jahangir, aseguró que "la conducta arrogante de algunos funcionarios públicos y su manifiesta indiferencia ante estos delitos permitía concluir que muchos de ellos fueron deliberadamente pasados por alto".

Los expertos apuntan que, desde una perspectiva más amplia, los crímenes de mujeres en Ciudad Juárez son un caso extremo de la situación vivida por millones de mexicanos y mexicanas discriminados, a los cuales se les violan derechos básicos.

El de Ciudad Juárez, resalta el documento, es un caso extremo de ausencia del Estado en diversos niveles y áreas, de los efectos negativos del modelo económico, de la descomposición del tejido social y de los efectos de la vecindad con Estados Unidos y de un cambio en la naturaleza de la frontera.

En 2001, 55.7 por ciento de los niños nacidos en Ciudad Juárez fueron registrados como hijos de madres solteras, porcentaje muy superior al promedio nacional.

La atención que ha recibido el caso viene de la lucha de los familiares de las víctimas y de los organismos civiles que los han apoyado, señala el documento. Con sus testimonios, su información y sus manifestaciones -agrega- hicieron imposible la indiferencia y el silencio.

Esos testimonios refrendan y documentan la crítica a los informes citados sobre lo hecho y lo que se ha dejado de hacer por las autoridades: indiferencia, ineficacia y desorganización explicable, al menos en parte, por un menosprecio clasista hacia las víctimas, cuya moralidad pusieron constantemente en duda.

En el borrador se insiste en que los familiares de las víctimas desconfían de los resultados.

Los familiares de mujeres y niñas asesinadas "están convencidos de que los ignoran y maltratan porque ellos y sus muertas son pobres: ninguna de las asesinadas tenía coche y sólo una era profesionista. En uno de los encuentros con los familiares, una madre hizo la pregunta más pertinente y terrible: ƑCuándo se ha perdido la hija de un judicial o de un rico? Ella misma se respondió: 'šnunca!' Luego recordó que cuando desapareció en 2001 la hija de un rico comerciante, a las pocas horas llegaron el Ejército y la policía y rápidamente localizaron a la joven que, agobiada por una depresión, se había refugiado en un hotel".

Hasta 2003 el gobierno federal estuvo fuera de la investigación, invocando falta de competencia. Esto es, en los primeros nueve años, el Estado se excluyó por decisión propia, pues lo hicieron a un lado, o porque no pudo.

En 2003 la situación hizo crisis. En México y en el extranjero las críticas aumentaron a niveles sin precedentes, lo que aceleró un cambio de actitud en el gobierno federal. Finalmente halló la forma de intervenir, cuando en marzo de 2003 la delegación de la PGR en Juárez recibió un anónimo con información que colocaba algunos crímenes dentro de la competencia federal. La PGR atrajo 14 casos.

Los autores del documento apuntan que en el trasfondo hay algo más complejo: las autoridades se resisten a reconocer que han hecho un mal trabajo, porque sus capacidades técnicas son limitadas y porque buena parte de su personal sigue instalado en el pasado: menosprecia a mujeres y marginados; hay indicios de complicidades con delincuentes y de intentos por cubrir a posibles implicados.